La causa Malvinas

por Mariano Rovatti

Un grupo de intelectuales acaba de dar a conocer un documento sobre la cuestión Malvinas, sugiriendo que se incluya a los actuales habitantes de las islas como “sujetos de Derecho”, invocando el principio de autodeterminación de los pueblos y la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, que ordena respetar su “modo de vida”. Además, relativiza la importancia de la causa e insta a evitar una “agitación nacionalista”.

Entiendo que esta postura carece de claridad en cuanto a la defensa de los derechos soberanos de nuestro país sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, pasando por alto la condición de potencia usurpadora del Reino Unido de la Gran Bretaña, hecho que se mantiene desde el 1833, en que invadió el archipiélago, ocupándolo por la fuerza. (para leer el documento completo, cliquear en el título)

Tampoco destaca la decisión de la Organización de las Naciones Unidas de 1965, que incluyó a las Malvinas dentro de las incumbencias del Comité de Descolonización, ordenando a Gran Bretaña a iniciar negociaciones por la soberanía con la República Argentina.

El documento coincide con la postura británica en la consideración de los habitantes de las islas como parte legítima en el conflicto, como si fueran “terceros”. En realidad, tras la guerra del Atlántico Sur, Gran Bretaña les dio a los malvinenses el mismo status que a los ciudadanos de la metrópoli, dejando su condición de kelpers o ciudadanos de segunda, por lo que mal pueden ser tratados como terceros, ya que para la Corona son tan británicos como los londinenses. Además, ése y no otro es el deseo de los habitantes de las islas.

Durante el gobierno de Carlos Menem, su canciller Guido Di Tella, ensayó una política de seducción a los habitantes de las islas, que incluyó métodos poco convencionales en la diplomacia. El resultado fue el total rechazo de los mismos a cualquier intento de aproximación argentina.

Quizás, aunque no lo menciona explícitamente, el documento sugiera que podría convenir a los intereses argentinos una eventual formación de un estado “independiente” en las islas. Si la Argentina fomentara esa posibilidad, comenzaría a abdicar para siempre de sus derechos soberanos sobre las islas.

El documento también condena la “aventura militar” de 1982. Está fuera de discusión que fue una decisión de una cruel dictadura, que había asaltado el poder en 1976, y se hallaba en un momento de franca decadencia.

Es tan cierto que el 2 de abril de 1982 representó –a la vez- tanto un acto de dignidad nacional, como un demencial desafío al orden internacional.

El desembarco no constituyó una “invasión” sino que fue una acción soberana de la nación argentina sobre territorios que reinvindica como propios.

Pero los hechos posteriores marcaron una notable incompetencia diplomática. Un día después del 2 de abril, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través de la resolución 502, ordenó el retiro de tropas. Detrás de ello, toda Europa occidental se unió en sanciones económicas y militares contra la Argentina. Gran Bretaña decretó la zona de exclusión y Estados Unidos ofreció un gobierno tripartito en las islas, propuesta rechazada por el gobierno argentino. Tras ello, como era lógico, los norteamericanos se unieron a sus aliados ingleses.

Luego, con la guerra ya en marcha, se rechazó también la propuesta de Javier Pérez de Cuellar, Secretario General de la ONU, que exigía el retiro de tropas de ambos países e imponía una administración neutral en manos de dicho organismo internacional.

La Argentina quedó sola y Gran Bretaña triunfó en la guerra, con un gran costo de vidas humanas y pérdidas materiales para ambos bandos. La victoria le significó a Margaret Thatcher, quien se hallaba en un momento de debilidad, un relanzamiento de su liderazgo político que se extendió por más de una década.

La Argentina no debe renunciar por ningún motivo a sus derechos soberanos, por más que fácticamente hoy parezca imposible su materialización. En la historia reciente, la caída del Muro de Berlín, la desmembración soviética o la devolución de Hong Kong, también parecían imposibles en los hechos.

Nuestro país debe elaborar una política de Estado para la recuperación de las Islas Malvinas. Personalmente, no adhiero al actual gobierno argentino, pero creo que esta causa nacional implica una obligación conjunta del gobierno y de la oposición, por lo que es requisito la grandeza de ambos.

En cada foro internacional, deberá plantear el tema, convocando a sus aliados sudamericanos, en especial Brasil, a sumarse al reclamo, ya que también hace a la defensa de sus propios intereses geopolíticos.

Sólo si la Argentina recupera su rol de protagonista en el concierto de las naciones, a través de años de políticas coherentes en materia institucional, diplomática, económica y militar, estará en condiciones fácticas de restaurar su soberanía en las Malvinas.

Mientras tanto, no le sirve renunciar anticipadamente a sus derechos, y menos aún, andar con el rabo entre las patas por el mundo por los hechos vividos hace treinta años.

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012

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A continuación se transcribe el documento aludido:



Malvinas, una visión alternativa

A tres décadas de la trágica aventura militar de 1982 carecemos aún de una crítica pública del apoyo social que acompañó a la guerra de Malvinas y movilizó a casi todos los sectores de la sociedad argentina. Entre los motivos de aquel respaldo no fue menor la adhesión a la causa-Malvinas, que proclama que las Islas son un "territorio irredento", hace de su "recuperación" una cuestión de identidad y la coloca al tope de nuestras prioridades nacionales y de la agenda internacional del país.
Un análisis mínimamente objetivo demuestra la brecha que existe entre la enormidad de estos actos y la importancia real de la cuestión-Malvinas, así como su escasa relación con los grandes problemas políticos, sociales y económicos que nos aquejan. Sin embargo, un clima de agitación nacionalista impulsado otra vez por ambos gobiernos parece afectar a gran parte de nuestros dirigentes, oficialistas y de la oposición, quienes se exhiben orgullosos de lo que califican de "política de estado". Creemos que es hora de examinar a fondo esa política a partir de una convicción: la opinión pública argentina está madura para una estrategia que concilie los intereses nacionales legítimos con el principio de autodeterminación sobre el que ha sido fundado este país.
Una revisión crítica de la guerra de Malvinas debe incluir tanto el examen del vínculo entre nuestra sociedad y sus víctimas directas, los conscriptos combatientes, como la admisión de lo injustificable del uso de la fuerza en 1982 y la comprensión de que esa decisión y la derrota que la siguió tienen inevitables consecuencias de largo plazo. Es necesario poner fin hoy a la contradictoria exigencia del gobierno argentino de abrir una negociación bilateral que incluya el tema de la soberanía al mismo tiempo que se anuncia que la soberanía argentina es innegociable, y ofrecer instancias de diálogo real con los británicos y -en especial- con los malvinenses, con agenda abierta y ámbito regional. En honor de los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución de nuestro país en 1994, los habitantes de Malvinas deben ser reconocidos como sujeto de derecho. Respetar su modo de vida, como expresa su primera cláusula transitoria, implica abdicar de la intención de imponerles una soberanía, una ciudadanía y un gobierno que no desean. La afirmación obsesiva del principio "Las Malvinas son argentinas" y la ignorancia o desprecio del avasallamiento que éste supone debilitan el reclamo justo y pacífico de retirada del Reino Unido y su base militar, y hacen imposible avanzar hacia una gestión de los recursos naturales negociada entre argentinos e isleños.



La República Argentina ha sido fundada sobre el principio de autodeterminación de los pueblos y para todos los hombres del mundo. Como país cuyos antecedentes incluyen la conquista española, nuestra propia construcción como nación es tan imposible de desligar de episodios de ocupación colonial como la de Malvinas. La Historia, por otra parte, no es reversible, y el intento de devolver las fronteras nacionales a una situación existente hace casi dos siglos -es decir: anterior a nuestra unidad nacional y cuando la Patagonia no estaba aún bajo dominio argentino- abre una caja de Pandora que no conduce a la paz.
Como miembros de una sociedad plural y diversa que tiene en la inmigración su fuente principal de integración poblacional no consideramos tener derechos preferenciales que nos permitan avasallar los de quienes viven y trabajan en Malvinas desde hace varias generaciones, mucho antes de que llegaran al país algunos de nuestros ancestros. La sangre de los caídos en Malvinas exige, sobre todo, que no se incurra nuevamente en el patrioterismo que los llevó a la muerte ni se la use como elemento de sacralización de posiciones que en todo sistema democrático son opinables.
Necesitamos abandonar la agitación de la causa-Malvinas y elaborar una visión alternativa que supere el conflicto y aporte a su resolución pacífica. Los principales problemas nacionales y nuestras peores tragedias no han sido causados por la pérdida de territorios ni la escasez de recursos naturales, sino por nuestra falta de respeto a la vida, los derechos humanos, las instituciones democráticas y los valores fundacionales de la República Argentina, como la libertad, la igualdad y la autodeterminación. Ojalá que el dos de abril y el año 2012 no den lugar a la habitual escalada de declamaciones patrioteras sino que sirvan para que los argentinos -gobernantes, dirigentes y ciudadanos- reflexionemos juntos y sin prejuicios sobre la relación entre nuestros propios errores y los fracasos de nuestro país.
Firmantes: Jorge Lanata, Juan José Sebreli, Emilio de Ípola, Pepe Eliaschev, Rafael Filippelli, Roberto Gargarella, Fernando Iglesias, Santiago Kovadloff, Gustavo Noriega, Marcos Novaro, José Miguel Onaindia, Vicente Palermo, Eduardo Antin (Quintín), Luis Alberto Romero, Hilda Sabato, Daniel Sabsay y Beatriz Sarlo.