Por Mariano Rovatti
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación en 2003, representaba la versión peronista más desprendida de los factores de poder tradicionales de su partido, en especial, los intendentes del conurbano y los líderes sindicales. Buscaba apoyos en las organizaciones sociales surgidas a finales de los noventa, integradas principalmente por trabajadores expulsados del circuito productivo.
Un cuatrimestre antes de las elecciones de abril de 2003, Kirchner medía siete puntos en las encuestas, y se aprestaba a encarar el desafío electoral con la sola idea de posicionarse, para pretender con posibilidades ciertas el sillón mayor en el 2007.
El acuerdo con el presidente de entonces, Eduardo Duhalde, aceleró sus planes, y súbitamente pasó a estar en posición de disputar la presidencia. Sin abandonar su discurso transversal, recibió con los brazos abiertos el apoyo de los aparatos nacional y bonaerense.
Ya en la presidencia, cerró filas con el sindicalismo que había acompañado a Carlos Menem y a Adolfo Rodríguez Saá. En las elecciones del 2005, haciendo jugar y ganar a su dama en el tablero bonaerense, se sacó de encima a Duhalde y cerró el paquete peronista.
Mientras tanto, pactó con organizaciones como las de Emilio Pérsico y Luis D’Elia, a través de cuantiosos recursos del Estado, que con la forma de necesaria ayuda social para sus miembros, fidelizó políticamente a sus cuadros. También le garantizó a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) la reforma del modelo sindical argentino, permitiendo la libre agremiación. Ello le generó la simpatía de una de sus líneas internas, liderada por Edgardo De Petri. Hasta ahora, la alianza con el gremialismo peronista le impidió cumplir con esa promesa.
Así, convivieron corrientes antagónicas en lo ideológico y en lo procedimental. En cada ocasión en que hubo que inscribir listas de candidatos en la Justicia, la contradicción implícita del kirchnerismo se hizo visible a través de aprietes, amenazas de ruptura y declaraciones destempladas.
Antes de las últimas elecciones, la CGT realizó un imponente acto en la Avenida 9 de Julio, con el objetivo de obtener la mayor cantidad posible de candidaturas expectables. Dejó en claro su poder de movilización, y también su capacidad de obstrucción a la labor gubernamental si ello fuera necesario. Días más tarde, Luis D’Elia realizó una movida similar y con los mismos objetivos, aunque con menor convocatoria.
La crisis económica global, junto a la específicamente local, desnudó problemas tapados durante los años anteriores. Entre ellos, la pobreza y la marginalidad, que siguen teniendo una incidencia similar a la que tenían en la década “maldita”. El supuesto “modelo productivo” no alcanzó para eliminarlas de la realidad argentina.
Esta circunstancia hace propicia la reaparición de las organizaciones sociales que en su momento no aceptaron sumarse al convite kirchnerista.
Espacios como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), o el Polo Obrero, entre otros, funcionaron como brazos ejecutores de las estrategias diseñadas en sus terminales políticas, los partidos de la izquierda más dura.
El maoísta Partido Comunista Revolucionario (PCR), los trotzkistas Partido Obrero, Movimiento al Socialismo y de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y alguno más, decidieron dar la batalla política principalmente a través de dos frentes: la protesta callejera, aprovechando el descontento social, y la lucha gremial, disputándole el poder a los caciques del peronismo tradicional.
En este grupo se destaca el PCR, que es un partido que viene descartando la vía electoral para su accionar político, y trabaja exclusivamente en los ámbitos detallados más arriba. Sus cuadros son formados con rigor ideológico y dentro de una aceitada organización. Han sido protagonistas del conflicto del Hospital Garrahan, de Kraft y del subterráneo, entre otros. En algunos gremios, han logrado insertarse como la primera minoría, en condiciones de desafiar a la conducción del sindicato.
Asimismo, otros sectores, en especial del PO y del MST, han logrado protagonismo en las luchas estudiantiles, tanto en el nivel secundario como universitario, espacios que fueron abandonados por los partidos tradicionales.
Por fina estrategia, por intuición, o por casualidad, la izquierda dura vio la contradicción kirchnerista, y pegó en donde le duele al gobierno. A éste le provoca pánico el descontrol social, que emparenta rápidamente a la caída de Fernando de la Rúa, más allá de que las condiciones objetivas de hoy son muy diferentes a las de diciembre de 2001.
El gobierno sabe que los medios de comunicación mostrarán una y mil veces cada manifestación que sugiera descontrol social. En cada una de ellas, es más importante políticamente la resonancia mediática que la protesta misma.
Recientemente, la CGT había convocado a una movilización en defensa del gobierno, que éste mismo desactivó. El gremialismo peronista buscaba así forzar a la Presidenta a jugar en su favor contra las organizaciones de izquierda, a las que el nº 2 cegetista Juan Belén llamó gráficamente la “zurda loca”.
Paralelamente, los medios informan que un sector del oficialismo habría cerrado un delirante acuerdo con 12 barras bravas de clubes de fútbol para que éstos puedan ir al mundial de Sudáfrica a cambio de “cuidar la calle”.
Por todo este panorama, el gobierno necesita sí o sí enfriar la temperatura social y los conflictos gremiales. Pero ¿cómo hacerlo?
Si para ambos fines le pone todas sus fichas al gremialismo peronista, los conflictos irán en aumento, y las hostilidades en todos los sentidos se multiplicarán, poniéndose en riesgo la gobernabilidad.
Si quiere “comprar” a las organizaciones sociales, chocará con dos obstáculos: los problemas financieros del Estado y que las agrupaciones de izquierda no negocian, ya que su estrategia es la lucha permanente. Es su única forma de hacer política.
Si accede a otorgar la libertad de agremiación, automáticamente tiene a la CGT en contra, y también allí entra en riesgo la gobernabilidad.
El gobierno asiste al momento en que las contradicciones ya no pueden sostenerse, y deberá optar por lo que considere el mal menor.
Lo que logró en el Congreso, a través de una seguidilla de iniciativas que restauraron su capital político tras la derrota de junio, no parece obtenerlo en terreno gremial y social, que hasta el momento es un dilema.
Como nunca, el gobierno necesita la cabeza fría para una conducción sensata que no termine estrellándolo..
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2009
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación en 2003, representaba la versión peronista más desprendida de los factores de poder tradicionales de su partido, en especial, los intendentes del conurbano y los líderes sindicales. Buscaba apoyos en las organizaciones sociales surgidas a finales de los noventa, integradas principalmente por trabajadores expulsados del circuito productivo.
Un cuatrimestre antes de las elecciones de abril de 2003, Kirchner medía siete puntos en las encuestas, y se aprestaba a encarar el desafío electoral con la sola idea de posicionarse, para pretender con posibilidades ciertas el sillón mayor en el 2007.
El acuerdo con el presidente de entonces, Eduardo Duhalde, aceleró sus planes, y súbitamente pasó a estar en posición de disputar la presidencia. Sin abandonar su discurso transversal, recibió con los brazos abiertos el apoyo de los aparatos nacional y bonaerense.
Ya en la presidencia, cerró filas con el sindicalismo que había acompañado a Carlos Menem y a Adolfo Rodríguez Saá. En las elecciones del 2005, haciendo jugar y ganar a su dama en el tablero bonaerense, se sacó de encima a Duhalde y cerró el paquete peronista.
Mientras tanto, pactó con organizaciones como las de Emilio Pérsico y Luis D’Elia, a través de cuantiosos recursos del Estado, que con la forma de necesaria ayuda social para sus miembros, fidelizó políticamente a sus cuadros. También le garantizó a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) la reforma del modelo sindical argentino, permitiendo la libre agremiación. Ello le generó la simpatía de una de sus líneas internas, liderada por Edgardo De Petri. Hasta ahora, la alianza con el gremialismo peronista le impidió cumplir con esa promesa.
Así, convivieron corrientes antagónicas en lo ideológico y en lo procedimental. En cada ocasión en que hubo que inscribir listas de candidatos en la Justicia, la contradicción implícita del kirchnerismo se hizo visible a través de aprietes, amenazas de ruptura y declaraciones destempladas.
Antes de las últimas elecciones, la CGT realizó un imponente acto en la Avenida 9 de Julio, con el objetivo de obtener la mayor cantidad posible de candidaturas expectables. Dejó en claro su poder de movilización, y también su capacidad de obstrucción a la labor gubernamental si ello fuera necesario. Días más tarde, Luis D’Elia realizó una movida similar y con los mismos objetivos, aunque con menor convocatoria.
La crisis económica global, junto a la específicamente local, desnudó problemas tapados durante los años anteriores. Entre ellos, la pobreza y la marginalidad, que siguen teniendo una incidencia similar a la que tenían en la década “maldita”. El supuesto “modelo productivo” no alcanzó para eliminarlas de la realidad argentina.
Esta circunstancia hace propicia la reaparición de las organizaciones sociales que en su momento no aceptaron sumarse al convite kirchnerista.
Espacios como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), o el Polo Obrero, entre otros, funcionaron como brazos ejecutores de las estrategias diseñadas en sus terminales políticas, los partidos de la izquierda más dura.
El maoísta Partido Comunista Revolucionario (PCR), los trotzkistas Partido Obrero, Movimiento al Socialismo y de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y alguno más, decidieron dar la batalla política principalmente a través de dos frentes: la protesta callejera, aprovechando el descontento social, y la lucha gremial, disputándole el poder a los caciques del peronismo tradicional.
En este grupo se destaca el PCR, que es un partido que viene descartando la vía electoral para su accionar político, y trabaja exclusivamente en los ámbitos detallados más arriba. Sus cuadros son formados con rigor ideológico y dentro de una aceitada organización. Han sido protagonistas del conflicto del Hospital Garrahan, de Kraft y del subterráneo, entre otros. En algunos gremios, han logrado insertarse como la primera minoría, en condiciones de desafiar a la conducción del sindicato.
Asimismo, otros sectores, en especial del PO y del MST, han logrado protagonismo en las luchas estudiantiles, tanto en el nivel secundario como universitario, espacios que fueron abandonados por los partidos tradicionales.
Por fina estrategia, por intuición, o por casualidad, la izquierda dura vio la contradicción kirchnerista, y pegó en donde le duele al gobierno. A éste le provoca pánico el descontrol social, que emparenta rápidamente a la caída de Fernando de la Rúa, más allá de que las condiciones objetivas de hoy son muy diferentes a las de diciembre de 2001.
El gobierno sabe que los medios de comunicación mostrarán una y mil veces cada manifestación que sugiera descontrol social. En cada una de ellas, es más importante políticamente la resonancia mediática que la protesta misma.
Recientemente, la CGT había convocado a una movilización en defensa del gobierno, que éste mismo desactivó. El gremialismo peronista buscaba así forzar a la Presidenta a jugar en su favor contra las organizaciones de izquierda, a las que el nº 2 cegetista Juan Belén llamó gráficamente la “zurda loca”.
Paralelamente, los medios informan que un sector del oficialismo habría cerrado un delirante acuerdo con 12 barras bravas de clubes de fútbol para que éstos puedan ir al mundial de Sudáfrica a cambio de “cuidar la calle”.
Por todo este panorama, el gobierno necesita sí o sí enfriar la temperatura social y los conflictos gremiales. Pero ¿cómo hacerlo?
Si para ambos fines le pone todas sus fichas al gremialismo peronista, los conflictos irán en aumento, y las hostilidades en todos los sentidos se multiplicarán, poniéndose en riesgo la gobernabilidad.
Si quiere “comprar” a las organizaciones sociales, chocará con dos obstáculos: los problemas financieros del Estado y que las agrupaciones de izquierda no negocian, ya que su estrategia es la lucha permanente. Es su única forma de hacer política.
Si accede a otorgar la libertad de agremiación, automáticamente tiene a la CGT en contra, y también allí entra en riesgo la gobernabilidad.
El gobierno asiste al momento en que las contradicciones ya no pueden sostenerse, y deberá optar por lo que considere el mal menor.
Lo que logró en el Congreso, a través de una seguidilla de iniciativas que restauraron su capital político tras la derrota de junio, no parece obtenerlo en terreno gremial y social, que hasta el momento es un dilema.
Como nunca, el gobierno necesita la cabeza fría para una conducción sensata que no termine estrellándolo..
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2009
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