La lucha contra los carteles de la droga de México –poderosas organizaciones narcoterroristas cuyas acciones criminales se estima que les reportan unos US$ 40 mil millones anuales –que viene librando el gobierno de ese país, en los últimos cinco años dejó el trágico saldo de varias decenas de miles de muertes violentas.
Si a este dato se añaden las señales de alarma que se encendieron con la crisis financiera global, se justifica que el G20 –del que la Argentina forma parte– encomendara al FATF/GAFI, organismo internacional encargado del control del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, que extremara medidas para identificar a las jurisdicciones de mayor riesgo en esa materia.(si no sale el artículo completo, cliquear en el título)
Durante 2009 y para cumplir con esa recomendación del G20, el GAFI estableció un procedimiento centrado en medir el grado de cumplimiento de 16 de sus 49 recomendaciones por considerarlas claves y centrales, fijando un mecanismo de seguimiento y sanciones específicas para quienes las incumplan.
Esa labor es llevada a cabo por un grupo de trabajo ad-hoc denominado International Cooperation Review Group (ICRG) que hoy coordinan representantes de Italia y los Estados Unidos, a través de una metodología que incluye ocho pasos que buscan asegurar la meticulosidad del procedimiento (ver infografía).
La instancia final de ese procedimiento, aplicable para aquellos países incumplidores, consiste en la emisión de una declaración pública (por parte del GAFI) que comunica a sus miembros la necesidad de aplicar las contramedidas dispuestas en su Recomendación 21, lo que implica que las entidades financieras del mundo presten especial atención a las relaciones comerciales y operaciones que se cursen con los países sancionados. Incluso pudiendo llegar a la suspensión de la membresía para sus miembros plenos.
En ese marco, actualmente el GAFI se encuentra frente a un proceso de revisión sobre las pautas a recomendar como contramedidas habiendo publicado el pasado mes de junio un documento de trabajo titulado “Revisión de los Estándares – Preparación de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas”. Dicho documento propone para las jurisdicciones observadas la potencial aplicación de medidas tales como: prohibición de establecer sucursales en el extranjero de instituciones financieras, limitar las relaciones de corresponsalía con instituciones financieras del país observado y la aplicación de mecanismos de supervisión más severos para las filiales de entidades financieras ubicadas en dichas jurisdicciones.
Asimismo y en esa misma línea, a partir de la publicación de los resultados del proceso de seguimiento que hizo el GAFI después de su último plenario de octubre pasado, ciertos miembros de ese organismo adoptaron medidas en relación con los países observados. Entre ellas, se destacan las adoptadas el pasado mes de noviembre por el FinCEN (Unidad de Inteligencia Financiera Estadounidense) quien publicó dos documentos (denominados Advisory), dirigidos a bancos y entidades financieras de los Estados Unidos.
Uno de esos documentos (FIN-2011-A015), involucra a diez jurisdicciones que el GAFI califica con deficiencias estratégicas y que no han desarrollado un plan de acción acorde a las exigencias. El mismo postula poner en marcha procedimientos de debida diligencia reforzada cuando mantengan cuentas de corresponsalía de bancos extranjeros que operan bajo licencias emitidas en algunos de los mencionados países. Asimismo plantea contramedidas más severas para Irán y Corea del Norte también incluidos en ese documento.
El otro documento del FinCEN (FIN-2011-A014) incluye a otros treinta y un países todos los cuales, aunque registran deficiencias estratégicas, han presentado un plan de acción frente al GAFI y se encuentran en un permanente monitoreo. Discutible o no, la Argentina se encuentra en esta categoría.
Para estos casos, recomienda considerar los riesgos que implican las deficiencias registradas en esos países y enfatiza la obligatoriedad de cumplir programas de debida diligencia sobre cuentas de corresponsalía y establecer políticas, procedimientos y controles reforzados en dichas operaciones.
Lo expuesto marca una clara tendencia internacional a transformar a las recomendaciones del GAFI en un verdadero estándar corporativo a ser implementado por el mundo de los negocios en general y por el sistema financiero en particular.
Para nuestro caso concreto, las recomendaciones mencionadas podrían llevar a que, en base a una evaluación “riesgo/ beneficio”, se induzca al cierre de cuentas de corresponsalía de nuestros bancos de capital nacional en los Estados Unidos, a través de las cuales se canalizan, entre otras, gran parte de las operaciones de comercio exterior de la Argentina.
Ahora bien, como lo muestran con dramática evidencia situaciones como la de México que mencionamos al comienzo de esta nota, cumplir con las normas internacionales en esta materia, más allá de permitir un normal desenvolvimiento de nuestras relaciones financieras y comerciales, también forma parte de una política de defensa de los derechos humanos reivindicada por el pueblo y el gobierno argentino.
De ahí que se considera del todo pertinente que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ocupara de expresar el interés gubernamental por mejorar el diálogo y la relación de nuestro país con el GAFI y que haya promovido la sanción de normas que tienden a penalizar las conductas con finalidad terrorista y su financiamiento. En tal sentido, celebramos la media sanción del proyecto del Poder Ejecutivo recientemente aprobado por la Cámara de Diputados.
Pero además de defender y proteger derechos humanos tan esenciales como la vida, la libertad y la propiedad, esa actuación permitirá evitar severas consecuencias negativas a nuestro comercio internacional.
De tal modo, alinearnos con esta tendencia internacional es hacer ni más ni menos que lo que nosotros mismos proponemos, ya que es importante recordar que nuestro país es miembro pleno tanto del GAFI cuanto del G20, principales promotores de dichas políticas.
Publicado en Perfil
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