La estatización de YPF

por Héctor Blas Trillo

“La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada” Art. 17 Constitución de la Nación Argentina

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Hacer una reseña de lo que ha venido ocurriendo en estos días, a partir del anuncio de la presidenta Cristina Fernández sobre la estatización del 51% de las acciones de YPF sería demasiado extenso y hasta redundante. Por eso, consideramos que es suficiente con resaltar algunos puntos que estimamos resultan de verdadero interés para el futuro de la economía del país. Como transcribimos al inicio, la expropiación debe ser calificada por ley y previamente indemnizada; cosa que no se ha hecho. En realidad, un grupo de funcionarios acompañados por la Gendarmería ocupó las instalaciones del edificio de YPF expulsando en pocos minutos a varios directivos que como mucho pudieron recoger algunas de sus pertenencias. Este accionar es tan elocuente que también nos exime de mayores comentarios. La expropiación ya se ha producido en la práctica, aunque de un modo destemplado, prepotente y claramente inconstitucional. Pero además de eso, se ha hecho de una manera discriminatoria hacia la firma española Repsol, poseedora de algo más del 57% del paquete accionario, excluyendo a los demás accionistas y por lo tanto no aplicando el principio básico de la proporcionalidad. El decreto de “necesidad y urgencia” dictado por la presidenta fue el de la intervención, tal como días pasados se dictó en contra de TBA a raíz del accidente ferroviario de la estación Once. Sin embargo, a esta última empresa fue enviado un interventor y nada ha ocurrido con sus directivos, viéndose así claramente la diferencia de procedimiento entre un caso y el otro. Sin ser lo más relevante, el modo distinto de actuar es también una prueba de la clara diferenciación que establece el gobierno nacional entre quienes resultan ser sus amigos y quienes no lo son. La exposición en el Congreso Nacional del viceministro de economía y “subinterventor” de YPF, Axel Kicillof, estuvo plagada de argumentos inconsistentes que no hicieron otra cosa de culpar el mismo gobierno al que pertenece, desde el momento en que es éste quien debía controlar y trabajar para lograr la mejor performance posible en materia energética. La inconsistencia es más que clara si vemos que ahora será este mismo gobierno quien se encargará no ya de controlar como evidentemente no lo hizo, sino de dirigir directamente los destinos de la empresa. Al mismo tiempo, el señor Kicillof mostró un tono agresivo e insultante hacia quienes no están en su vereda ideológica (usó términos como “tarados”, “papagayos”, “estúpidos”, y similares en varias oportunidades), mostrando así su intolerancia y su desdén por las opiniones divergentes, en un evidente indicio de autoritarismo e intolerancia. Tratándose por lo demás de un funcionario de segundo nivel, uno no se explica por qué el encargado de explicar lo que está ocurriendo no hubiera sido de manera preponderante el ministro de planeamiento Julio De Vido. Y tampoco uno se explica demasiado por qué este ascendente personaje no ha merecido severas críticas por su agraviante terminología. Las incoherencias fueron de tal grado que en un momento dado el senador radical “Nito” Artaza pidió que se le diera la palabra al señor De Vido y al señor Cameron (secretario de energía) para que respondieran a las “durísimas acusaciones” que estaban recibiendo, siendo que son ellos los responsables de lo que supuesta o realmente hubiera ocurrido. Como también se habló de pasivos ocultos y otras irregularidades, es importante resaltar que YPF venía cotizando en la Bolsa de Nueva York, para lo cual es preciso cumplir con una enorme cantidad de requisitos formales y legales, incluyendo vastas auditorías y dictámenes. Este funcionario vino a decirnos, en apenas 24 horas, que tales tareas profesionales estaban erradas y que él, en apenas pocas horas, había podido comprobar la existencia de tales pasivos, aunque no los justipreció. Todo lo ocurrido ha llevado a los tenedores de acciones de la empresa a perder prácticamente dos tercios del valor del capital con que contaban, pérdida que solamente es atribuible a las maniobras de un gobierno que no repara mientes a la hora de avanzar sobre los derechos de propiedad de los habitantes, sin cortapisas ni miramientos. Y eso hasta ahora. Resulta también inconsistente que no se hubiera considerado el hecho de que la familia Eskenazi posee el 25% del paquete accionario y que aún no lo ha pagado, porque lo convenido con este mismo gobierno fue una compra prácticamente sin dinero y a resultas de la distribución futura de dividendos. Una incoherencia más teniendo en cuenta que los funcionarios hablan de falta de inversiones en exploración y en la necesidad de no repartir dividendos para aplicarlos a ese fin, siendo que éstas mismas autoridades aprobaron la transferencia de ese porcentaje del paquete accionario contra dividendos, justamente. Fue este mismo gobierno quien aprobó en su momento la distribución anual de hasta el 90% de las utilidades, incluyendo utilidades provenientes de ejercicios anteriores, según se ha venido informando. La pérdida del autoabastecimiento energético llegó luego de varios años de anuncios en el sentido de que la política llevada a cabo era absolutamente contraria a los intereses de la Nación. No porque Repsol obtuviera utilidades, como se afirmó, sino porque se congelaron durante años los precios y se violaron los acuerdos originarios del año 1992 por parte del propio Estado Nacional, que mantuvo así una política incentivadora del consumo y desalentadora de la exploración y de la producción. En estas mismas columnas nos hemos ocupado de este asunto en numerosas oportunidades, como lo han hecho profesionales mucho más entendidos en la materia, y especialmente los ex secretarios de energía que elaboraron informes escritos, y que en algunos casos tuvieron dificultades para exponer ante la opinión pública, debido a que el gobierno nacional, al parecer, los veía como opositores y contrarios a los intereses del partido gobernante. Es importante señalar que por ejemplo el precio del gas se paga en la Argentina algo así como 2,90 dólares el millón de BTU (unidad calórica de medida), mientras que el importado de Bolivia cuesta en torno de los 8 dólares; y el proveniente de Trinidad y Tobago (que es licuado en ese país, embarcado, traído al puerto de Bahía Blanca y “deslicuado” para inyectarlo en los gasoductos locales) cuesta unos 18 dólares la misma unidad. Está muy claro que realizar grandes inversiones para explorar y luego explotar gas para finalmente obtener un precio ridículo ha hecho que las empresas gasíferas hubieran mermado su producción y posiblemente derivado inversiones hacia otros países (esencialmente Brasil y Bolivia) para en definitiva producir allá y en todo caso vendernos el gas a 8 dólares, como en el caso boliviano. Este mismo problema se ha manifestado también en combustibles líquidos y en el petróleo crudo, donde está vigente un sistema similar al de la rechazada resolución 125 para el sector agropecuario, de modo que superado cierto precio por barril, el resto se lo queda el Estado vía retenciones a las exportaciones. Y esta parte del análisis nos lleva a la siguiente. Porque YPF representa algo así como el 30% del mercado local petrolero y gasífero. Cabe entonces preguntarse por qué únicamente se va contra esa empresa y no contra las demás que trabajan en el país. Si se trata de una actividad declarada de utilidad pública, no debería quedar una sola empresa privada dedicada a ella. Ahora bien, lo que por ahí más debemos resaltar es el claro consenso que ha recibido la expropiación de la petrolera, más allá de que se difiere en las formas. Hemos escuchado en estas horas a políticos opositores que afirman que aprobarán el procedimiento, aunque “en disidencia”, con la excepción declarada del partido de Mauricio Macri y algunos pocos legisladores más. Es decir, que los políticos que ahora se muestran complacidos con la expropiación no les importan las formas. No les importa que prácticamente a punta de pistola hubieran sido echados los directivos del edificio de la empresa, no les importa que no hubiera una ley, no les importa que no se hubiera indemnizado a los accionistas, ni les importa que se hubiera discriminado y expropiado únicamente a uno de los tenedores de acciones y de una sola compañía petrolera, en lugar de hacerlo proporcionalmente a todos, como hemos dicho. Muchas veces hemos señalado que en la Argentina prácticamente no existen opositores, sino en todo caso competidores, es decir individuos dedicados a la política que puestos a gobernar pretenden hacer lo mismo, aunque consideran que ellos lo harían mejor. Y acá está el meollo de la cuestión, porque el daño que están haciéndole al país es enorme. Es similar a aquella famosa ovación en el Congreso cuando el inefable Adolfo Rodríguez Saa informó que dejaría de pagar la deuda externa. Todo este montaje sirve para transferir una inmensa cantidad de fondos al poder político y no para otra cosa. Es obvio que las provincias podrían haber quitado concesiones a YPF o a otras petroleras y pasárselas a ENARSA, que es una empresa petrolera del Estado Nacional que no produce hasta ahora nada. En lugar de eso, lo que se hace es este verdadero zafarrancho. Y ocurre, simplemente, porque YPF cuenta hoy en día con un ingreso bruto anual, según lo informado, del orden de los 45.000 millones de pesos anuales. Es decir que visto así, el gobierno dispondrá de una inmensa cantidad de dinero para sus fines políticos básicamente, como ha ocurrido con las AFJP y con las reservas del Banco Central. Y lo más triste de todo esto, es que una vez más la población en general parece acompañar, movida tal vez por un nacionalismo mal entendido y por las banderas que agitan políticos corruptos y de clara tendencia populista y antiempresaria. Porque por lo demás, y tal como hemos dicho, YPF es apenas la tercera parte del mercado. Los problemas con los combustibles estamos viéndolos desde hace por lo menos 6 años, no son novedad. Es bueno recordar cuando allá por 2007 o 2008 el secretario Guillermo Moreno anunció que iba a “llover gasoil” en la Argentina. También conviene tener en cuenta las importaciones de ese combustible y de fuel oil, que inclusive dieron lugar a problemas ambientales. Y desde ya las crecientes importaciones de gas, cuando hasta hace pocos años la Argentina era exportador neto y por varios miles de millones de dólares. Alguien debería explicar, para terminar, por qué razón cuando el barril de petróleo estaba en 12 o 13 dólares nos sobraba combustible, y por qué con el barril a más de 100 dólares nos falta. Porque es cierto que la economía ha crecido en estos años, tan cierto como que la producción de petróleo, sus derivados y el gas, ha venido cayendo sostenidamente. Es curioso que siendo negocio producir porque hay mercado donde vender, las empresas disminuyan su producción y no realicen inversiones. Porque si algo estamos acostumbrados a oír de parte de los políticos y funcionarios, es que es necesario atraer inversiones (y no sólo en el área que nos ocupa en este caso, sino en general). Es llamativo al menos que siendo la economía argentina una de las que más ha crecido en todos estos años, la inversión extranjera en porcentaje del PBI hubiera disminuido como lo hizo, y que inclusive los propios capitales argentinos hubieran emigrado en cifras realmente alarmantes, que se estiman cercanas a los 70.000 millones de dólares. Nada es casual. Todo merece ser tenido en cuenta. Pero especialmente debe tomarse nota de que la prepotencia y la violación del Estado de Derecho subsecuente, son las principales causas del deterioro de la imagen argentina, y de que el llamado “riesgo país” se encuentre en torno de los 1.000 puntos. Y por supuesto en estas horas se reciben toda clase de presiones y quejas internacionales, lo que posiblemente derivará en sanciones de tipo comercial que afectarán, en mayor o menor medida, la producción nacional de diversos rubros. Del mismo modo que el default tuvo como consecuencia sacarnos del mundo financiero (la Argentina solamente obtuvo algún financiamiento externo a tasas siderales vendiéndole bonos a Venezuela por 1.000 millones de dólares), la expropiación a punta de pistola de la titularidad de Repsol no es recibida con aplausos. No faltó quien se preguntara, en estas horas, por qué se escuchan declaraciones de funcionarios norteamericanos o mexicanos. Éstas cuestiones deberían ser estudiadas por los legisladores que prácticamente cumplen con la orden de votar lo que se les pide. Así podrían observar la interrelación de intereses de los países del hemisferio norte que poseen acciones y participaciones en YPF y en Repsol. El daño ya está hecho, y será consumado mediante una normativa que abre claramente las puertas para que más temprano que tarde, otras empresas se vean en la misma situación. Como dijo el nombrado Kicillof, la seguridad jurídica y el clima de negocios son “palabras horribles”. Sería interesante que los dirigentes, especialmente quienes no forman parte del oficialismo, observaran cuidadosamente esta clase de afirmaciones. Porque las consecuencias las va a pagar la población toda.