Guerra bajo la tierra

Hace escasas horas, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) levantó el paro anunciado para aplicarse a partir de mañana en los subterráneos de Buenos Aires. La otra organización involucrada, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), tratará el tema en asamblea el día de mañana. El conflicto se mantiene vivo en sus dos dimensiones, potenciadas entre sí: la disputa entre la Nación y la Ciudad Autónoma por desligarse de la empresa, y la lucha salarial, desarrollada para peor por los dos gremios que se disputan la representatividad de los trabajadores del sector. 


(para seguir leyendo la nota cliquear en el título) A la audiencia de hoy en el Ministerio de Trabajo de la Nación, comparecieron todas las partes involucradas en el conflicto. Pese a que se había anunciado que el GCBA no concurriría, Juan Pablo Piccardo, titular de Subterráneos de Buenos Aires SE, finalmente decidió asistir al encuentro. 


Los gremialistas exigían un aumento del 28%, pauta cercana al promedio en que se están cerrando las paritarias en la mayoría de los gremios, por lo que la puja salarial no parecía en sí tan complicada de resolver. Finalmente, la UTA acordó una suma fija no remunerativa y la reapertura de paritarias en agosto. Por el lado de los Metrodelegados, la oferta patronal incluiría además una recategorización de los empleados.


Pero la disputa está fuertemente contaminada por el conflicto político que la potencia. La Nación –a través de una ley del Congreso, y luego de firmar un acta de intención- decidió transferir a la Ciudad el subte, lo que fue rechazado por ésta, a través de la Legislatura. Además, juega la afinidad entre las organizaciones y los gobiernos: la UTA es más proclive a pactar con el GCBA y la AGTSYP tiene lazos con el gobierno nacional, en especial con La Cámpora, 


Constitucionalmente, el rechazo del gobierno porteño está dentro de sus atribuciones, pero constituye un error político, desencadenante de males mayores de los que se pretendía evitar.


 Tras la tragedia de Once, el gobierno de Mauricio Macri entendió que no podía aceptar los subtes, sin correr el riesgo de que pasara otra desgracia, esta vez bajo su responsabilidad objetiva. Pero esa decisión puso en punto muerto las negociaciones, ya que el gobierno nacional –tal como es su estilo- decidió pasar al terreno de la confrontación, el único en que se sabe manejar.


 El gobierno porteño dejó pasar así la oportunidad de hacerse cargo de los subterráneos, y así consolidar una imagen de gestión exitosa, necesaria para la proyección nacional del Jefe de Gobierno Mauricio Macri.


 A éste le hubiera convenido aceptar el traspaso, dejando en claro en forma expresa a través de comunicados oficiales, conferencias de prensa y todo tipo de manifestación, el estado de la empresa, tanto en el aspecto financiero, como técnico y sobre todo, en lo relativo a la seguridad. Incluso, reservándose el derecho de accionar judicialmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el daño que el traspaso pudiese generarle a la Ciudad.


 Como están las cosas, Macri le brindó a Cristina Fernández un flanco en donde la Presidenta golpeó a su gusto: intentar mostrar al jefe de gobierno como un irresponsable que no se hace cargo de sus deberes.


 A ese ataque, Cristina le suma el avance desatado en el terreno judicial, a través del dócil juez Norberto Oyarbide, quien dejó a Macri –en la causa de las escuchas telefónicas- a un paso del juicio oral, tras cerrar las investigaciones, quedando a la espera de lo que dictamine la Cámara de Casación.


Tal como está haciendo con Daniel Scioli, el kirchnerismo utiliza todo lo que está a su alcance para esmerilar a sus dos principales adversarios de cara a las elecciones de 2015: el propio gobernador bonaerense, y su par porteño.