No es tan difìcil

por Héctor Blas Trillo

El diputado nacional por el oficialismo Héctor Recalde impulsa un proyecto para endurecer la llamada ley de abastecimiento, con el objeto declarado de propender a la defensa de los consumidores de los ataques especulativos de los empresarios. Esta concepción de la realidad económica no es nueva. Más bien diríamos que es demasiado vieja, pero persistente.

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Ya en los años 50 en la Argentina se desarrollaba la campaña para combatir “el agio y la especulación”. Entonces se invitaba a la población a denunciar “al comerciante deshonesto”, que no era otro que aquél que no vendía sus productos a los precios fijados oficialmente.

La ley de abastecimiento ha pretendido, desde su sanción en los años 70, fijar las condiciones en las cuales la acción especulativa de comerciantes, empresarios y productores, afectare de alguna manera el abastecimiento de la población. O, como ha dado en llamarse en los últimos años, “la mesa de los argentinos”.

Más allá de la inconstitucionalidad de este tipo de normativa, los resultados logrados con las acusaciones, persecuciones y multas a los comerciantes no han servido ni servirán para nada.

Sin embargo, el diputado Recalde, un viejo abogado laboralista experimentado en la relación entre empresarios y trabajadores, vuelve a la carga.

De lo que se trata ahora es de “declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los bienes destinados a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda cultura e insumos para la industria, que satisfagan necesidades comunes o corrientes de la población, y sean objeto de maniobras de desabastecimiento, acaparamiento, agiotaje y/o (sic) especulación”

Según el proyecto, será el poder Ejecutivo el encargado de determinar en cada caso concreto qué bienes serán expropiados “mediante resolución fundada”.

El proyecto no hace ninguna referencia a la moneda de cambio, a la tasa de inflación o a la incertidumbre que producen los constantes cambios de rumbo en materia económica por parte de las autoridades nacionales.

A esta iniciativa se le agrega el hecho de que, como todo el mundo sabe, desde la llegada de Néstor Kirchner al gobierno nacional, el país se encuentra en “emergencia económica”, y aún está vigente la vieja ley de abastecimiento, pese a que no son pocos los constitucionalistas que interpretan que ha sido derogada.

La cuestión que subyace en esta clase de iniciativas es bastante más profunda que la simple ideología. La realidad es que con semejante espada de Damocles sobre sus cabezas, lo esperable es que la economía nacional sufra un parate definitivo.

Nadie en su sano juicio se arriesgaría a ser acusado de especulador o agiotista y por lo tanto sujeto a ser expropiado por simple “resolución fundada” del Poder político. Esta clase de iniciativas no sólo son muy semejantes a las aplicadas en los años 50, cuando los comerciantes iban a parar a la cárcel de Villa Devoto. También fueron rutina en la Italia de Benito Mussolini, que invitaba a los habitantes a levantar las persianas de los negocios y apropiarse de los bienes que se consideraban “acaparados” por sus dueños. Más cercano en el tiempo, es lo que acaba de ocurrir hace un par de meses en Venezuela, de la mano del presidente Nicolás Maduro.

También, aunque tal vez pocos lo recuerden, en el fugaz gobierno de Adolfo Rodríguez Saa, el canciller designado, José María Vernet, quien repitió por televisión aquella consigna mussoliniana: levantar las persianas y apropiarse de lo ajeno.

Es inútil reiterar que la inflación es un fenómeno monetario que produce subas en los precios por devaluación de la moneda, y que tales subas se suceden en el tiempo de manera más o menos desordenada con lo cual la incertidumbre respecto de la posibilidad de perder dinero en la reposición de las mercaderías es un dato. Ocioso es mencionar una vez más que un gobierno medianamente serio debe bregar por tener una moneda fuerte, en lugar de debilitarla y destruirla y luego pretender obligar a la población a que se maneje en esa moneda a los precios que el gobierno imponga. Es obvio que el Gobierno Nacional no parece dispuesto, al menos en los dichos, a asumir su responsabilidad en la alarmante pérdida de valor de la moneda.

Pero no deja de ser inquietante esto de volver con iniciativas que sólo sirven para destruir aún más tanto la moneda como la inversión en la Argentina. Ante semejantes iniciativas, proyectos o como se los llame, resulta muy difícil imaginar la llegada de inversiones masivas para posibilitar el desarrollo económico que todos esperamos. Uno se pregunta si Recalde, Vernet o quienes fueren suponen que con ésta clase de anuncios, declaraciones y proyectos se logrará que el país se encamine en una senda de virtuoso crecimiento. O si por el contrario y como consecuencia, privarán el miedo y la arbitrariedad.

Cuesta entender el mecanismo de racionamiento, más allá de las claras reminiscencias fascistas.

¿Alguien, amables lectores, está en condiciones de decirnos, cuánto cuesta un foco delantero de un automóvil? ¿podrá tal vez señalarnos cuál es el valor de una lata de sardinas?

Suponiendo que alguien tuviera los precios de estos productos que tomamos como ejemplo: ¿alguien podrá asegurarnos que esos precios son iguales en el país entero? Y suponiendo que así sea: ¿alguien podría afirmar con certeza a cuánto estarán estos mismos bienes dentro de una semana?

Ahora pongámonos del lado del comerciante que se formula éstas mismas preguntas. ¿Sabe a cuánto habrá de reponer el foco o en su caso la lata de sardinas? ¿Podrá tener alguna certeza del precio al que le llegarán estos productos cuando el proveedor regrese la semana próxima?

Con éstas simples preguntas pretendemos demostrar cómo opera un proceso inflacionario desatado. Nadie sabe exactamente cuánto cuestan los bienes, y mucho menos sabe cuánto costarán la semana próxima. No sabe si al reponer los productos que vende éstos costarán incluso más que el precio al cual fueron vendidos y por lo tanto llegar a la amarga conclusión de que trabajó para perder plata.

Esta es la realidad. Y esta realidad no se corrige con medidas autoritarias de tinte fascista, sino con una moneda sana. La inflación es la que origina la suba de los precios, y no al revés.

En este cuadro de situación, ¿quién de buena fe puede proponer una iniciativa como la del diputado Recalde? ¿No sería mucho más lógico, sensato y natural que propusiera una ley que obligue al poder político a fijar las pautas para lograr una moneda sana que mantenga su valor en el tiempo, como ocurre en la mayoría de los países?

En estos últimos meses parece haber llegado un baño de sinceramiento de parte de nuestros gobernantes. Los cambios en el INDEC parecen dirigidos a aceptar la realidad inflacionaria. Los intentos de acuerdos con el CIADI, con los llamados “fondos buitre”, con el Club de París, con el FMI o con Repsol indudablemente apuntan a mejorar la posición internacional del país y por consiguiente a lograr financiamiento externo. La designación en el Banco Central de un técnico reconocido en el ambiente profesional por su capacidad y su sensatez, va en la misma dirección. También los anuncios respecto de una reducción de subsidios. O los ajustes de las tarifas de los combustibles.

Todo esto es sin duda positivo. Muestra la intención, expresada en palabras o no, de volver al mundo y de actuar de manera racional en materia económica.

¿Era necesario en este cuadro de situación, que aparezca un diputado kirchnerista con un proyecto de raigambre fascista a intentar destruir la posibilidad de funcionamiento de una economía privada razonablemente libre?

Por supuesto que esperamos que esta clase de iniciativas mueran tan pronto como surgieron. Pero el daño ya está hecho. Nadie está dispuesto a poner sus bienes, su capital y su esfuerzo en un país donde reina la arbitrariedad y el abuso de poder.

Es hora de terminar con estos arrebatos. Es hora de desplazar a transnochados nostálgicos de más funesto de los autoritarismos. Es hora de pensar realmente que si queremos vivir en un país en el cual el progreso se lleve delante de manera virtuosa, hay que terminar con el abuso, con el patoterismo, con la inseguridad jurídica, con la violación del derecho de propiedad. Y especialmente, hay que terminar con la idea infantil de quien quiere proteger su capital lo que hace es intentar dañar a los demás.

Proteger lo que es de cada uno es la manera de asegurar que el Estado de Derecho funciona. Para eso está la primera parte de la Constitución Nacional, la que establece los derechos y garantías. Para asegurar, justamente, que ningún arrebatado por la razón que fuere vendrá a quitarnos nuestros derechos. O a ponerlos en duda. O a acusarnos de ser “agiotistas y especuladores” por intentar defendernos de la pérdida de valor de la moneda. Hay que poder superar definitivamente esta entelequia. En algún momento parecía que se había superado. Al menos eso creímos luego de años de estabilidad monetaria, cuando los mismos empresarios y comerciantes de hoy, no parecían dispuestos a acaparar, especular o desabastecer al mercado.

Lamentablemente estamos otra vez como en los años 50. Hemos vuelto al comienzo. Una moneda devaluada, con 13 ceros menos que la de aquellos años. Y que pierde valor a cada momento como resultado de una política monetaria irresponsable que incluso llevó a éste mismo gobierno a reemplazar a la presidenta del Banco Central designada por este mismo gobierno luego de haber sido expulsado Martín Redrado. Un control de precios, un intento de avanzar sobre el control de las utilidades de las empresas. O de manejar la llamada “cadena de valor”.

La verdadera solución al problema inflacionario es la fijar una política monetaria seria. Ello incluye dejar de financiar el déficit con emisión de moneda. También incluye restablecer la autonomía del Banco Central. Un sistema tributario más equitativo. El respeto irrestricto de la propiedad privada. La mejor asignación de los recursos. La reducción del gasto improductivo.

No es tan difícil. Tal vez sí sería necesario acordar con las diversas fuerzas políticas en estos cuatro o cinco puntos fundamentales.

Ojalá esto suceda antes de que sea tarde. Y ojalá por una vez en la vida dejemos de escuchar a políticos como Recalde, que parecen más encaminados a crear un estado policial de raigambre autoritaria que a desarrollar una economía sana y pujante, como la vemos en países no tan lejanos del nuestro.

Buenos Aires, 23 de febrero de 2014