Por Mariano Rovatti
El 2020 fue el primer año de gestión del Presidente Alberto Fernández. Pese a ser un ciclo absolutamente atípico por la pandemia mundial, puede hacerse un análisis sobre sus puntos fuertes y sus debilidades, con el máximo equilibrio posible, considerando que siempre que hablamos de política, lo hacemos desde nuestros modelos mentales y paradigmas, que incluyen ideologías y lo que juzgamos como interés nacional y prioridades sectoriales. Advertencia: texto no apto para fanáticos.
Políticas socialesEn diciembre de 2019, la situación de pobreza y marginalidad ya eran graves, consolidados tras una década completa sin crecimiento económico. La pandemia agravó la situación y obligó al Estado a salir en auxilio de millones de personas que quedaron en situación de desprotección, debiendo hacerlo además, con un estado cuyas finanzas se hallaban agotadas. De todos modos, logró implementar en poco tiempo una ingeniería social que logró amortiguar el impacto social de la crisis económica y sanitaria, impidiendo un estallido que afectara la gobernabilidad. Las principales medidas fueron las siguientes:
La gestión de Alberto Fernández comenzó con la implementación de la tarjeta Alimentar, que beneficia a más de un millón y medio de familias, favoreciendo el acceso a productos de la canasta básica.
Asimismo, se dispuso la entrega gratuita de medicamentos a jubilados y pensionados, llegando a 3.600 el número de presentaciones por marca comercial alcanzados, aliviando el presupuesto de la franja de 2.500.000 jubilados y pensionados que ahorrarán así hasta $ 3.000.- por mes promedio.
Una vez desatada la pandemia, el gobierno implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se abonó en tres cuotas a un universo de 9.000.000 de personas que no se hallaban protegidas con ningún mecanismo de ayuda social, por trabajar en la informalidad. Además, sirvió para blanquear la actividad de este sector y utilizar en el futuro el padrón resultante para otras políticas más focalizadas.
También el gobierno implementó la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), un auxilio económico por el que se abonó el 50% del salario de trabajadores privados. La cantidad de beneficiarios fue decreciendo a medida que se habilitaban nuevas actividades.
También se otorgaron créditos a tasas subsidiadas, se refinanciaron las tarjetas de crédito, se congelaron las tarifas y se suspendieron los desalojos.
Todo ésto no evitó que la pobreza infantil esté al 64%, o que el 16% de los hogares argentinos estén bajo la línea de indigencia, frutos de una década completa sin crecimiento económico. Seguramente, sin la contención social, la crisis hubiese sido una catástrofe peor, afectando la gobernabilidad.
Refinanciación de la deuda externa Tras un acuerdo con los tres principales grupos de acreedores privados, que representaban al 94% del total de bonistas, fue reestructurada el 99% de la deuda con ese sector, por U$S 66.000 millones.
Fruto de esa negociación, la Argentina disminuyó su deuda en U$S 32.000 millones, ahorrándose de pagar U$S 7.000 millones en 2020.
Aún queda pendiente de reestructuración la deuda con el Fondo Monetario Internacional, de U$S 52.000 millones, con vencimientos que van desde 2021 hasta 2024. Si bien el acuerdo con los privados es un buen antecedente, y la actual conducción del FMI es más abierta a políticas no ortodoxas, el organismo está monitoreando la implementación de la política económica que surge del presupuesto 2021, por lo que aún falta para un acuerdo.
El pago de la deuda pública viene siendo en los últimos años el segundo rubro más importante en el gasto público, luego de jubilaciones y pensiones, con lo que su solución tiene impacto importante en el total de erogaciones estatales.
Liderazgo difuso en el Frente de Todos La decisión de Cristina Fernández de ir como segunda de la fórmula encabezada por Alberto Fernández favoreció un proceso de reunificación del peronismo, que a la postre resultó decisivo para la victoria de octubre de 2019, sobre todo considerando que en las elecciones intermedias de 2017 hubo cuatro listas peronistas en la provincia de Buenos Aires.
El Frente de Todos quedó así integrado por peronistas-kirchneristas, kirchneristas no peronistas y peronistas no kirchneristas, que durante la década anterior a 2019 estuvieron enfrentados entre sí.
Pero además, se generó una situación inédita, ya que esa diversidad debe ser coordinada por un liderazgo bifurcado. Cristina lidera el espacio político gobernante, y Alberto, el gobierno en sí mismo. En este primer año de gestión, ello generó no pocos problemas en lo que respecta al mecanismo de toma de decisiones, retardando algunas y generando marchas y contramarchas, dando la sensación de en algunas ocasiones, caminar a la deriva.
Es indudable que Cristina y Alberto tienen estilos diferentes de gestión política: la vicepresidenta es más frontal, con mucho timing político pero con mayor propensión a la confrontación y el conflicto. El presidente es más negociador y tolerante, pero a veces, sus decisiones se demoran.
Desde la oposición, muchos han fantaseado con una inevitable ruptura entre ambos, lo que hasta ahora no sucedió y seguramente, no sucederá. En el gobierno, a nadie le conviene eso. La marcha semiespontánea del 17 de octubre y el acto de La Plata del 11 de diciembre fueron pruebas del sentimiento de unidad que prima en el peronismo, y del poder que emana del mismo, de lo que también participa la tercera pata de la coalición, el sector que conduce Sergio Massa.
Quizás, el Frente de Todos –como el Frente Amplio uruguayo- deba institucionalizar su conducción, para aceitar los mecanismos de decisión, y hacer más eficiente la gestión de gobierno, teniendo una concepción unificada sobre los objetivos del mismo y las principales acciones para acceder a ellos.
Inflación Se estima que la inflación total del año 2020 rondará el 35%, lo que significaría 20 puntos que en 2019. Parece una victoria, pero la inflación, en especial la de alimentos, es hoy el principal problema económico social de la Argentina.
El ritmo de la emisión monetaria y el resultado inflacionario durante 2019 y 2020 prenden fuego a todos los libros de la teoría económica clásica, liberal y monetarista. Durante la mayor parte de 2019, la emisión fue cero y la inflación se disparó al 54% anual, redondeando un promedio anual de 40,6% durante toda la gestión Macri. En 2020, se recurrió a la emisión para solventar el esquema de ayuda económico social demandada por la pandemia, y la inflación bajó 20 puntos.
Pero el proceso inflacionario es multicausal. Un tope que reprimió el índice fue la falta de liquidez fruto de la crisis recibida por el gobierno y aumentada por la pandemia. No sería raro que a medida que se recupere el poder adquisitivo de la población, la inflación reanude su ritmo.
El gobierno ha expresado su preocupación por los precios, que son el efecto del proceso inflacionario, y poco ha hecho por las causas. Los precios cuidados y los precios máximos implementados han dado poco resultado, y constituyen un remedio que no puede ser más que pasajero.
Uno de los precios más afectado es el del tipo de cambio. La devaluación del peso también es uno de los problemas graves, ya que al igual que con todo el proceso inflacionario, genera una brutal transferencia de recursos en perjuicio de trabajadores formales e informales, jubilados y desocupados.
El gobierno debe enfocarse en el aumento sostenido y diversificado de la productividad de bienes y servicios, como única forma de asegurar un horizonte sin inflación. Para ello, debe elaborar un detallado plan integral tendiente a ese objetivo. El presupuesto 2021, que según el ministro Guzmán incluye en plan, parte de la base que no habrá consecuencias de la pandemia y no prevé asistencia alguna a empresas y particulares, más allá de programas sociales muy específicos, con lo cual está enfocándose en el déficit fiscal y consecuentemente, en la emisión monetaria. No está mal, pero es insuficiente.
Aumento de camas de terapia intensiva En muy poco tiempo, y ante la urgencia planteada por la pandemia, en todo el país se pasaron de 8.521 a 12.023 camas de terapia intensiva, considerando las existentes en el sector público y en el privado. Ello permitió, aún en los peores momentos de la emergencia, que nunca el sistema fuera sobrepasado, evitando que ocurriera lo que pudo verse en otros países, con personas que se morían por no acceder al sistema de salud. En la provincia de Buenos Aires, el incremento de camas fue cercano a la duplicación. Esta mejora trasciende a la emergencia del COVID-19, ya que queda dentro de la infraestructura general del sistema sanitario, quedando para el futuro.
Doble indemnización por despido Desde el inicio de la gestión del Frente de Todos se declaró la emergencia ocupacional, estableciéndose la doble indemnización por despidos sin justa causa. Con la pandemia se prorrogó la medida, hallándose hoy vigente hasta mediados de 2021. Es difícil establecer cuántos despidos se evitaron con la medida, pero a modo de ejemplo, Estados Unidos, la primera economía del planeta, perdió más de un millón de puestos de trabajo durante la pandemia.
Estrategias contra el COVID-19
Desde que desató la pandemia, el gobierno se vio obligado a actuar sin manual de instrucciones, ensayando, acertando y equivocándose permanente. Sólo tenía como referencia lo que venía pasando en el resto del mundo, unos pocos días antes.
La primera respuesta fue unificada entre los gobiernos nacional y provinciales, lo que además generó liderazgo y popularidad para el presidente y los principales gobernadores. La implementación de la cuarentena fue extendiéndose en el tiempo, y con ello, desgastándose a medida que las semanas pasaban y los números de contagiados y fallecidos crecían dramáticamente.
Está claro que sin cuarentena, todo hubiera sido peor. La medida lentificó la velocidad de los contagios inevitables, permitiendo armar un sistema de salud más apto para enfrentar el aluvión de casos positivos.
Pero el Estado –en sus distintos niveles- estuvo ausente durante la mayor parte de la cuarentena en cuanto a la verificación del cumplimiento, y en el juzgamiento y castigo de quienes desobedecieron las medidas sanitarias, infringiendo así la legislación penal. Apelar a la responsabilidad social y personal es utópico y un camino a la nada. Toda prohibición que no conlleva una consecuencia efectiva contra quien incumple, es un bastón de cristal.
Además, al permitir que cada provincia –y cada municipio- tuvieran distintos regímenes, generó un caos normativo, en el que la mayoría de la población tenía confusión sobre sus derechos y obligaciones.
Cuando el gobierno nacional derogó el aislamiento social obligatorio, para pasar al distanciamiento, aquél ya había sido derogado de hecho por la sociedad. En las últimas fiestas y en los centros de veraneo actualmente puede verse cómo también la sociedad derogó de hecho el distanciamiento social, asegurando un alud de nuevos contagios, con cifras que se acercan al peor momento de la pandemia, entre septiembre y octubre últimos.
Finalmente, el toque de queda que iba a decretarse terminó siendo una diluida recomendación, que fracasará si se repite el modelo de que cada provincia lo aplique a su manera, y si el Estado no actúa con firmeza con los que no lo cumplan.
Legalización del aborto Luego de un intenso debate social, finalmente fue legalizada y despenalizada la interrupción voluntaria del embarazo, haciendo prevalecer los argumentos de carácter social y sanitario por sobre los morales y religiosos. La medida tiende a evitar los abortos clandestinos y a brindar un piso real de igualdad a las mujeres. A diferencia del intento anterior, en 2018, en esta ocasión el gobierno se involucró directamente en el resultado, por lo que su aprobación es un evidente éxito político.
Seguridad Cuando Alberto Fernández armaba su gabinete antes de asumir, sonaba el nombre de Diego Gorgal como número puesto para el Ministerio de Seguridad, con experiencia en el tema en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia. Sorpresivamente, la designada fue la antropóloga Sabina Frederic, de quien no se conocían antecedentes de gestión en el área, más allá de sus investigaciones sobre el tema.
La gestión de Mauricio Macri había tomado al tema de la seguridad como uno de sus caballitos de batalla, con mucho marketing, algunos resultados positivos y muchas controversias. La actual gestión no muestra mejores resultados, ni tampoco comunica cuáles son los ejes de sus políticas en el área, más allá de algunas exposiciones genéricas.
Las diferencias de visión con su par bonaerense Sergio Berni, también generaron no pocos desencuentros. Más allá de los nombres, es fundamental que se adopten políticas concretas que transformen la realidad, y no meras gestiones administrativas de lo que ya está. El mal de la inseguridad está instalado en los grandes centros urbanos desde hace décadas, sin que se vean resultados positivos perdurables.
Vacunas contra el COVID En medio del recrudecimiento de la pandemia, el gobierno logró la contratación de 15 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Laboratorio ruso Gamaleya. Esta fue la primera vacuna registrada en el mundo, y su obtención representa para la Argentina un logro evidente, sobre todo si se considera que Rusia se comprometió a entregarle casi la mitad de su stock, lo que le generó al Presidente Vladimir Putin no pocas críticas en su país. Pese a los pronósticos agoreros, la Argentina logró que llegaran al país 300.000 dosis antes de fin de año, cumpliendo con lo justo la promesa presidencial de comenzar el plan de vacunación durante 2020.
También el gobierno logró que se comenzara a producir en nuestro país, la vacuna AstraZeneca, desarrollada junto a la Universidad de Oxford. El proceso de producción involucra al Grupo Insud de Hugo Sigman, previéndose el fraccionamiento en México, y la distribución por toda América Latina.
Asimismo, el gobierno está cerca de cerrar un acuerdo con China, para comprar un millón de dosis de Sinopharm, las que estarían en el país a fines de enero.
Pese a haber sido el país que mayor cantidad de voluntarios aportó a su desarrollo, aún no se arribó a un acuerdo con el laboratorio Pfizer, el que según el ministro de Salud, Ginés González García planteó “condiciones inaceptables” para su contratación. Aún así, fuentes gubernamentales manifiestan que siguen las negociaciones.
Medidas económicas El presidente Alberto Fernández se ha expresado reticente a la elaboración de un plan económico integral, prefiriendo en la gestión del día a día, la elaboración de medidas específicas para resolver problemas.
Pero lo contrario a la planificación es la improvisación. Y el peronismo fue siempre planificador. Basta recordar los planes quinquenales y trienales, con los cuales se abarcaba a la totalidad de la actividad económica, trazando objetivos y diseñando acciones para conseguirlos.
Está claro que los grupos económicos siempre se van a oponer a las intervenciones del Estado en la economía. Pero ellas son necesarias cuando la producción de bienes y servicios está concentrada en pocos grupos, siempre y cuando responda a un proyecto integral elaborado privilegiando el interés nacional y el bienestar del pueblo.
El ministro Martín Guzmán ha corregido parcialmente esa aseveración, al destacar que en el presupuesto aprobado por el Congreso reside el plan económico para el año 2021. En ese período, se prevé un fuerte impulso a la obra pública y a la vivienda como vectores principales de la política económica, tendientes al aumento de la productividad y el empleo. Igualmente, un plan económico previsto para sólo un año es poca cosa.
Tras un año de economía planchada a nivel global, se prevé un crecimiento del 5 al 5,5% y la oferta de crédito internacional barato. También está subiendo de manera sostenida el precio internacional de los commodities. La Argentina tiene que tener una estrategia para aprovechar de manera óptima este contexto favorable tras la crisis, que significa para el país una caída del PBI del 12% en 2020.
Como medida puntual, puede destacarse la línea de créditos destinados a capital de trabajo y refinanciación de pasivos a tasas subsidiadas de entre el 10 y 24%, con garantías del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR). El financiamiento será por un total de $248.000 millones y la asistencia llegará a 86.700 PyMEs de todo el país. Parte de los fondos se canalizarán vía instituciones financieras provinciales, de forma de garantizar el acceso federal al financiamiento.
El gobierno ha expresado su deseo de crear el Consejo Económico y Social, un ámbito de discusión y elaboración de estrategias a largo plazo, en donde estén representados todos los sectores de la producción y el trabajo. Así como en 1945, el Consejo Nacional de Posguerra fue la cuna de lo que luego fue el Plan Quinquenal, el CEyS bien podría llevar a cabo la misma tarea, dado que la pospandemia será una situación comparable a la posguerra de 1945. Como en ese entonces, el rol del Estado será fundamental en la reconstrucción de la economía argentina.
Asimismo ha surgido el Consejo Agroindustrial Argentino, un conglomerado de más de cincuenta entidades relacionadas con la cadena agroalimentaria, con el objetivo de sancionar un régimen legal que asegure por diez años las reglas de juego productivas y exportadoras para el sector. Ha mantenido reuniones con las principales autoridades del gobierno, pero ello aún no se ha traducido en un proyecto concreto.
Las Islas Malvinas no reconocidas por la Unión Europea como parte de Gran BretañaDentro del marco del acuerdo de salida del Reino Unido, la Unión Europea excluyó a los territorios de ultramar de sus beneficios. El Gobierno argentino había solicitado a los cancilleres europeos que en las negociaciones post-Brexit, las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur fueran consideradas territorio en litigio y no británico. La decisión le da oxígeno al reclamo argentino de soberanía en el ámbito de la diplomacia mundial.
El caso Vicentín y el rol del Estado en la exportación de alimentosEl grupo Vicentín había recibido del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, una serie de créditos que ascendieron a U$S 300 millones, de los cuales 105 fueron otorgados en noviembre de 2019, cuando ya era evidente la cesación de pagos del grupo, llevado a la quiebra y posterior vaciamiento por desmanejos financieros y hechos de corrupción. Cabe aclarar que la caída de Vicentín se produjo en forma abrupta en la segunda mitad de 2019.
Así quedaron colgados a 2.600 acreedores, principalmente productores agrícolas pequeños y medianos, acopiadores y otros prestadores servicios. El conglomerado santafecino fue además, un generoso aportante a la campaña de Juntos por el Cambio.
El gobierno nacional dispuso la intervención del holding, para evitar su vaciamiento y que la masa de acreedores, en especial los productores, quedaran sin cobrar, y con ello, pusieran en peligro su propia supervivencia.
Pero se desató una feroz campaña política y mediática para bloquear la medida, alegando una presunta intención de estatizar la economía, al estilo de Venezuela. Con una fuerte presión sobre la justicia santafecina, los responsables del vaciamiento de Vicentín lograron parar la intervención.
Posteriormente, el gobierno dio marcha atrás y se dejó a la empresa librada a su suerte.
Recientemente, el juez de la quiebra dispuso la intervención judicial, dejando en sus puestos a los directivos originales, por la omisión recurrente y sistemática de brindar las informadas requeridas por el tribunal.
En la causa penal que tramita en la justicia federal de la Capital, la fiscalía acusó a Javier González Fraga y los principales directivos de la empresa, pidiendo su inhibición general.
Dentro del gobierno, se abrió un debate sobre qué hacer con ese grupo, el sexto exportador de cereales y oleaginosas de la Argentina, en la campaña 2018/2019. Dado que el país tiene a su principal rubro exportador en manos extranjeras, sin que ningún agente estatal –empresa o dependencia pública- intervenga en el comercio exterior del mismo, algunos vieron en la intervención o incluso en la estatización de Vicentín, la posibilidad de que el Estado Nacional fuera un actor de peso que influyera en el proceso de la producción y exportación de commodities, en el precio interno de los alimentos y en el equilibrio del tipo de cambio real, asegurando un continuo flujo de divisas.
Brasil, con el café; Bolivia con el gas; Chile con el cobre y Venezuela con el petróleo tienen organismos estatales que intervienen en favor del interés nacional y en beneficios de sus productores y consumidores locales. La Argentina deja el negocio de cereales y oleaginosas principalmente en manos de poderosas corporaciones multinacionales. La caída de Vicentín profundiza esa tendencia.
El caso Vicentín fue la muestra de la falta de planificación integral de la economía, actuando de manera aislada sobre un tema sin considerar su interacción con los demás, y la falta de convicción de caminar en un rumbo determinado a pesar de las adversidades y de la oposición de los grupos de poder afectados.
Tratamientos anti COVID desarrollados en Argentina La Argentina desarrolló dos tratamientos contra el COVID-19, el uso de plasma y el suero hiperinmune, ambos con resultados favorables y reconocidos por la comunidad científica internacional. En el caso del segundo, en estos días está llegando a los hospitales para su aplicación.
Comunicación oficialLa publicidad de los actos de gobierno es uno de los puntos más débiles de la gestión. Un rubro en el que pierde por goleada con su oponente de Juntos por el Cambio, expertos en marketing y comunicación.
Quizás el Presidente desatiende el tema, o puso a su cargo a verdaderos amateurs, porque ganó las elecciones a la antigua, apoyándose en aparatos, recorriendo el país y criticando al anterior gobierno, que le ofreció abundantes flancos donde golpear.
El Gral. Perón en Conducción política, decía que uno de los principales roles del conductor era el de persuadir, y que había que invertir todo el tiempo que fuera necesario en ello. Pero la teoría moderna de la comunicación política estudia los modos de hacerlo eficazmente. La comunicación, y más ampliamente, el lenguaje, no está sólo para describir la realidad, sino para crearla.
Para ello es fundamentar hablarle a las emociones del ciudadano, no tanto a su parte racional, que no es la que toma las decisiones.
El Presidente se expone más de la cuenta hablando a diario con distintos medios, mostrando con frecuencia sus enojos y su impotencia frente a algunos temas. Ello lo desgasta y degrada su liderazgo. Es fundamental que Alberto Fernández seleccione más finamente cuáles son los contenidos que va a comunicar, a quiénes y a través de cuáles medios.
El perfil comunicacional de Alberto durante los primeros tiempos de la pandemia fue impecable, transmitiendo sensibilidad, protección y seguridad. Mostró la imagen de un gobierno que tomaba decisiones, y ello fortaleció su liderazgo.
Luego fue desgastándose, por el rigor de la pandemia, los resultados desfavorables y la falta de otros jugadores que salieran a la cancha. El Presidente debe dar sólo buenas noticias. Para las malas, están los ministros y secretarios.
Así, el rol de la comunicación fue ejercido de manera desigual por los miembros del gabinete. Santiago Cafiero tardó algunos meses en aparecer, pero luego ocupó su lugar y contribuyó a aligerar la carga comunicacional del Presidente. Ministros como Daniel Arroyo, Martín Guzmán o Agustín Rossi se dirigen a la población con seguridad y solvencia, dando la sensación que están en control de la situación. Otros tienen un discurso moldeado en generalidades que repiten mecánicamente y a otros, directamente no se les conoce el tono de su voz.
El gobierno no usa a fondo sus recursos comunicacionales. Los medios audiovisuales del Estado siguen mostrando niveles de audiencia muy pobres, por lo que no logran influir en la opinión pública. Son más eficientes en su ayuda grupos privados como C5N-Radio 10, o Página12-AM 950.
Frente al gobierno, los grandes grupos multimediáticos se han erigido como el verdadero challenger del gobierno. Actúan con precisión, unidad de concepción y de acción y continuidad en la meta de esmerilar al gobierno. Atacan sistemáticamente, con noticias verdaderas o falsas, con opiniones que llevan siempre a la indignación, con operaciones prolijamente armadas y replicadas a través de sus distintas plataformas. Una batalla desigual en donde de un lado hay un ejército profesional y del otro un puñado de boy-scouts.
Más aún si se confirma que el multimedio La Nación –hoy en continuo crecimiento- tiene entre sus dueños a Mauricio Macri. Así no quedarían dudas de que los medios de comunicación son protagonistas y no simples relatores de la política.
Reforma del índice de movilidad jubilatoria Se reestableció el sistema de actualización vigente entre 2008 y 2017, que ataba el índice a la evolución del salario y de la recaudación fiscal. Con ello, la masa de jubilados y pensionados se beneficiaba en períodos de crecimiento económico del país, y se perjudicaba en momentos de retracción económica, pero no comprometía las arcas del Estado, más allá del problema recaudatorio que en sí encierra la falta de crecimiento.
El gobierno de Mauricio Macri modificó el sistema, vinculando la movilidad al índice inflacionario y al de salarios. Ello perjudicó a los jubilados durante su mandato, al perder 20% de su valor adquisitivo, y le dejó una bomba de tiempo al actual gobierno, al terminar su mandato con una inflación del 54%.
Apenas asumido Alberto Fernández, el Congreso suspendió el índice, autorizando al Poder Ejecutivo a dar aumentos discrecionalmente hasta la sanción de un nuevo índice por ley. Para el gobierno ello significó pagar el costo político de no abonar el aumento conforme el sistema de Macri, que en este caso beneficiaba a los jubilados. Finalmente, en diciembre se aprobó reactivar el sistema de 2008-2017, con leves modificaciones.
Declaración de Internet, telefonía celular y TV por cable como servicios públicosEl gobierno declaró a los servicios de telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable, como servicios públicos esenciales y en competencia. Fruto de ello, entró en vigencia la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU).
La medida se funda en considerar que dichos servicios constituyen un derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas. Para ello, intenta fijar reglas para asegurar un uso equitativo, justo y a precios razonables, con variedad de ofertas.
Pueden acceder al beneficio quienes tengan la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, como así también sus hijos e hijas de entre 16 y 18 años, y miembros de su grupo familiar; beneficiarios y beneficiarias de Pensiones No Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos (2) salarios mínimos vitales y móviles, como así también sus hijos e hijas; clubes de barrio y de pueblo que se encuentren registrados conforme lo dispuesto por la Ley 27.098; asociaciones de bomberos voluntarios definidas por la Ley 25.054 como entes de primer grado y que estén registrados en los términos de dicha ley, y entidades de bien público definidas por la Ley 27.218, entre otros y otras.
Leyes de economía del conocimiento y teletrabajo En este período se sancionaron dos normas que regulan actividades típicas del siglo XXI, no previstas en la legislación vigente hasta 2019.
En octubre de 2020 se sancionó la ley 27.570, que ofrece beneficios fiscales para fomentar las actividades de la economía del conocimiento, tales como nuevas tecnologías, la industria del software, la nanotecnología, la biotecnología, las industrias audiovisual, aeroespacial y satelital, y la ingeniería para la industria nuclear y la robótica. Recientemente, el Poder Ejecutivo la reglamentó.
También se sancionó la ley 27.555, que regula el teletrabajo, estableciendo como principios la igualdad, la voluntariedad, la reversibilidad, la protección a la remuneración, el derecho a la desconexión, la provisión del material y la compensación por gastos, entre otros.
Política judicial El gobierno envió al Congreso un proyecto que unifica la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, la creación de 23 juzgados en lo Penal Federal con asiento en CABA, y la instrumentación del Código Procesal Penal Federal, que incluye el nuevo sistema acusatorio, con un rol más activo de los fiscales. También dispone la transferencia de la totalidad de la competencia penal no federal a CABA y la creación de cinco Tribunales Orales en lo Criminal Federal con asiento en CABA. El proyecto ya tiene media sanción del Senado.
También creó una comisión asesora para la reforma judicial, la que propuso la sanción de una ley orgánica para la Corte Suprema, la ampliación y equilibrio de representación en el Consejo de la Magistratura, creación de tribunales intermedios, y recomendaciones sobre el funcionamiento del Ministerio Público.
Lamentablemente, el tema de la Justicia tiene un lugar preponderante en la agenda de la grieta que divide a la sociedad argentina. Así es que muchos miembros del Poder Judicial no han demostrado neutralidad política en los últimos años, para un lado o para el otro. Cualquier modificación que se haga sobre el Poder Judicial que no surja del consenso corre riesgos de ser dejada sin efecto apenas cambie el signo político del gobierno nacional.
Protección a Evo Morales El 20 de octubre de 2020 se realizaron las elecciones presidenciales en Bolivia, en las que el presidente Evo Morales buscaba su cuarto mandato, habilitado por la Justicia para competir. En medio de una fuerte tensión política, Morales fue declarado ganador en primera vuelta –con lo justo- el viernes 25 de octubre, derrotando a Carlos Mesa. Inmediatamente, a pedido del gobierno, la Organización de Estados Americanos (OEA) inició una auditoría para verificar si hubo irregularidades en la elección.
Tras ello, se iniciaron atentados contra autoridades legítimas e incidentes violentos en distintos puntos de Bolivia, liderados por Luis Fernando Camacho, denunciando Morales que ello se trataba en un golpe de estado en curso. En dichos sucesos, se registraron 32 muertos y 715 heridos.
El 10 de noviembre Morales anunció la convocatoria a nuevas elecciones, pero el mismo día un movimiento militar lo obligó a renunciar, mientras parte de su gabinete recibía amenazas y persecuciones. Tras distintas renuncias en la cadena sucesoria, terminó asumiendo la presidencia Jeanine Añez, vicepresidenta segunda del Senado.
Alberto Fernández, presidente argentino electo, consideró que la asonada configuraba un golpe de estado, y en una operación coordinada con Andrés López Obrador, presidente de México, ofrecieron protección a Evo Morales, quien en primer término se dirigió de urgencia allí, para luego venir a la Argentina una vez asumido Fernández.
De no haber actuado de ese modo, corría peligro la vida del presidente boliviano depuesto, amén de haber procedido el gobierno sedicioso de Bolivia a una detención ilegal.
Tras un año de ejercicio de hecho del poder, Añez convocó a elecciones, y el 18 de octubre de 2020, resultó electo en primera vuelta, con el 55% de los votos el candidato apoyado por Morales, Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La posición argentina fue principista, pero además efectiva en términos políticos, dado el final de la historia.
Satélite nuevo El 20 de agosto fue puesto en órbita desde Cabo Cañaveral el satélite SAOCOM 1 B, diseñado y fabricado íntegramente en la Argentina, por INVAP S.E., bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). La unidad está destinada a observación y generación de imágenes de la Tierra con fines aplicados principalmente a la producción agrícola.
Este lanzamiento se une al del satélite SAOCOM 1 A, en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, y a los satélites SAC D Aquarius, ARSAT 1 y ARSAT 2, puestos en el espacio durante la gestión de Cristina Fernández.
Estrategias contra el COVID-19 Desde que desató la pandemia, el gobierno se vio obligado a actuar sin manual de instrucciones, ensayando, acertando y equivocándose permanente. Sólo tenía como referencia lo que venía pasando en el resto del mundo, unos pocos días antes.
La primera respuesta fue unificada entre los gobiernos nacional y provinciales, lo que además generó liderazgo y popularidad para el presidente y los principales gobernadores. La implementación de la cuarentena fue extendiéndose en el tiempo, y con ello, desgastándose a medida que las semanas pasaban y los números de contagiados y fallecidos crecían dramáticamente.
Está claro que sin cuarentena, todo hubiera sido peor. La medida lentificó la velocidad de los contagios inevitables, permitiendo armar un sistema de salud más apto para enfrentar el aluvión de casos positivos.
Pero el Estado –en sus distintos niveles- estuvo ausente durante la mayor parte de la cuarentena en cuanto a la verificación del cumplimiento, y en el juzgamiento y castigo de quienes desobedecieron las medidas sanitarias, infringiendo así la legislación penal. Apelar a la responsabilidad social y personal es utópico y un camino a la nada. Toda prohibición que no conlleva una consecuencia efectiva contra quien incumple, es un bastón de cristal.
Además, al permitir que cada provincia –y cada municipio- tuvieran distintos regímenes, generó un caos normativo, en el que la mayoría de la población tenía confusión sobre sus derechos y obligaciones.
Cuando el gobierno nacional derogó el aislamiento social obligatorio, para pasar al distanciamiento, aquél ya había sido derogado de hecho por la sociedad. En las últimas fiestas y en los centros de veraneo actualmente puede verse cómo también la sociedad derogó de hecho el distanciamiento social, asegurando un alud de nuevos contagios, con cifras que se acercan al peor momento de la pandemia, entre septiembre y octubre últimos.
Finalmente, el toque de queda que iba a decretarse terminó siendo una diluida recomendación, que fracasará si se repite el modelo de que cada provincia lo aplique a su manera, y si el Estado no actúa con firmeza con los que no lo cumplan.
Aporte solidario Tras meses de debate parlamentario y mediático, fue sancionada la ley 27.605, que creó el aporte solidario y extraordinario que grava por única vez las grandes fortunas de personas humanas (personas físicas, no jurídicas), con alícuotas progresivas del 2% al 5,25%. Quedan incluidos los patrimonios que superen los 200 millones de pesos, lo que equivale a decir que no más de 10.000 personas quedaron alcanzadas.
La norma establece el destino específico de los fondos que se recauden, los que están vinculados a morigerar los efectos sanitarios, sociales y productivos de la pandemia.
Si bien el principio rector de la medida –que los que más ricos contribuyan solidariamente en favor de los más pobres en un contexto de crisis- resulta impecable, la norma tiene dos aspectos que relativizan su impacto.
No queda claro cómo el Estado se asegurará su cobro, ya que éste dependerá de la eficacia de la AFIP la detección de posibles evasores.
Y ya que el proceso de negociación y sanción fue tan arduo, ¿por qué no se estableció su carácter permanente? Mucho costo para poco beneficio. Quizás para el futuro, en una reforma tributaria integral, deba incluirse definitivamente este proyecto, evitando la doble imposición con el Impuesto a los Bienes Personales.
El argumento de que la Argentina ya tiene una presión tributaria excesiva y que no daría margen para un nuevo tributo, se desvanece si pensamos que es un aporte extraordinario y no un impuesto lo que se ha creado. Por eso mismo, es que es necesaria una reforma tributaria integral que preserve los ingresos del estado, y a la vez promueva la productividad y el empleo. Difícil desafío, pero necesario.
Clima de confrontación Cuando asumió la Presidencia, Alberto Fernández habló que quería ser el Presidente que pusiera fin a la grieta, al odio y a la división entre argentinos. Mauricio Macri cuatro años atrás dijo lo mismo.
Pero la grieta es un negocio funcional al gobernante de turno y a su principal opositor, porque polariza, saca del juego a los moderados, y logra alinear a la sociedad en dos bandos según sean las emociones que logran despertar.
También es una ganga para los principales multimedios, que generan así horas y páginas de denuncias, diatribas e imputaciones, en lugar de consagrarlas al análisis de las posibilidades de nuestro país, en medio de coyunturas que siempre son difíciles.
La grieta también paraliza los proyectos nacionales, obstruye los procesos de transformación y desenfoca a los dirigentes de sus objetivos centrales. Nos lleva constantemente la vista hacia atrás, en lugar de mirar el futuro. Cambia las prioridades, logrando poner en primer lugar a lo meno importante y postergando las cuestiones estructurales.
Enfocarse en la gestión dará mejores resultados al gobierno, y fortificará su liderazgo a mediano y largo plazo.
Buenos Aires, 11 de enero de 2021
No hay comentarios:
Publicar un comentario