En octubre de 2019,
luego de cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, el pueblo argentino volviá a depositar su
confianza en el peronismo. En primera vuelta, la fórmula Alberto
Fernández-Cristina Fernández Kirchner se impuso por ocho puntos de ventaja. La
novedad del Frente de Todos –unión del kirchnerismo, el massismo y el peronismo
no kirchnerista- fue la reunificación
del justicialismo, luego de la diáspora generada en los años precedentes. También
fue original la propuesta de una fórmula en donde la principal referente se
quedaba en el segundo lugar.
A pocos meses de asumir en diciembre de 2019, explotó en el mundo la pandemia del coronavirus. La Argentina la afrontó como pudo, con aciertos y errores, partiendo desde un lugar de estancamiento económico, inflación creciente, problemas sociales acuciantes y desinversión en el sistema de salud.
Desde el primer momento, el gobierno del FDT sufrió como ninguno el ataque despiadado de la oposición, concentrada principalmente en los multimedios. Durante el momento más peligroso de la pandemia, se estimuló a la población a rebelarse contra las medidas sanitarias, a juntarse en en lugares públicos e incluso a beber detergente para matar el virus.
Cuando la pandemia empezaba a ser controlada, se desató la guerra entre la Federación Rusa y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en territorio de Ucrania. Pocos días antes del primer ataque ruso, Alberto Fernández había estado reunido con Vladimir Putin, ofreciendo a nuestro país como aliado politico y económico. Rusia había sido el primer país del mundo que envió vacunas contra el COVID a la Argentina. Con el devenir del conflicto, Argentina intentó no dañar sus relaciones con los Estados Unidos, y tomó distancia de Rusia.
Luego, el
gobieno padeció los males de una sequía sin precedentes, que le implicó perder veinte mil millones de dólares en divisas, agravando las causas que produjeron una inflación que trepó al 200% anual al final de la gestión de Alberto Fernández.
Pero más allá de
este contexto claramente desfavorable, el gobierno cometió errores básicos, en
especial tres: falta de liderazgo, pésima comunicación e incompetencia en la
gestión de gobierno en materia financiera.
Destacar ello no debería impedir ver algunos logros de la gestión, tales como un leve aumento en la productividad, una fuerte política social y una sostenida política de inversion en obra pública, en especial, el gasoducto Néstor Kirchner, terminado en tiempo récord.
Quizás ello explique que pese al pésimo momento económico vivido por la mayoría de las familias argentinas, el ex FDT -luego Unión por la Patria- quedó a tres puntos porcentuales de consagrar al ministro de economía Sergio Massa como presidente en primera vuelta.
Pero el ganador sorpresivo fue Javier Milei, un economista-panelista que se destacaba más por sus exhabruptos que por la coherencia de sus propuestas.
Favorecido por un contexto internacional amigable, y por una oposición desarticulada y sin propuestas, Milei avanzó sin obstáculos con una política económico social diferente a la propuesta en campaña: combatir a la inflación con el catecismo monetarista, castigar a la producción, desfinanciar programas sociales, sanitarios y educativos, y alinearse sin chistar con Estados Unidos e Israel.
A pesar de todo, hay perspectivas para los próximos años que son alentadoras para la Argentina. La puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, la explotación creciente del yacimiento de Vaca Muerta, los descubrimientos de las nuevas áreas de hidrocarburos de Mar del Plata y Santa Cruz (Palermo Aike), la perspectivas de producción de litio e hidrógeno verde y la creciente demanda de alimentos, conforman un panorama de esperanza, frente al continuo mensaje de desánimo que siempre han difundido los medios y gran parte de la dirigencia política.
Hacemos este aporte de ideas enunciadas en términos generales, para que los especialistas las profundicen. La oposición, y en especial el peronismo, padecen de la falta de un liderazgo nacional y de un conjunto de ideas rectoras que representen una alternativa a los dogmas que hoy promueve el liberalismo en sus distintas versiones, como verdades únicas e irrefutables.
Aquí mostramos un camino diferente, inspirados en la doctrina justicialista y sus principales ejes ideológicos, adaptados a la realidad argentina del siglo XXI.
Más allá de las cuestiones de coyuntura, las propuestas expuestas en el punto IV del presente, son pensadas para desarrollar en un plazo de veinte años. Es necesario pensar en grande y a largo plazo, para las futuras generaciones de argentinos.
40 DECISIONES está concebido para generar un proyecto nacional y popular, basado en ideas posibles y osadas a la vez, soñando en grande y confiando en el gran potencial de la Argentina.
Buenos Aires, noviembre de 2025
1. TRANSFORMAR EL CLIMA POLÍTICO
Hay que abandonar toda política oficial o paraoficial de estímulo de la confrontación, a través de funcionarios o referentes políticos gubernamentales.
Para reconstruir las bases de una Nación
soberana, democrática, republicana y federal, el Estado debe retomar –dentro de
su poder de decisión para el planeamiento estratégico- su rol orientador en una
sociedad pluralista y participativa, facilitando el fortalecimiento de los partidos políticos.
En este punto, es de destacar que se ha utilizado al Poder Judicial como terreno de combate para los polos antagónicos. Teniendo en cuenta las
irregularidades existentes en sus procesos judiciales, en los que se ha actuado
en base a un ánimo de persecución política y no de sana vocación de justicia,
hay que proceder a indultar en las causas que aún se les siguen, a las ex
Presidentas de la Nación María Estela Martínez de Perón y Cristina Fernández de
Kirchner, y a la dirigente social Milagro Sala.
2. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD
Implementar un plan integral que incluya la revisión de las leyes de fondo, la reforma de la legislación procesal, dotar al Poder Judicial de los recursos necesarios, reformular los criterios jurídicos de numerosos magistrados, jerarquizar moral, económica y técnicamente a las fuerzas policiales, trabajar en conjunto con las ONGs especializadas en función de prevenir el delito, reestructurar los sistemas carcelarios, mejorar la infraestructura urbana para evitar la proliferación de delitos y la impunidad de quienes los cometen.
Frente a las novedosas formas del delito, hay
que animarse a llevar adelante algunas soluciones creativas, tales como
designación de fiscales y comisarios con
participación popular, previa selección del Ministerio correspondiente; y
la implementación del juicio por jurados,
previsto en la Constitución, con participación del 50% de legos y 50% de
abogados.
Fortalecer a la Policía Federal Argentina, como principal responsable de la lucha contra el delito organizado –narcotráfico, ciberdelito, organizaciones mafiosas- aumentando sus recursos y su personal.
Implementar una profunda reforma política que incluya transferir atribuciones del Ministerio del Interior hacia la Justicia Federal.
Las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) están suspendidas, pero no han sido derogadas. Estimamos oportuno mantenerlas pero haciendo más flexibles los mecanismos de las candidaturas, permitiendo, por ejemplo, que un candidato a presidente derrotado en una PASO pueda ser vice de su vencedor.
También debe modificarse la representación en
el Congreso: actualmente, la Cámara de Diputados de la Nación está compuesta
por 257 legisladores. Según la teoría constitucional, ellos representan al pueblo de la nación argentina, siendo
el Senado, la cámara en donde se hallan representadas las provincias argentinas
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, la cantidad de diputados nacionales que elige cada provincia tiene que guardar relación con el volumen de población de cada una de ellas. Según los parámetros utilizados desde 1973 hasta la fecha, la Provincia de Buenos estaría claramente subrepresentada, ya que debería tener aproximadamente 120 legisladores, y tiene sólo 70.
Estimamos que sería más conducente fijar un número permanente de diputados, y que el reparto según la población se realice en la elección siguiente a cada censo, cumpliendo el mandato constitucional.
Para contemplar ello, proponemos fijar la cantidad de diputados nacionales en 300 (trescientos), eligiéndose de una sola vez por el sistema proporcional D’Hondt, simultáneamente con el Presidente y Vice.
Asimismo, debe declararse la caducidad de todas las afiliaciones partidarias, y comenzar de cero un nuevo proceso de adhesión a los partidos políticos, bajo un nuevo régimen, lográndose así una adecuada y realista depuración de sus padrones. El mismo se deberá realizar ante autoridades oficiales judiciales o policiales o ante Escribano Público.
Proponemos también avanzar en una reforma constitucional, que implemente el sistema parlamentarista, a fin de mantener un conjunto de políticas de estado con carácter estable, evitando que cada nuevo gobierno destruya todo lo construido por su antecesor.
4. REFORMA JUDICIAL
Es necesario avanzar con mucha determinación en una reforma judicial, que implique nuevos tribunales federales en todo el país, y la despolitización de Comodoro Py. Hay que lograr una reforma constitucional que limite el mandato de los jueces, de todas las instancias, a siete años.
Respecto del juicio politico que se había iniciado a los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia, estimamos que procede su remoción y la designación de nuevos jueces, de probada competencia e imparcialidad.
5. LEY DE MEDIOS AUDIOVISUALES
Proponemos la vuelta a la aplicación de la ley
de medios audiovisuales, asegurando que
el poder ejecutivo ejerza su rol con
plenitud y respeto a la
ley, teniendo como fundamento la garantía a la libertad de expresión, la
diversidad de medios y el reparto justo de la pauta publicitaria oficial evitando favoritismos. El
gobierno de Mauricio Macri modificó por decreto esta ley, confeccionando un traje
a medida del grupo Clarín, situación que no fue modificada por Alberto
Fernández. Proponemos su derogación
inmediata.
También es necesario incorporar al marco de la ley a los nuevos medios digitales, en toda su variedad y extensión. Si bien el control puede ser ilusorio en este caso, el Estado debe reformular sus propios medios.
6. RED DE MEDIOS ESTATALES
Debe fortalecerse la red estatal de medios, administrada por ejecutivos idóneos designados por el Congreso. Los mismos
deben ser pluralistas, y dedicar prioritariamente sus espacios a difundir las
expresiones de la cultura nacional, y
la obra de gobierno para que ésta sea conocida por la población, es especial
aquéllas medidas que garantizan derechos a la misma. Unificar todos los medios
del Estado Nacional en un solo multimedio.
Desarrollar desde el Estado una política moderna de comunicación, utilizando inteligentemente las redes sociales, aggiornando el mensaje a los modos actuales.
Teniendo en cuenta la situación monopólica de los actuales medios de comunicación y del insólito fallo que le negó a los servicios de telefonía celular, internet y televisión por cable o antena satelital, el carácter de servicios públicos esenciales, proponemos la creación de una empresa estatal que brinde los mismos a precios accesibles para la población. Sugerimos que su nombre sea “Simi” (comunicación, en quechua). El alcance de la empresa puede garantizarse gracias a los satélites puestos en órbita en los últimos gobiernos justicialistas.
7. FUNCIONARIOS POR CONCURSO
Designar a todos los funcionarios con rango de Director General o
Director Nacional para abajo, por concurso
público de antecedentes, con jurados que garanticen imparcialidad política.
Así ocurre en todos los países importantes del
mundo como Estados Unidos, Alemania, Francia, India, China, Japón, Brasil, etc.
Las excepciones se encuentran en Asia y America Latina.
Este mismo sistema de concursos debe aplicarse a los órganos de control, como la SIGEN, la Auditoría General de la Nación o los relacionados con el sector de servicios públicos. Hay que alejar el control de la política partidaria.
Es importante suprimir un nivel del organigrama del Poder Ejecutivo
Nacional. En el primer rango, estarán los ministerios y las secretarías
dependientes de la Presidencia; en el segundo rango, los departamentos
–confluyendo secretarías y subesecretarías dependientes de ministerios- y en el
tercer rango, las direcciones generales o nacionales. Las agencias dependerán directamente
de la Jefatura de Gabinete. Las razones son presupuestarias y de agilidad en la
gestión.
Tambièn hay que crear el Instituto Superior de Formaciòn de Agentes Pùblicos (ISFAP) un ente educativo que forme a los agentes de la administraciòn pùblica, desde los ministros hasta los puestos más humildes. Dicho organismo debe ofrecer una carrera especìfica para el ejercicio del servicio pùblico y cursos en los que se brinden herramientas y conocimientos idòneos para el mismo, incluyendo aquéllos relacionados con habilidades blandas, nociones de administraciòn, econcomìa, relaciones internacionales y otros, apoyados desde una perspectiva de defensa del interès nacional y popular. La cursada y aprobaciòn de éstos otorgarían promociones para el desarrollo de una carrera administrativa moderna que tienda a la eficiencia de su potencial humano.
8. PLAN ANTICORRUPCIÓN
Llevar a cabo una operación política masiva contra la corrupción al estilo del mani pulite italiano de 1992,
promoviendo investigaciones y llevando a juicio a funcionarios que hayan
cometido delitos en el ejercicio de su gestión, los anteriores y los actuales. Los
juicios deben ser impecables desde
la acusación, garantizando la defensa legítima, con una sentencia justa. Debe
reformarse el Código de Procedimientos para evitar las prisiones preventivas injustificadas, usadas como correctivo
politico.
Debe declararse la imprescriptibilidad de los delitos de
corrupción, debiendo ser considerados éstos de lesa humanidad,
ya que restan recursos para combatir el hambre, la pobreza, la inseguridad, las
enfermedades, el analfabetismo y las muertes por el ineficiente sistema de
transporte.
También debe aplicarse a los imputados el mismo régimen procesal que a los que falsificadores de moneda, secuestradores o narcotraficantes: no gozar del beneficio de la excarcelación. Además, debe incluirse en la condena, tanto en los delitos como en los daños al interés del Estado que no configuren delito, la obligación de devolver lo robado o compensar económicamente por el daño causado, tal como ocurre en Europa y los EE.UU.
Sin menoscabo de
su proyección industrial, energética, minera, turística y otras actividades
productivas del país y de las economías regionales, la Argentina debe
plantearse el objetivo estratégico del desarrollo horizontal y vertical del
complejo agro industrial como “locomotora” nacional.
También debe fortalecer la acción del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) alejándolos de manejos políticos partidarios y de
amenazas de despidos o cierres, facilitando su profesionalización y
especialización, en orden a la preservación del suelo estimulando la rotación
de los cultivos y el desarrollo y actualización tecnológica de procedimientos
para la industria alimenticia.
Debe promoverse con créditos blandos y el otorgamiento de tierras fiscales no explotadas la producción agrícola sustentable y familiar, favoreciendo la formación de cooperativas y la industrialización de los productos.
Con el fin de no depender de la importación, ahorrar dólares y bajar el costo de los insumos, proponemos la creación de la empresa estatal “Savia”, la que será una fábrica de agroquímicos, ubicada en plena Pampa Húmeda, contribuyendo a la soberanía agroalimentaria.
10. CONVOCATORIA AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
También en ella debe incluirse un programa
especial destinado a facilitar el primer empleo, sin que ello degenere en
situaciones de precarización laboral. En todas estas políticas, es fundamental
la acción conjunta del Estado, los
sindicatos y las
cámaras empresarias, detrás
de un programa
común de políticas de Estado.
11. REVISIÓN DEL ACUERDO CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
Deben revisarse los últimos acuerdos logrados con el Fondo Monetario Internacional, que son un obstáculo para desarrollar una política de desarrollo económico y generación y acumulación de reservas. Deben reformularse plazos y tasas de interés, tomando como base el
crecimiento del PBI y la generación de divisas a través de las exportaciones.
12. COPARTICIPACIÓN FEDERAL
Es necesario sancionar una
nueva ley que transfiera recursos del poder
central hacia las provincias y municipios, y que repare el aporte desigual
que viene entregando la Provincia de Buenos Aires. Hoy el 75% de los recursos
se los queda la Nación, pese a que la mayoría de los servicios los prestan las provincias. Hay que avanzar paulatinamente hacia un sistema en
que el 60% de los recursos fiscales sean para las provincias.
Debe modificarse lo establecido en el Pacto Fiscal del año 1992 por el cual
las provincias, para financiar el Sistema de Administración de los Fondos de
Jubilaciones y Pensiones cedieron el 15 % de los fondos coparticipables. Dicho
planteo tiene su sustento legal en el hecho de que en el año 2008 con la sanción
de la ley 26.425 de reestatización del sistema previsional, han variado las
circunstancias que llevaron a la concreción de tal Pacto Fiscal entre la Nación
y las provincias. Las más perjudicadas han sido Buenos Aires, Córdoba y Santa
Fe, por el volumen de fondos que las mismas generan. La devolución de dichos
fondos a la provincia de Buenos Aires implicaría la percepción de unos 5.200
millones de pesos adicionales que la provincia podría utilizar para salud,
educación o seguridad.
13. LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS
Hay que reformar la
norma vigente dando mayor autoridad al Banco Central, facilidades a la banca
nacional y cooperativa y control sobre las tasas de interés. En los últimos
años, el sistema financiero argentino sólo ofreció créditos accesibles para el
consumo, pero no para la producción.
En especial, para la compra de electrodomésticos que generalmente son
importados o armados en Tierra del Fuego. El estado, a través del Banco de
la Nación Argentina, y de la regulación emitida por
el Banco Central
, debe orientar todo el sistema
financiero a estimular la producción con tasas accesibles y plazos largos
de devolución.
Durante el gobierno de Milei, el 90% de las familias argentinas se han endeudado para cubrir gastos corrientes. Deben
refinanciarse a través de tasas negativas y duplicación de plazos, todas las
deudas financieras, bancarias y de tarjetas de crédito, para sacar de los
hombros de las familias el enorme endeudamiento contraido desde el gobierno de Macri, agravándose en la pandemia y llegando hasta el presente, y así aliviar sus economías dañadas
por la inflación.
También debe
darse una solución política a los deudores del sistema financiero que tomaron
deudas bajo la modalidad UVA, creada durante el gobierno de Mauricio Macri, y
no resuelta durante las gestiones de Macri y Milei.
14. REFORMA IMPOSITIVA
Debe modificarse el sistema de coparticipación federal, transfiriendo recursos a las provincias. El esfuerzo fiscal debe concentrarse en la lucha contra la evasión tendiendo a una disminución paulatina de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado, y a la eliminación de impuestos distorsivos como el de los débitos bancarios, o los que gravan actividades específicas.
Respecto
del Impuesto a las Ganancias, debe
elevarse el tope del mínimo no imponible a los trabajadores y autónomos, y
extenderse el mismo sobre las rentas
financieras y el juego.
Asimismo, hay que convertir el aporte solidario establecido en 2020, como un nuevo impuesto que tienda a una mejor distribución de la riqueza, volcando todo lo recaudado a obras de salud, educación y desarrollo social.
15. DEFENSA DEL VALOR DE LA MONEDA ARGENTINA
Hay que volver a tener un sistema restrictivo para la salida de dólares, a
fin de superar el actual nivel de reservas, sosteniendo una cotización del tipo
de cambio que permita la competitividad de los productos argentinos, y
desarrollando una política eficaz contra la inflación. Tender a la unificación
del mercado cambiario a través de un plan gradual.
16. PLAN DE DESARROLLO INDUSTRAL
Utilizando las tres herramientas básicas del Estado para la
promoción económica -el crédito, el
arancel y el impuesto- implementar un plan de desarrollo industrial, basado
en las negociaciones llevadas a cabo en el Consejo Económico y Social, fijando
prioridades de ramo y localización, en base a la mano de obra requerida. Tiene
que hacerse a largo plazo, dando seguridad
jurídica a los inversores.
Debe otorgar un fuerte apoyo crediticio y
técnico a la proliferación y la expansión de las pequeñas y medianas empresas que concentran la mayoría del empleo
nacional. El mismo debe incluir estímulos al diseño, la producción, el
marketing, la distribución de bienes, favoreciendo la creación de nuevos
circuitos productivos para los pequeños y medianos emprendedores, rescatando a
las personas y empresas que no disponen de los recursos materiales, pero sí
habilidades, conocimientos y voluntad de producir.
Frente a la creciente demanda mundial de proteínas de origen vegetal y animal, debe apoyarse especialmente a la industria de la alimentación, entendida como una unidad con la política agropecuaria, logrando que la Argentina pase de ser una potencia mundial en la producción de commodities a ser líder mundial de alimentos.
17. PLAN ANTI INFLACIONARIO
La inflación es el proceso de deterioro del valor de la moneda nacional. La misma se origina básicamente en el aumento de la emisión monetaria sin el debido respaldo de reservas y sin un consecuente aumento de la producción de bienes y servicios.
Entre 2003 y 2011, la política económica se
basó en dos superávit: el fiscal y el comercial, lo que garantizó liquidez y un
auge del consumo, disimulándose las falencias estructurales de la economía.
Desde 2012, se verifica un constante aumento en la emisión, que antes se destinaba a la compra de dólares para acumular reservas, y a partir de allí fue para tapar agujeros fiscales. Encima, durante el peor momento de la pandemia, se recurrió a una emisión monetaria muy fuerte para sostener programas económico sociales.
En la cabeza de los economistas de Juntos por
el Cambio y La Libertad Avanza, educados en el liberalismo monetarista, anida la
idea de que a la inflación se la derrota bajando el gasto público hasta que no
haya más deficit fiscal, y aplacando los salarios. Para su plan, es necesario
que la economía se enfríe, y que la recesión y la caída del consumo bajen los
precios. El último año de Mauricio Macri tuvo emisión cero y una inflación del 54% anual, la más alta de su gestión.
Proponemos el paradigmo opuesto: ampliar el
mercado interno con más consumo, estimular el crecimiento del PBI, con ello
aumentar la recaudación y disminuir así el peso específico del estado en la
economía. Así los precios bajarían o se mantendrían por
aumento de la oferta de bienes y servicios.
En los primeros noventa días, hay que implentar un sistema de precios máximos en los tres niveles de la cadena de valor (producción, distribución, consumo minorista), implementando las leyes de abastecimiento y de defense de la competencia.
Es necesaria la creación de la Unidad Polivalente de Verificaciones (UPV) integrada por cuerpos inspectivos de control de precios, fiscalización impositiva y policía del trabajo, dependiente de Presidencia, que realice operativos intensos en los establecimientos.
18. SOBERANÍA ALIMENTARIA
Pero lo dicho no alcanza para derrotar a la inflación. Además de la emisión sin respaldo y de la necesidad de mayor productividad, es necesario que el Estado tenga políticas eficaces contra la formación de monopolios y oligopolios, situación que se da principalmente en los productos alimenticios.
19 ELIMINACIÓN DEL IVA A LOS ALIMENTOS
Debe reimplemertarse el mecanismo de devolución del IVA a los productos de la canasta básica alimentaria, que funcionó eficazmente a fines de 2023, favoreciendo un incremento del consumo, la baja sustancial de sus precios y aliviando la situación de miles de familias argentinas. El mismo consistía en una devolución del IVA pagado hasta un tope mensual, en la caja de ahorro del consumidor.
20. PLANES SOCIALES
Deben ser implementados por una ley del Congreso y no por decreto. De esta forma, se les quita el carácter de instituto de emergencia, dejando de ser una dádiva del gobierno, para pasar a ser un derecho ciudadano relacionado con la pertenencia a la sociedad argentina.
Asimismo, deben universalizarse, para no generar clientelismo, y evitar discriminar entre quienes lo necesitan y lo que no, lo que puede generar mayores costos que la universalización misma. Serán asignadas de manera directa sin intermediación de ningún tipo, acreditándose en una tarjeta o cuenta de ahorro a nombre del beneficiario.
En el presupuesto, debe preverse su financiamiento y actualización, atando su fijación a la evolución de los haberes jubilatorios.
21. PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS
Como medida de emergencia, debe establecerse una refinanciación obligatoria sobre los saldos de las tarjetas de crédito, y sobre todo tipo de créditos bancarios y no bancarios -hipotecarios, prendarios y personales- por un año y a una única tasa mensual del 2%. También deben suspenderse por 180 días los juicios ejecutivos y los remates. Ésto le sacará a los individuos y sus familias la soga al cuello que restringe el consumo y los sume en un nivel de vida cada vez más degradado.
Reforzar con medidas concretas como la expresada en el párrafo anterior a la familia como núcleo básico de educación de la persona, de transmisión de valores morales, y de realización personal del mismo, a través de la valorización del trabajo, la vivienda digna, la salud pública, la educación, la protección a la niñez y a la ancianidad, desarrollando un programa de educación sexual con base en las familias, teniendo al Estado, las ONGs, y los diferentes cultos como sus auxiliares.
Trabajar en conjunto con el Poder Judicial, el Congreso y ONGs especializadas en la prevención y castigo de todo tipo de violencia de género, multiplicando los centros de denuncias y asistencia especificamente creados para las mujeres.
Enfocar esfuerzos para asegurar el cumplimiento efectivo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, evitando que funcionarios judiciales o administrativos desvirtúen los derechos asignados en la misma.
22. PROMOCIÓN DEL DEPORTE
El deporte es un factor de integración social, y auxiliar de la salud y la educación, tanto en apoyo a los atletas de élite como a los deportistas de base, clubes, federaciones y demás entidades deportivas. También es un formidable mecanismo de inclusión de las personas con discapacidad.
Hay que reabrir el Consejo Nacional del Deporte (CONADE) cerrado en 1993, como órgano generador de políticas públicas deportivas, en el que estén representadas todas las federaciones nacionales, deportistas, entrenadores y oficiales y todas las regiones del país de manera federal.
También deben relanzarse los torneos juveniles Evita, creados por ley y menguados por el actual gobierno. Multiplicar los campeonatos universitarios, interbarriales y regionales. Cuanto más deportistas haya, menos demanda tendrán los centros de salud pública.
23. SALARIOS, SINDICATOS Y OBRAS SOCIALES
Como medida de emergencia, debe otorgarse un aumento masivo de salarios y jubilaciones, para el sector privado y el público, a través de una suma fija, desdoblada en dos o tres cuotas, estableciendo duras penas para quienes las incumplan. Luego de ello, permitir el libre juego de las comisiones paritarias, tendiendo a la homologación de los acuerdos.
Promover la unidad, democratización y participación del movimiento obrero en el desarrollo de una política social activa que desarrolle y garantice: a) el poder de compra de los salarios y las jubilaciones; b) los recursos y la eficacia de las obras sociales; c) una más justa distribución de los ingresos; d) el compromiso con la gestión productiva y el aumento de la productividad y; e) la participación en las ganancias de los trabajadores establecidas en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional.
El incremento sostenido de la productividad es la única forma de subir los salarios sin generar inflación.
El Estado debe saldar de inmediato sus deudas con las obras sociales, originadas en la falta de remisión de fondos de programas especiales, lo que ha puesto a la mayoría de ellas en un estado financiero crítico.
24. PLAN DE REGULARIZACIÓN LABORAL
El sector más castigado de la pirámide social es el de la clase media-baja. La mayor parte de sus miembros son trabajadores precarizados, que no están incluidos en el sistema formal de trabajo, ni tienen convenios colectivos, ni obras sociales que cuiden su salud, ni están alcanzados por ningún plan social.
Hay que reformar la legislación laboral, para contemplar las nuevas modalidades de hecho de contratación laboral –tales como las aplicaciones- a fin de que puedan entrar en el sistema, y así gozar de los beneficios de la seguridad social, y tener la posibilidad de defender con mayores recursos sus ingresos, menospreciados por el mercado en virtud del estado precario en el que se encuentran.
También hay que constituir una gran organización de seguridad social para los monotributistas, para evitar que queden indefensos en caso de cualquier contingencia de salud u otro tipo que les impida generar recursos. Para su convocatoria, puede contarse con la base de datos del Ingreso Federal Extraordinario (IFE).
25. JUBILACIONES Y PENSIONES
Tiene que modificarse la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios, que condenan a la miseria a más de tres millones de ancianos. La legislación debe prever un mecanismo por el cual en forma paulatina, los haberes se vayan aproximando al nivel de 82%, empezando por los de menor valor.
Volver al programa de acceso gratuito a los mendicamentos a los afiliados al PAMI, implementado por el gobierno de Alberto Fernabdez y eliminado por el actual.
A través la mencionada Unidad Polivalente de Verificaciones (UPV), combatir ferozmente el trabajo en negro, y facilitar la registración laboral, para aumentar la base de aportantes y así financiar el sistema.
Si aún así fuese necesario aumentar la edad mínima jubilatoria, implementar dicha medida de manera gradual.
26. SALUD Y EDUCACIÓN
Deben implementarse planes coordinados entre la Nación y las provincias para garantizar mayor presupuesto, mejores salarios, mayor responsabilidad de los profesionales, capacitación constante y trabajo conjunto con ONGs. Debe promoverse un programa de educación para la salud, estimulando el autocuidado responsable, a fin de consumir menor cantidad de medicamentos, y requerir menos de la atención del hospital público.
En materia educativa, el Estado en sus tres niveles tiene que tender a que el 100% de la población complete sus estudios primarios y secundarios, y que todos los ciudadanos argentinos tengan la posibilidad de acceder –al menos- al aprendizaje de un oficio. Para esto último, debe trabajar conjuntamente con los sindicatos de cada rama de la producción.
Responder a la emergencia alimentaria, sanitaria y educativa que afecta a la niñez y a la juventud desamparada, como el eslabón más débil de la marginalidad y la exclusión social. Para ello hay que generar una política de tutela pública de asistencia integral con la creación de “Hogares Escuela” orientadas a la contención social y a la recuperación de la cultura del trabajo.
27. INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Es necesario que el Estado en sus tres niveles desarrolle políticas concretas y efectivas en cumplimiento de la Convención Internacional que garantiza los derechos de las personas con discapacidad, que tiene en nuestro país rango constitucional. Desde una perspectiva de derechos humanos y respeto a la diversidad, tiene que llevar adelante políticas de inclusion laboral, concientización social, accesibilidad, educación inclusiva y apoyos que permitan a las personas con discapacidad llevar una vida normal, con igualdad de oportunidades respecto del resto de las personas.
Proponemos la simplificación de la tramitación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), eliminando su vencimiento y la obligatoriedad de su renovación.
28. SALUD MENTAL Y ADICCIONES
El Estado tiene los instrumentos legales necesarios para el combate contra la producción, comercio y consumo de drogas; tiene que tomar la decisión política de llevar el mismo hasta las últimas consecuencias tanto desde el punto de vista sanitario como desde el ámbito policial y judicial.
Además de la lucha contra la droga, el Estado en forma coordinada entre sus tres niveles tiene que desarrollar programas preventivos y terapéuticos contra todas las demás adicciones, en especial alcoholismo, tabaquismo y obesidad, ya que son factores multiplicadores de enfermedades, que colapsan el sistema de salud.
También, a través del mismo debe darle rango prioritario a la salud mental, como forma de mejorar la calidad de vida de la población. En todos estos aspectos, el Estado no puede actuar solo; debe coordinar sus esfuerzos con entidades privadas y comunitarias de salud y educación, obras sociales, clubes y ONGs especializadas.
29. ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR
La Argentina tiene que propender a una amplia inserción en el mundo, en especial a través del MERCOSUR y la Unión de Naciones Sudamericanas, a la que hay que refundar.
En los foros internacionales debe asumir un compromiso a favor de la democracia, la condena al terrorismo, la autodeterminación de los Estados nacionales y la paz, como principios fundamentales para la convivencia mundial.
La Argentina además tiene que asumir relaciones maduras con los Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia e India, y aprovechar su participación en el G-20, para mejorar su imagen, ganando en confiabilidad. Debe retomarse el proceso de incorporación al grupo BRICS, en el que ya están China, India, Rusia, Brasil, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía e Irán.
El Area Asia Pacífico, también debe ser una prioridad, dado su crecimiento, urbanización y demanda crecientes de alimentos.
Denunciar en los foros internacionales la contradicción que supone reclamar una apertura indiscriminada de las economías periféricas cuando, al mismo tiempo, se obstaculizan nuestras exportaciones con los subsidios al agro, los aranceles y trabas para-arancelarias. Promover establecer mecanismos de reciprocidad comercial abriendo las fronteras de manera justa y proporcionada.
Debe reclamarse la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, San Pedro y Esquivel, pidiendo una intervención más activa de la Organización de Naciones Unidas y sus órganos auxiliares.
Tiene que sostenerse la presencia argentina en la Antártida, como territorio de paz, desarrollo científico e integración mundial, reivindicando con nuestra presencia la soberanía argentina en dicho continente.
En los procesos de integración mundial, la Argentina debe promover las políticas de inclusión social en términos internacionales, con el objeto de garantizar un umbral de dignidad y consumo en la lucha contra la pobreza, haciendo que a escala planetaria la agenda social prime por sobre agenda financiera.
30. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DEL SUR
En 1816, en San Miguel del Tucumán, se declaró la independencia de los Estados Unidos de América del Sur, un conjunto de lo que representan hoy la Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Proponemos que se avance en una unión aduanera y monetaria con esos tres países hermanos, avanzando hacia la plena libertad de tránsito de personas y mercadería dentro del territorio común. Unidos los tres PBI daría un total de U$S 1.191.933 millones.
Paralelamente, debe revitalizarse el MERCOSUR negociando un nuevo acuerdo global con Brasil, avanzando en la integración de nuestras economías y pactando un arancel exterior común, que proteja a nuestras industrias. En especial, fomentar una asociación estratégica respecto a la alimentación y combustibles alternativos.
La alianza estratégica con Brasil al este, debe ampliarse hacia el oeste con Chile como puente con las economías asiáticas del Pacifico, y como socio en la explotación de minerales, y al norte con México, postergado por la política xenófaba de Donald Trump, Integrar regionalmente a América Latina supone un compromiso de largo plazo para superar las asimetrías, crear una infraestructura acorde y buscar complementariedad exportadora.
Como materialización de estas iniciativas, deben promoverse la construcción de un puente rodoferroviario (Ireneo Leguisamo) que una las localidades de Punta Lara y Colonia del Sacramento, cruzando el Río de la Plata. Esa obra debe ser complementada con la extensión de la autopista y la red ferroviaria uruguaya desde Punta del Este hasta el Chui, y desde allí por el gobierno brasileño hasta Porto Alegre. Así, esta ciudad y Buenos Aires estarían unidas por un tramo de sólo 500 km. de autopista y ferrocarril.
Otra medida concreta es la construcción conjunta entre Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile de un corredor rodoferroviario que una los puertos de Santos (Brasil) y Antofagasta (Chile). Cada país se haría cargo del tramo que corresponde a su territorio, lo que es totalmente posible para sus economías. Así, los cinco países pasarían a ser bioceánicos.
Ampliando el concepto integrador, hay que lograr la reapertura del FC Trasandino entre Mendoza (Argentina) y Santiago (Chile).
Más allá de la idea de libre tránsito de personas y cosas entre los miembros de los cuatro países, desarrollar una política de férreo control de la entrada ilegal de personas extranjeras al país.
31. DESARROLLO FERROVIARIO
Decretar el fin de todas la concesiones ferroviarias que quedan y unificar todas las empresas relacionadas a la explotación ferroviaria en una sola compañía estatal, a llamarse Ferrocarril Nacional. Promover el relanzamiento de ramales cerrados o en estado de abandono.
Disponer la instalación de un ramal ultraveloz Buenos Aires-La Plata-Mar del Plata y otro Buenos Aires-La Plata- San Clemente-San Bernardo-Mar de Ajó-Pinamar-Villa Gesell (Expreso Astor) y otro Buenos Aires-Rosario-Córdoba (Expreso Atahualpa).
Impulsar la fábrica estatal de unidades ferroviarias de Tafí Viejo, creando las unidades Savio destinadas al FC suburbano y larga distancia con licencia de la República Popular China, para Subterráneos Bonaerenses y SBASE.
32. JERARQUIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS
Debe mantenerse a las Fuerzas Armadas dotadas de los recursos materiales y humanos necesarios para defender la soberanía nacional, jerarquizando a sus cuadros moral y materialmente.
La dictadura militar nacida en 1976 terminó hace 40 años. Sus jerarcas están muertos o presos. El nunca más es una convicción hecha carne para siempre en el seno del pueblo argentino. Ello hace posible que las actuales Fuerzas Armadas participen plenamente del proceso democrático y de un plan de desarrollo nacional.
Como plan a largo plazo, reducir la presencia militar en Campo de Mayo, objetivo que ha perdido sentido estratégico en las últimas décadas, evaluando la posiblidad de un traslado masivo de recursos humanos y materiales a una base militar a erigirse en la Patagonia, en Cabo Raso, cerca de Comodoro Rivadavia. Allí se justificaría la existencia de la misma, dado que es la región más vulnerable del país, teniendo en cuenta sus recursos estratégicos, su posición geopolítica y su escasa población.
En el territorio que quede libre, construir en su lugar una ciudad satélite de Buenos Aires, manteniendo sus extensiones de espacios verdes, dentro de un plan promocional de viviendas, que ofrezca una solución a 100.000 familias.
Revitalizar la fábrica militar de aviones de Córdoba, volviendo a producir los aviones caza Pulqui y Pucará. También avanzar hacia la producción local de aviones comerciales (Cóndor).
33. RECURSOS ESTRATÉGICOS
Sancionar
regímenes generales que tiendan a preservar ferrocarriles, hidrocarburos, agua,
energía eléctrica y minerales, evitando el saqueo y la mengua en la soberanía nacional.
Dado que los recursos naturales son de las provincias, y la legislación minera es nacional, según la Constitución, es necesario crear mecanismos que articulen ambas jurisdicciones, logrando que el gobierno nacional regule su explotación, armonizando los artículos 75 inc. 12 y 124 de la Constitución Nacional.
Los últimos gobiernos nacionales y todos los
provinciales vienen siendo confiables aliados de las empresas mineras
multinacionales. Ejemplo de ello es la Barrick
Gold, la mayor compañía del mundo en la materia, que creó una zona de
explotación a cielo abierto en donde el Estado no ejerce su soberanía, y en la
que utiliza gran cantidad de agua de las cuencas argentinas por un precio vil,
y sin control sobre las cantidades de oro extraídas ni la cantidad de cianuro
utilizada para su lavado, que queda allí embalsada contaminando el medio
ambiente.
Similar situación se da con los hidrocarburos. Proponemos la estatización total de YPF sometiéndola a todos los controles de la ley de contabilidad del Estado, dentro de un nuevo regimen de empresas públicas. Debe resolverse políticamente con el gobierno norteamericano el insólito embargo dispuesto por la jueza neyorquina Loretta Preska.
Hay que decider el control definitivo de los ríos Paraná y Paraguay –los que conforman la llamada Hidrovía- sin volver a privatizar el control del tráfico, dejándole al sector privado sólo las tareas de dragado. Ello también debe derivar en la recuperación del control efectivo estatal sobre los puertos privados que existen allí, y sobre los buques que surcan ambos ríos, a fin de terminar con la triangulación y subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones.
Relacionado con ello, hay que avanzar con la rehabilitación del canal Magdalena, y poner fin al control de la República Oriental del Uruguay sobre los buques que salen del río Paraná hacia el mundo.
A fin de promover el comercio exterior, proponemos la creación de una empresa estatal de transporte por vía marítima y fluvial (Lafken, mar en mapuche). A su vez, debe implementarse un ente coordinador para transportes de cargas entre Lafken, Aerolíneas Argentinas y FC Nacional.
En el mismo sentido, debe crearse una empresa pública de pesca en el Mar Argentino (Challwan, pez en mapuche).
34. MEDIO AMBIENTE
Tiene que desarrollarse un plan integral coordinado de protección del medio ambiente, preservando los derechos ambientales, sin afectar la producción, el empleo, o la comercialización internacional de los productos argentinos.
Avanzar en la legislación protectora de animales, evitando su maltrato y la extinción de especies.
También la Argentina debe incrementar su desarrollo de combustibles alternativos como el bio-diesel aprovechando las ventajas competitivas con las que cuenta y promoviendo la investigación y la inversión en dicha área.
Debe extenderse el objeto social de YPF, incluyendo la explotación de gas, litio e hidrógeno verde.
35. DESARROLLO INTEGRAL PATAGÓNICO
La Patagonia es un territorio clave por sus recursos, codiciado por las grandes potencias y por un sector de la clase dirigente chilena, y abandonado por las políticas oficiales argentinas. Proponemos una serie de medidas para su desarrollo y su integración total al resto de la Argentina.
Proponemos un plan de nuevas ciudades patagónicas, en base a distintos emprendimientos que sirvan para poblarlas. Las mismas serían: La Bendición (Río Negro), en donde se instalará una nueva fábrica estatal de automóviles (Institec); Villa Mapuche (Chubut), en torno a un centro turístico, sanitario y de esparcimiento; Villa Tehuelche (Santa Cruz), sede de un nuevo centro penitenciario y Ampelhue (Chubut) (en mapuche, lugar deseado), que será la nueva capital, sede de las autoridades federales.
Además de la mencionada nueva base militar en Cabo Raso (Chubut), proyectamos otra base aeronaval en Comandante Portillo (Tierra del Fuego), a la salida del Canal de Beagle y 900 km de la Antártida y 500 km de las Islas Malvinas.
Como forma de integración, proponemos la construcción junto con Chile -depende de quién sea su próximo presidente- de un túnel (Soberanía) que una el territorio continental con la Isla de Tierra del Fuego. Si no fuera posible hacerlo de manera conjunta, se tiene que construir entre las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, empalmando con la Ruta Nacional N° 3, convertida en autopista. Incluir un ramal ferroviario, que una las capitales Río Gallegos y Ushuaia
36. EMPRESAS ESTATALES
Crear un marco
regulatorio general que incluya en los directorios a representantes de la
oposición, de los gremios y de las asociaciones de consumidores, evitando el
manejo discrecional de sus recursos por los gobiernos de turno. Los presidentes
de las empresas tienen que ser designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo
del Senado.
Las empresas generadoras y transportadoras de
energía eléctrica tienen que ser unificadas y estatizadas, desarrollando un
plan integral para abastecer las necesidades de la población y de la actividad
económica.
Progresivamente y gradualmente, todos los servicios públicos tienen que tener tarifas actualizadas, considerando a los subsidios como una excepción y no como regla.
Implementación de un plan
nacional de obras públicas, elaborado conjuntamente con las provincias, que
incluya construcción, ampliación y/o mejora de autopistas, puentes, gasoductos,
aeropuertos, ferrocarriles, puertos, centrales eléctricas, red de
telecomunicaciones, etc.
El programa tiene que ser sustentable a largo
plazo, y ser diseñado para toda la extensión del territorio nacional. En su
elaboración debe ponderarse dotar al país de la infraestructura necesaria,
requerir gran cantidad de mano de obra y dinamizar las industrias relacionadas.
Un aspecto clave del mismo es la elaboración de un Plan Federal de Autopistas, que una en red a todas las cabeceras regionales del país (AMBA, Mar del Plata, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Rosario, Córdoba).
Otro aspecto importante es la implementación de un Plan Federal de Viviendas. La necesidad social del mismo es acuciante, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos, y resultará un estímulo eficaz para la industria de la construcción , madre a su vez de otras industrias.
38. ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE ALIMENTOS
La Argentina debe fortalecer su participación el Cairns Group, la
virtual organización de paises
exportadores de alimentos. Propender
a que funcione al estilo de la OPEP respecto del petróleo, dado que los países
que exportan alimentos son dueños de un recurso estratégico fundamental. Su revitalización
dará presencia protagónica mundial a nuestro país, recuperando posiciones de
vanguardia que tuvo entre 1880 y 1955.
39. ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES
Creación de un ente para el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) destinado a
coordinar políticas sobre seguridad, medio ambiente, salud, educación y
transporte. En él deben estar representados el Estado Nacional, la ciudad de
Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires con voz y voto en forma permanente,
con funcionarios específicos de esas áreas. También tendrán voz los
representantes de intendencias del GBA y comunas de la CABA que se vean
afectadas por las políticas en cuestión.
En estos temas, la ciudad de Buenos Aires y el
conurbano bonaerense constituyen una unidad, superponiéndose jurisdicciones y
competencias de los tres niveles del Estado, por lo que es necesario un ámbito
de discusión y decisión común, más allá de los colores partidarios de los
respectivos gobiernos.
Paralelamente, deberá comenzarse a analizar
–escuchando a todos los actores políticos involucrados- la posibilidad de
constituir en el futuro, en los actuales territorios de la primera y tercera
sección electoral, sendas provincias
separadas y autónomas de la actual Provincia de Buenos Aires. La misma
tiene un territorio vastísimo, con su población mal distribuida, y numerosos y
graves problemas sociales en el conurbano bonaerense. La gestión se vería
favorecida por la mayor proximidad entre el gobierno provincial y las
necesidades de la población
40. OBRAS PARA EL AMBA
Dentro del Área Metropolitana, debe avanzarse con las siguientes obras:
Soterramiento del FC Sarmiento, desde Moreno hasta Caballito, obra interrumpida por temas de corrupción y cancelada por el actual gobierno. En la superficie, hacer un boulevard uniendo calles Yerbal y Bacacay (Capital) y Rivadavia y 2da. Rivadavia (Provincia). En las estaciones actuales, hacer centros comerciales y culturales
Creación de la empresa Subterráneos Metropolitanos SE con líneas de
subterráneos tendidos como continuación de las líneas de SBASE, con una línea
paralela a la Av. Gral. Paz, que haga combinaciones con todas, y con las líneas
del FC Nacional.
Terminar y extender la línea Línea Belgrano Sur ramal Ezeiza del FC Nacional entre el Aeropuerto Ezeiza y Plaza Constitución. Para ello, terminar extensión Sáenz-Constitución FC Belgrano Sur y construir línea FC Aeropuerto - Villa Madero (Belgrano Sur) en medio de la Autopista Riccheri, utilizando vías del FC Belgrano Sur.
Dada la cadena de incumplimientos detectados en perjuicio de los usuarios, decretar el fin de las concesiones de las empresas distribuidoras del área metropolitana Edesur y Edenor, unificándolas en una sola empresa pública llamada Celmet.
Avanzar con el proyecto de traslado del puerto comercial de Buenos Aires a Ensenada (Isla Santiago Este), quedando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo el puerto turístico, rediseñando el área portuaria ampliando el acceso del público al río.
Terminar la construcción de la autopista Presidente Perón, vía de circunvalación desde el Camino de Buen Ayre hasta el Camino de Cintura, redenominando todo el recorrido como Autopista Presidente Perón. La traza irá desde el Acceso Oeste hasta Arroyo Morales, uniendo Ituzaingó, Merlo y La Matanza; desde Barrio 20 de Junio hasta el cruce con Ruta Provincial 58, que conecta La Matanza, Ezeiza, San Vicente y Presidente Perón; desde la Ruta 58 hasta la Ruta 53, conectando San Vicente, Presidente Perón y Florencio Varela; desde la Ruta 53 hasta la Autopista La Plata - Buenos Aires, uniendo Florencio Varela y Berazategui.
Crear una empresa de transporte de corta distancia llamada “Astay”, para desmontar el monopolio de las empresas actuales, a través de 15 nuevas líneas de colectivos en el AMBA con unidades eléctricas, fabricadas en Institec. Imponer además la sustitución de las viejas unidades diesel por unidades eléctricas en un plazo de dos años.
Construcción de un tranvía costero en la Ciudad de Buenos Aires, combinado con el ferrocarril y la red de subtes, que una los barrios de la Boca y Núñez.
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