Por Carlos Brown.La política de subsidios del gobierno nacional, orientada a los sectores energéticos, de transporte, empresas públicas y cadenas agroalimentarias, sin dudas constituye uno de los principales desafíos que deberá afrontar la próxima administración del Estado en materia de política económica.(Si no se vé completo el artículo, cliquear en el título)
En los años inmediatos a la traumática salida del régimen de convertibilidad, en medio de una crisis sin precedentes en el país –el nivel de desempleo superaba el 20%, mientras que el de pobreza excedía el 50%-, esta política fue necesaria para contener las fuertes presiones inflacionarias y evitar un mayor deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores. Más tarde, estos subsidios deberían haber sido reducidos progresivamente, dado el proceso de recuperación de la economía y su vigoroso crecimiento posterior; sin embargo, a partir de 2006, fueron profundizados, comprometiendo una creciente cantidad de recursos del Tesoro nacional a estos fines.
De acuerdo a la dinámica que han mostrado durante los últimos años, y en particular durante los últimos meses, los mismos ascenderán –al cierre del presente ejercicio- a no menos de 60.000 millones de pesos. De este modo, desde el año 2004 –cuando se consolidó el “sistema” vigente- a la fecha, habrán crecido –nominalmente- 35 veces. Esto es particularmente preocupante si se considera que un año de estos subsidios equivalen a siete años y medio de la asignación por hijo y más de novecientas veces el presupuesto para la lucha contra el narcotráfico y la drogadependencia.
Durante 2010 la mayor porción de estos recursos (36%) se destinó al sector energético para el subsidio de tarifas de energía eléctrica y gas residencial de los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La segunda participación, con el 34%, correspondió al conjunto de empresas públicas, incluida Aerolíneas Argentinas –aún en proceso de expropiación-. Los subsidios al transporte ferroviario y automotor de cargas y pasajeros recibieron un 27% del total de los recursos; mientras que el régimen de compensaciones a la industria de productos alimenticios, administrado hasta hace unos meses por la disuelta Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), se llevó el 7%.
Además, esta ineficiente maraña de subsidios presenta una clara correlación con la dinámica inflacionaria, que la retroalimenta sistemáticamente: ante cada ajuste de precios y salarios, son necesarios mayores esfuerzos para sostener los desequilibrios financiados de esta manera, situación en expectativa agravada para el corriente año electoral.
Los resultados están a la vista:
En transporte, por ejemplo, el servicio metropolitano de pasajeros está totalmente colapsado, con frecuencias insuficientes e irregulares; creciente hacinamiento, inseguridad, falta de higiene; deterioro de las estaciones y del mobiliario urbano; envejecimiento del parque ferroviario; precarización de la regulación y el control; etcétera.
En términos de pasajeros transportados, también representa un rotundo fracaso: según datos oficiales de la CNRT, excluyendo a los subtes, la red ferroviaria metropolitana transporta un 10% menos de pasajeros que a fines de los años 90, aún habiendo crecido la actividad económica a tasas “chinas” durante los últimos años. Es decir, se transporta menos, peor y más caro.
La experiencia de la ONCCA claramente revela también el absoluto declive de esta onerosa política de subsidios: su intervención en los mercados ha sido notablemente perniciosa, beneficiando injustamente a algunos eslabones intermedios de las cadenas agroalimentarias; castigando a la producción; y perjudicando fuertemente a los consumidores, particularmente a aquellos de menores recursos –los productos alimenticios de primera necesidad han triplicado en promedio sus precios durante los últimos cinco años-.
En materia energética el balance es igualmente negativo: esta política ha generado una fenomenal caída de nuestras reservas y ha profundizado la dependencia externa para cubrir nuestro abastecimiento interno. De acuerdo a un reciente estudio elaborado por los ex Secretarios de Energía de la Nación que actuaron entre 1983 y 2003, las importaciones totales de petróleo, gas natural, naftas y gas oil crecieron, entre 2003 y 2010, un 711%.
Por todo ello, más allá de quien gane la próxima contienda electoral, resulta ineludible el debate y la revisión de esta política fiscalmente insostenible. No sería absurdo pensar en una nueva forma de subsidios que, además de apuntar a regular los costos de un pasaje –por ejemplo-, exija como contrapartida inversiones para el mejoramiento de los servicios. Salir de este enredo es técnicamente factible, sólo requiere la decisión política de un gobierno que planifique su gestión estratégicamente y que fije sus prioridades de acuerdo a criterios de desarrollo productivo y no en base a decisiones improvisadas.
Asimismo es primordial comenzar a desenredar paulatinamente la red de subsidios cruzados, transparentando los mecanismos de asignación y focalizando su utilización en aquellas áreas que cumplan una verdadera función social. Debemos optimizar la utilización de los recursos y aumentar la efectividad para incluir a los sectores más postergados de la sociedad.
El autor es Presidente del Movimiento Productivo Argentino
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