Tudo bom

por Héctor Blas Trillo

Desde hace ya bastante tiempo la radio y la televisión vienen reiterando una publicidad oficial, emanada de la Presidencia de la Nación y avalada por la A.F.I.P. (en ese orden, en nuestro modo de ver) en la que se muestra a un empresario Pyme ante una computadora llevando a cabo una registración ante la A.F.I.P. de varios empleados que hasta el momento revistaban de manera informal en su empresa.



Luego de ello, el protagonista, muy sonriente, reúne a sus empleados y les dice paternalmente bueno muchachos, hace 5 minutos los inscribimos en la A.F.I.P. a lo cual se oye de fondo una manifestación de alegría y algunos aplausos. Esta es la esencia del mensaje en esta primera parte, y la que más se reitera sobre todo en la radiofonía.

Pero no es todo lo que allí se dice y se ve. El sonriente protagonista, en la versión completa que normalmente aparece en T.V., hace un comentario señalando que por dificultades en su negocio y para evitar cerrar el boliche no había blanqueado antes a su personal. Pero que ahora, ante el plan de facilidades surgido de la ley 26.476, que le permite pagar en cómodas cuotas y hasta en 10 años, había resuelto, digamos, pasarse a la legalidad.

Debemos decir que nos sorprende la franqueza, por no decir la ingenuidad, con la que el organismo recaudador y el propio Poder Ejecutivo llevaron adelante un corto publicitario en el que se asume claramente que el sistema previsional impide en la práctica la supervivencia de una empresa mediana a menos que se le otorguen larguísimas facilidades de pago y quitas de intereses y multas adeudados. Parece una campaña hecha por la oposición política.

Es que, efectivamente, el protagonista dice claramente que no hubiera podido sobrevivir si hubiera puesto a todo su personal en blanco, pagando todas las gabelas, sin el jubileo que significa la moratoria previsional.

Cabría preguntarse, entre muchas otras cosas, cómo hará de ahora en más el protagonista para mantener a todo su personal dentro de la formalidad, máxime tomando en cuenta que si hasta el presente no lo hizo (con la economía en crecimiento a tasas del 8% anual) resulta bastante más difícil que pueda hacerlo en tiempos de estancamiento o recesión debidos a los múltiples factores de todos conocidos.

La verdadera historia, que hay que volver a contar, es que el sistema tal como está diseñado es inviable. Y es esa inviabilidad la que patéticamente se pone de manifiesto en un corto publicitario destinado a dar facilidades excepcionales que en realidad deberían ser permanentes, por decir lo menos.

La economía argentina funciona de manera informal en un porcentaje que oscila en el 50%, puntos más, puntos menos, cosa que ocurre justamente por la enorme presión tributaria existente. Ello hace que los ingresos legales de las empresas no alcancen a cubrir todos los costos documentados, por lo que la única forma de pagar salarios a los empleados necesarios es mediante el recurso de la informalidad. Y no solamente salarios, claro está. Aunque no es el punto que nos ocupa en este caso.

Mientras el discurso oficial ha venido durante años acusando a los evasores, y presionando con nuevas leyes penales específicas, finalmente resulta que tenían razón , al menos en el corto publicitario de marras. En realidad, el Estado y sus publicistas suelen omitir en sus ditirámbicas acusaciones, a la propia evasión estatal, como es el caso de los contratados que comentamos más adelante. Al mismo tiempo, se reitera el recurso de los montos no remunerativos, que desde el punto de vista de la relación laboral también constituyen pagos ilegales, dado que no solamente no se abonan aportes y contribuciones previsionales sobre ellos, sino que además no integran el salario a los efectos del cálculo de aguinaldos e indemnizaciones.

A ello se suma que, si tomamos los valores oficiales para el personal registrado, por cada peso que recibe en el bolsillo el empleado, la empresa debe abonar en total entre $1,40 y $1,50. La cifra es exorbitante. Y cuesta pensar que una empresa pequeña que intenta ingresar en un mercado medianamente competitivo, pueda sostenerse llevando a cabo todos los trámites y abonando todas las tasas nacionales, provinciales y municipales para poder funcionar como tal. Máxime si por ejemplo elige la forma de Sociedad Anónima, dado el costo que implica mantener un ente jurídico de ese tipo. Al que suelen agregársele curiosos extras tales como reempadronamientos por falta de control del organismo que cobra por controlar (la I.G.J.).

La prueba más contundente de todo cuanto afirmamos, es que una gran cantidad de empleados del Estado (nacional, provincial, municipal) que ingresan y continúan por años como contratados, un eufemismo para incorporar personal mediante el recurso de que se encuentren inscriptos ante la A.F.IP. ya sea como monotributistas o directamente en el régimen general. En otras palabras, fraguando la verdadera relación laboral, que es obviamente de dependencia. Porque tales empleados en realidad trabajan en relación de dependencia, cosa que de sobra ha sido avalada por pacífica jurisprudencia durante varias décadas.

De hecho se exige, en muchos casos, que estos empleados no empleados no confeccionen sus facturas de manera correlativa, porque ese hecho por sí solo implica deschavarse como dependientes. Y el propio Estado exige que eso no ocurra.

¿Se imagina el amable lector si en lugar del actor que representa al empresario Pyme del aviso que estamos comentando, apareciera en su lugar algún funcionario de algún ministerio o algún secretario representando el mismo papel? ¿Alguien puede representarse, digamos, a un Guillermo Moreno sonriente afirmando bueno muchachos, tudo bom, tudo legal... porque desde hace 5 minutos los empleados contratados por disposición suya en el I.N.D.E.C. fueron inscriptos por Internet en la A.F.I.P. y ahora están declarados legalmente como corresponde?

Mientras el Estado en todas sus vertientes incorpora personal contratado y se exime de ese modo de los ingentes costos que significan las llamadas cargas sociales y previsionales, incluyendo aguinaldo y vacaciones, eso mismo se le exige a un empresario pequeño que intenta salir a flote con su empresa y que debe contratar personal en negro para no tener que cerrar el boliche. Increíble.

Y ya que estamos digámoslo: ¿Qué piensa hacer el Estado con todo ese personal que en verdad está en relación de dependencia?

Si algo puede hacer que alguna vez en la Argentina podamos decir que todo está bien, no caben dudas de que es la honestidad intelectual y moral de quienes se supone que tienen la facultad de dirigir los destinos nacionales.

Hemos señalado otras veces que moratorias y blanqueos no sólo son cuestionables moralmente, sino que son además un incentivo poderosísimo a que quienes cumplen dejen de hacerlo para no ser los proverbiales patos de la boda. Pero al mismo tiempo también hemos señalado que un sistema tributario basado en la rapiña no puede conducir jamás a buen puerto.

Mientras por un lado se pretende que el pizzero de la esquina blanquee al motoquero ahora con facilidades, el Estado alberga a miles y miles de contratados de manera ilegal, al tiempo que reconoce la inviabilidad del sistema. Ni tudo bom, ni tudo legal.

Buenos Aires, 27 de julio de 2009

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