¿Soberanía o negociados?

Por Mariano Rovatti

La estatización de YPF es, sin dudas, el acto de gobierno más trascendente de los últimos años. Implica una rectificación de la política kirchnerista en la materia. Allá por el año 2003, cuando comenzó este proceso político, el único candidato que sostuvo la necesidad de volver a tener una empresa petrolera estatal fue Adolfo Rodríguez Saá. El entonces gobernador santacruceño, de estrechos vínculos con las empresas extranjeras que explotaban el petróleo de su provincia, no hizo ninguna referencia al tema.(para leer el artículo completo, cliquear en el título) Posteriormente, durante su gestión, Néstor Kirchner promovió la incorporación del grupo Eskenazi, al que también estaba fuertemente vinculado, ya que el mismo había sido beneficiario de la privatización del Banco de Santa Cruz, quien se hizo de una parte importante del paquete accionario a cambio de nada. Por intercesión del Pingüino, una ingeniería financiera comandada por el mismo banco suizo en donde habían ido a parar aquéllos quinientos millones que tardaron tanto en volver, le permitió al grupo hacerse de las acciones a cambio de pagar con dividendos. Una ganga. Siendo así, podría haber sido el Estado quien se hiciera de esas acciones, pero la gestión del gobierno fue a favor del grupo. ¿A cambio de qué? Sin dudas, que la decisión política de tener una empresa petrolera estatal constituye una decisión soberana. La exploración, explotación, industrialización y comercialización de hidrocarburos, son pilares estratégicos de cualquier proyecto nacional de desarrollo autónomo. En nuestra región, tres países con modelos económicos bien diferentes entre sí como Brasil, México y Venezuela, tienen como rasgo en común, la existencia de una empresa petrolera estatal rectora. Pero en la Argentina, esa empresa ya existía y había sido creada por el mismo Néstor Kirchner: ENARSA, una empresa fantasmal que bien podría haber sido adjudicataria de las concesiones caducas de Repsol YPF por incumplimientos. Este gobierno viene de fracaso en fracaso en la política energética. Por su incompetencia, su falta de previsión y su connivencia con las empresas petroleras, ha logrado que la Argentina pierda el autoabastecimiento y entre en una zona riesgosa de falta de combustibles y grandes dificultades para importarlos. La gestión de Repsol generó el vaciamiento de la empresa, pero el Estado argentino no fue inocente. La corrupción y la incompetencia estuvieron en ambos lados. Tal como se dieron los hechos, surgen varios interrogantes: 1. Siendo la cuestión un asunto de Estado para ambos gobiernos, ¿podrían haberse entablado las negociaciones directamente con el gobierno español, preservando la relación entre los países? ¿o se prefirió hacer el mayor ruido posible? Es verdad que Repsol es una empresa privada –y no sólo española, ya que gran parte de su dominio es de origen británico- pero la airada reacción del premier Mariano Rajoy confirma que el tema es de vital importancia para el gobierno peninsular, sobre todo en un momento crítico como el que está atravesando su país. 2. ¿Se evaluó en la Cancillería argentina cuáles serán las reacciones del mundo frente a esta medida? ¿La Argentina será sancionada comercialmente por la Unión Europea? ¿Los Estados Unidos estaban al tanto de la situación? ¿En la reunión panamericana de dos días antes, el tema estuvo en la mesa de conversaciones? ¿o se esperó su finalización para hacer el estridente anuncio? ¿La Argentina perderá su silla en el G-20, para que ésta sea para Chile? ¿Colgará el mundo un cartel sobre nuestro cuello como país impredecible sin remedio? 3. ¿Era necesario proceder patoterilmente contra los ex directivos de YPF, a quienes se expulsó con la Gendarmería por la fuerza de sus oficinas sólo con un DNU al mismo tiempo que la Presidenta anunciaba la intervención de la misma por radio y televisión? 4. ¿Por qué se expropia sólo el paquete de Repsol? ¿Y el de los Eskenazi? ¿Cuál es el verdadero vínculo de ellos con los Kirchner? ¿A qué se refería la Presidenta un mes atrás cuando hablaba de las avivadas de los dueños de YPF? ¿Se refería a Repsol o a sus ex amigos? 5. ¿Habrá alguna consecuencia judicial para los ex funcionarios de YPF, tanto los de Repsol como los del grupo Eskenazi? ¿y los del gobierno? 6. ¿Qué pasará en la Justicia argentina si se invoca el art. 17 de la Constitución Nacional? No hubo indemnización previa, y la expropiación se materializó en los hechos con la intervención dispuesta por el PEN. Como se dio la operación, ésta se aproxima demasiado a la confiscación. 7. ¿De dónde saldrán los treinta mil millones de dólares que son necesarios para invertir en exploración y explotación en los próximos años? ¿se ha hecho en el gobierno un plan de inversiones?¿si se buscan inversores externos, con este antecedente, es la Argentina un socio confiable? 8. ¿En esa búsqueda de socios, no hay riesgo de entregar otra vez la empresa? ¿Si la situación argentina es de dependencia, YPF no puede terminar siendo una empresa manejada por China, por ejemplo? 9. ¿Tienen los actuales interventores la idoneidad necesaria para conducir esta empresa? ¿puede ser Julio De Vido, el mismo que logró el desabastecimiento petrolero, quien lidere el proceso inverso? ¿tiene Axel Kicilof algún mérito adicional que ser el autor intelectual de la estatización? ¿quiénes son los nuevos directores? ¿además de ser obedientes militantes de La Cámpora, poseen algún conocimiento en el específico negocio del petróleo? ¿cómo harán para no repetir el desmanejo que sus compañeros –conducidos por Mariano Recalde y el mismo Kicilof- hicieron en Aerolíneas Argentinas? ¿cómo se asegura la Argentina que YPF no será saqueada nuevamente, ahora por la voraz agrupación de los yuppies progres? 10. ¿Qué pasará ahora con el precio de la nafta en nuestro mercado interno? ¿Habrá desabastecimiento? ¿Tiene YPF el suficiente stock para asegurar el suministro de combustible a toda la industria, el agro, los servicios, los transportes y al público en general? Contra reloj, como siempre, los diputados y senadores de la Nación deberán convalidar o rechazar en pocas semanas esta medida. Por lo que ya se ha expresado, la aprobación general es un hecho. Sólo unas pocas manos en cada cámara se alzarán contra el proyecto del Poder Ejecutivo, que encima, cuenta con apoyo de la mayoría de la población. ¿Qué se puede hacer entonces, frente a un hecho casi consumado? La oposición debe expresarse con claridad y firmeza, ejerciendo su rol y denunciando todas las situaciones aquí descriptas. Además de la invocación al derecho de propiedad, el voto negativo debe ser fundado –principalmente- en la defensa del verdadero interés nacional, vulnerado por esta iniciativa, y por la política petrolera en general. A futuro, cuando los tiempos políticos así lo permitan, la oposición deberá promover una legislación que asegure que la nueva YPF sea en verdad una empresa de todos los argentinos, con posibilidad de extender sus alcances a todas las empresas que controla el Estado Nacional. Para ello, la ley debe estipular que el directorio debe ser íntegramente nombrado por el Parlamento, por la mayoría absoluta de sus miembros. El Presidente del directorio podría ser propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional. La ley debe establecer que –además del bloque oficialista- la oposición debe estar representada en ese directorio, lo mismo que el sindicalismo y los usuarios, cuyos representantes tendrían que ser elegidos por el Congreso a propuesta de las organizaciones directamente relacionadas con la actividad. También la ley debe incluir a la nueva YPF y a cualquier empresa controlada por el Estado Nacional, aunque sea una sociedad anónima, dentro del régimen sujeto a la Ley de Contabilidad del Estado, la que asegura gran cantidad de controles por parte de los organismos pertinentes. Debe obligarse al Presidente del directorio a concurrir mensualmente al Parlamento a rendir cuentas de su gestión, y responder y aclarar todas las cuestiones que se les plantee, dada la importancia estratégica de su cometido. Por último, la ley debe asegurar que los miembros del directorio serán responsables con su propio patrimonio de las consecuencias económicas derivadas de todas sus decisiones. Buenos Aires, 25 de abril de 2012