Recientemente, el Poder Ejecutivo Nacional sacó el decreto 1307/12 junto a la resolución 1138/12, en base al fallo Zanotti. La liquidación de los sueldos aplicando estas normas determinó que muchos agentes percibieran salarios menores a los recibidos antes, y eso hizo estallar el conflicto.
El tema ya se hallaba judicializado en todo el país, habiendo logrado en algunos casos medidas cautelares para los sueldos de algunos oficiales, lo que generó a su vez, diferencias salariales entre oficiales de igual rango.
El estallido del conflicto canalizó además el reclamo de mejoras salariales en general y de condiciones de trabajo. Ahora, el reclamo incluye: la suspensión del decreto 1307/12 y de la resolución 1138/12 del Ministerio de Seguridad, un sueldo básico con piso mínimo de $ 7.000; que se siga pagando el concepto vivienda; que se siga pagando el concepto vestuario; el pago de un concepto de "actividad riesgosa" para los gendarmes desplegados en grandes centros urbanos como Capital y el GBA; el pago de un concepto de "trabajo insalubre" para los gendarmes desplegados en el marco de los operativos Cinturón Sur, Centinela y Agrumetro por estar en contacto con "enfermedades contagiosas"; una mejor obra social, con cobertura nacional y posibilidad para el personal de elegirla; viáticos igualitarios para los gendarmes desplegados en el marco de los operativos Cinturón Sur, Centinela y Agrumetro y mejoras en las instalaciones de Gendarmería Nacional.
Políticamente, el episodio resultó sorpresivo para el gobierno, en especial por la participación de la Gendarmería, la fuerza de seguridad predilecta de la Ministra Nilda Garré. Esta se hallaba enfrentada con su número dos Sergio Berni, quien ahora está negociando la salida del conflicto.
Para el gobierno, éste es un mazazo, ya que contaba con la Gendarmería y la Prefectura para mantener el orden público en un momento de alta conflictividad social, en el que la Policía Federal no le resulta confiable, tras la sucesión de purgas y limitación de funciones a que la viene sometiendo.
La falta de previsión, y el desmanejo político del tema costarán en breve la cabeza de Garré y alejará al influyente Horacio Verbitzky del corazón del poder, dado que han quedado en descubierto las falencias de la inteligencia necesaria para prever los hechos. La posición de Berni tampoco es sólida, aunque su cercanía a Alicia Kirchner puede preservarlo por ahora.
Los hechos son consecuencia de una política hostil hacia las fuerzas de seguridad, materializadas en condiciones de labor indignas, y en salarios magros con pagos en negro que determinan haberes de miseria cuando llega el momento del retiro. Esta situación había sido creada por el Ejecutivo para imponer el miedo al retiro compulsivo y así someter políticamente a todos los cuadros.
Ayer se hablaba de que los miembros de la policía bonaerense se sumarían al reclamo, agravando más la situación en territorios especialmente delicados.
Julián Domínguez fue la única figura del oficialismo que actuó con lucidez, haciéndole firmar a distintos diputados oficialistas y opositores un documento de apoyo al gobierno, ante la grave situación institucional que desata el conflicto. De todos modos, los partidos políticos de la oposición luego no abundaron en expresiones de respaldo.
El sindicalismo en todas sus expresiones apoyó a los rebeldes, pero Antonio Caló, tras asumir como Secretario General de la central obrera paralela, cercana al oficialismo, se desdijo horas después.
En las Fuerzas Armadas el panorama laboral no es demasiado distinto, sobre todo si recordamos que Nilda Garré fue Ministra de Defensa antes que de Seguridad. ¿Podría pasar lo mismo con los militares?
El gobierno enfrenta otro frente de tormenta generado por su permanente política confrontativa, y más allá del respaldo formal de la oposición a las instituciones debe resolverlo solo, asumiendo sus errores.
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