Límites

por Mariano Rovatti

 La Corte Suprema de Justicia rechazó el Per Saltum presentado por el Gobierno solicitando que el máximo tribunal conociera en la causa iniciada por el Grupo Clarín, por la que solicita la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 45 y 161 de la Ley de Medios Audiovisuales. (para leer la nota completa, cliquear en el título)

  Esta resolución adversa se suma a la del último jueves dictada por la Cámara Civil y Comercial Federal, que prorrogó la medida cautelar que exime al multimedios de la obligación de llevar a cabo el proceso de desinversión previsto en la norma, hasta tanto se dicte la sentencia de primera instancia en la cuestión de fondo. Pero más importante aún fue el pronunciamiento dado ese mismo día por la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, un organismo dependiente de la Corte Suprema de Justicia que agrupa a numerosas organizaciones de magistrados de todo el país. El mismo contenía un fuerte contenido político y exigía al Poder Ejecutivo que cesara en su presión al Poder Judicial.

 Ayer se realizaron los festejos del Día de la Democracia y los Derechos Humanos, pensado en un principio para celebrar la llegada del llamado 7D, día en que iba a terminar el período para presentar los proyectos de desinversión. El gobierno pretendía tener las manos libres para actuar contra el Grupo Clarín, presumiéndose que se disponía a caducar la licencia de Cablevisión, intervenir la compañía y desalojar a sus ejecutivos por la fuerza, como ya habían hecho con los directivos de Aerolíneas Argentinas. El momento para actuar por la fuerza quizás hubiese sido durante el mes de enero, cuando los Tribunales están de feria.

 Durante ese acto, Cristina Fernández dio uno de sus mensajes más agresivos y destemplados, comparando a los jueces de la Corte con sus antecesores de 1930, que convalidaron el golpe contra Hipólito Yrigoyen. Una vez más, la desmesura, la falta de templanza y el fanatismo se apoderaron de la personalidad de la Jefa de Estado y de todos sus burócratas cercanos.

Luego de la marcha del 13 de septiembre, el gobierno intentó ocupar el centro de la escena avivando el fuego con el 7D, como reacción contra el 13-S  Una agobiante campaña propagandística, sobre todo en los entretiempos de los partidos de fútbol televisados y una pertinaz serie de apariciones de funcionarios que repetían como letanías las dos o tres consignas básicas contra el multimedios, crearon un clima de asfixia en la sociedad y preocupación entre sus dirigentes, entre ellos, los miembros del Poder Judicial.

 Para éstos, ya casi no importó quién era la contraparte del gobierno. La cuestión ya pasó a ser una lucha por el poder. La decisión política del Poder Judicial fue preservar eso mismo: el poder, el que le da la Constitución. Distinto fue el camino recorrido por el otro poder, el Legislativo, convertido desde 2011 en una secretaría más, dependiente del Poder Ejecutivo.

 ¿Qué pasará con la cuestión de fondo? Si se decidiera sólo por motivos políticos, el gobierno estará cerca de otro tropezón. Jurídicamente, tiene mucho peso el argumento esgrimido contra el art. 161, invocando lesión de derechos adquiridos luego del decreto que prolongó las licencias en 2005, lo que afecta el derecho de propiedad, teniendo en cuenta las inversiones hechas tras ese decreto. Respecto del art. 45, en cuanto a considerar como arbitrario el régimen de adjudicación de licencias, quizás la cuestión sea más díficil de analizar a fin de probar los asertos del multimedios.

 Ya desde el terreno político subjetivo, el conflicto desnudó la vocación autoritaria del gobierno, y su enorme amateurismo para resolver y ejecutar. En el fallo de hoy, la Corte consideró improcedente el recurso impetrado por el gobierno, quien usó la herramienta del Per Saltum aprobada días atrás, sin haberse dictado sentencia en primera instancia, requisito básico que la misma ley prevé.

 Casi mandando a la facultad a los abogados gubernamentales, recomendó con cierta sorna usar la vía del Recurso Extraordinario, para lo que deberán dictarse primero sentencias de primera y segunda instancia. Así, indirectamente vuelve a validar a la Cámara Federal Civil y Comercial, impugnada por el gobierno. También rechazó otra acción promovida por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), cuyo titular Martín Sabatella, comienza a ver apagada su estrella, fugazmente encendida tras su asunción a mitad de año.

 Cristina suma así un nuevo puente roto durante su gestión. El campo, el mismo Clarín, la CGT y la mayoría de gobernadores e intendentes son antecedentes de esta nueva ruptura. La coalición de poder que había construído su marido, fue hecha añicos por la actual Presidenta, convencida que su poderío politico es eterno y absoluto, sin que haya persona o institución capaz de doblegarla. Sus serviles cuasiministros, incapaces de hacerle la más mínima advertencia, sólo repiten como loros que a Cristina la votó el 54%, como si ello la habilitara a todo, y como si esa cifra fuese un dato obtenido para siempre.

 Como sólo había hecho la CGT y la CTA, y la población el 13 de septiembre y el 8 de noviembre, la Justicia está poniéndole a la angurria de poder cristinista los límites que la mayoría de la dirigencia política opositora no quiso, no supo o no pudo ponerle hasta ahora.

 Hoy recién se cumple un año de la segunda gestión de Cristina Fernández. Resulta difícil imaginar como podrá seguirse a este ritmo de confrontación y desgaste durante tres años más.