Hacia la disolución

Por Mariano Rovatti

Desde el 10 de diciembre, la Argentina entró en un proceso inédito de enfrentamientos institucionales y de agresión económica y social contra la mayoría del pueblo. Un gobierno que no tolera los pensamientos e intereses que no son los propios, pero tampoco tiende puentes, ni siquiera con quienes quieren ser sus aliados.  

Durante el próximo mes de marzo, se terminará el período de los cien días iniciales de gestión, un tiempo en el que normalmente los gobiernos cuentan con un cheque en blanco de la sociedad para tomar decisiones impopulares y/o destinadas a producir efectos en el mediano y largo plazo.

A pocos días de asumir, el gobierno lanzó un paquete pequeño de medidas, entre las cuales se destacaba una fuerte devaluación del peso, que permitió liquidar exportaciones y habilitar la acumulación de reservas, además de generar una brutal transferencia de recursos de los trabajadores hacia los sectores concentrados del poder económico.

Luego vino el decreto de necesidad y urgencia (DNU N° 70/23) que se ocupó de todos y cada uno de los aspectos de la política y la economía nacionales. El rasgo común de sus medidas es la desarticulación del Estado como sujeto ordenador, y cada artículo es un traje a medida para un grupo de poder económico diferente.

La mayor parte de sus medidas son susceptibles de objeciones constitucionales de distinta gravedad. Un capítulo entero dedicado al derecho laboral y de las organizaciones sindicales fue frenado por la Justicia en respuesta a un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT), quien ya realizó su primera marcha masiva opositora. A la salida del gobierno de Alberto Fernández, la desocupación se hallaba en el 6,60%, con lo que cuesta comprender cuál era la necesidad y la urgencia de desapoderar a los trabajadores de sus derechos.

El plan económico está concentrado exclusivamente en el ajuste del gasto, aun pisando pagos que el Estado debe hacer a las provincias y proveedores. El paradigma del gabinete económico se complementa con deprimir la demanda, enfriar la economía, facilitar importaciones, tender a la disminución de la emisión monetaria y así intentar controlar la inflación, tal como se practicó durante todos los gobiernos militares y en la gestión de Mauricio Macri. Ya se observan cierres de empresas y despidos de trabajadores.

En paralelo a la instrumentación del DNU –que mal que mal está vigente- el gobierno pretendió consagrar en una ley toda su revolución anarco-capitalista. Allí chocó con el Parlamento, y el proyecto se cayó entero, aparentemente por un descuido de los responsables del bloque oficialista en su desconocimiento del reglamento de la Cámara. Aunque ya el proyecto políticamente había muerto.

Increíblemente, en lugar de buscar consensos para construir poder, Milei con una sola iniciativa logró alinear a todos sus adversarios, desde el PRO macrista hasta la izquierda, pasando por la el PRO larretista, los radicales y todas las versiones del peronismo. Aún aquéllos que quieren ser sus aliados terminaron enfrentados al gobierno.

Tras el rotundo fracaso de la Ley Bases en el Congreso, Milei recurrió a las formas que lo hicieron famoso y le permitieron ser competitivo electoralmente: la descalificación de los adversarios, los insultos agraviantes, la cerrazón intelectual... todo ello le sirvió para obtener un 30% en la primera vuelta y luego juntar el 56% contra el candidato justicialista Sergio Massa, quien pese a todo, quedó a sólo 3 puntos y fracción de ser presidente en primera vuelta.

Pero para gobernar es otra cosa. La Constitución Nacional prevé un ejercicio del poder repartido entre Nación, Provincias y municipios, y entre los tres poderes del Estado. Ese equilibrio obliga a la negociación y a decisiones compartidas. El orden jurídico argentino –pese a tener una constitución presidencialista- no habilita el ejercicio ilimitado del poder.

Desde la caída del proyecto de ley, Milei perdió el timón de su gobierno y de su esquema emocional, mostrando todo sus desvaríos. Creó enemigos donde no los tenía y no logró avanzar en su gestión, que es nula en las áreas de gobierno que no están vinculadas a la economía.

En este mes de marzo que está por comenzar, se palparán materialmente los efectos del plan económico: sin subsidios en la luz y el gas, la población recibirá facturas impagables, a la vez que el transporte público se convierta en uno de los gastos más importantes del presupuesto familiar. Todo ello con el comienzo de clases encima, condicionado por los inevitables paros docentes (¿qué puede esperarse si cobrarán el 40% menos?) y los feroces aumentos de libros y útiles.

Milei quiere (¿quiere?) apagar el incendio inflacionario con nafta, quizás para que colapse del todo el sistema y entrar a la dolarización como una solución inexorable. El mismo presidente en una reciente entrevista con periodistas amigos dijo que uno de los pilares de su gobierno era la licuadora, sin ser repreguntado por sus interlocutores. Obvia y cínicamente, se refería a la licuación de los salarios y las jubilaciones, frente a la escalada inflacionaria.    

Pero además de la disolución social que generará este castigo impiadoso a las clases media y baja, tenemos la disolución institucional que se viene.

El gobernador chubutense Ignacio Torres, un macrista de treinta y cinco años salido de la UADE y la Fundación Pensar, acaba de patear el tablero advirtiendo que si el Estado Nacional no modifica su decisión de no enviar los fondos que le corresponden, Chubut no permitirá la salida de petróleo crudo para el resto del país. La familia del gobernador opera en el negocio de la distribución y venta de combustibles, por lo que sabrá cómo instrumentar la medida.

Lejos de ser una chirinada, la respuesta de Torres reunió en veinticuatro horas el respaldo de todos su pares, excepto del tucumano Osvaldo Jaldo, aliado inesperado de Milei. Desde Jorge Macri y Alfredo Cornejo hasta Axel Kicilof y Ricardo Quintela, pasando por Maximilano Pullaro y Martín Llaryora –o sea todo el arco político- se respaldó al mandatario patagónico, adelantando que ellos podrían hacer lo mismo.

De hecho, los gobernadores de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba estarían avanzando en un proyecto para exportar sus productos –en especial los granos y oleaginosas- a través de un puerto bonaerense y liquidando divisas a través del Banco Provincia, cobrando retenciones y sin girar fondos al gobierno nacional.

Así, la Argentina está en las puertas de volver a 1820, fruto de un modo irracional de ejercicio del poder como no se tiene memoria.

Llama la atención en este proceso el rol que está desarrollando Mauricio Macri, quien hasta hace dos semanas estaba a punto de desembarcar en el gobierno y devorarse la mitad de los cargos.

Se enfrió esa posibilidad, y los gobernadores que le responden están participando de esta revuelta (uno de ellos es quien la lidera). No sería extraño que ya Macri esté esperando la caída de Milei, para acordar con la Vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien ya tuvo encuentros discretos.

Todo esto en medio de un creciente aislamiento internacional del gobierno, que no es tomado en serio por el sistema mundial. Luego del stand up de Davos, la Argentina en la práctica rompió relaciones con China y Brasil, sus dos principales aliados comerciales. Recientemente, recibió al Fondo Monetario Internacional, cuya delegada le recomendó al Presidente atemperar los efectos del ajuste, porque vé inviable el plan económico. Y también vino el Secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, cuya visita hubiera sido más productiva si Milei no hubiera tenido la peregrina idea de participar cuarenta y ocho horas después de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington, prodigándose mimos con Donald Trump. Obviamente que en la Casa Blanca, todavía ocupada por el Partido Demócrata, no cayó nada bien ese espectáculo.

Además de ello, el primer ministro británico David Cameron realizó una provocativa visita a las Islas Malvinas, ratificando la posición colonial de su imperio y ninguneando a las autoridades argentinas. Desde el gobierno nacional, la respuesta fue rastrera, torpe y contradictoria, resultando digna en cambio la posición del gobernador fueguino Gustavo Melella.  

Llegan momentos decisivos para la Argentina, veremos hasta dónde alcanzan las consecuencias de estas decisiones.

Buenos Aires, 24 de febrero de 2024