Los hechos de violencia irracional desatados en Villa Soldati muestran -una vez más- la incompetencia de nuestros dirigentes políticos para ejercer los cargos para los que fueron electos y/o designados.
Esa falta de idoneidad se vé agravada por la actitud miserable de la mayoría de quienes han tenido participación en los hechos. Se han tomado decisiones –que costaron hasta ahora cuatro vidas- en función del daño político que se le causaba al contrincante, y no para solucionar el problema o evitar que se agrave aún más.
No importa de cuál facción partidaria estamos hablando; el fracaso es de todos los responsables, cada uno en su medida según sus funciones.
Allá por fines de 2007, tuve la oportunidad de visitar en tres oportunidades la Villa 20. (para seguir leyendo, cliquear en el título del artículo) Un grupo de vecinos –del ala minoritaria de la junta que gobernaba la villa, que en su mayoría respondía a los hermanos Chancalay- había preparado un plan de urbanización, que incluía la pavimentación de calles, la instalación regular de redes de agua, gas natural y energía eléctrica, la construcción de una sala de primeros auxilios, de una escuela y de un destacamento de la Policía Federal. Una de sus autoras decía que querían construir ciudadanía. Intentaban que, con los nuevos gobiernos que estaban por asumir en el orden local y nacional, alguien se acordara de ellos.
Los preocupaba la inminente ejecución de un plan de viviendas económicas que llevaría la Asociación Madres de Plaza de Mayo, con fondos del Ministerio de Planificación Federal. El lugar elegido para la ubicación de las mismas era una franja ubicada entre el cementerio de autos y la villa 20, de cara a la Autopista Dellepiane. Preveían que les iba a sacar la luz y el agua que venían desde ese lado.
Por mi tarea en el GCBA, tuve oportunidad de visitar otros asentamientos, como la villa 1-11-14, y la villa 21. De todas estas experiencias, formé una opinión diferente a la que había construido de ellas con mi limitada información y mis propios prejuicios.
Pensar que éste es un problema “de Macri”, “de Scioli”, “de Cristina”, y así sucesivamente, es el germen de la tragedia vivida en estos días. La pequeñez espiritual de quienes así se han comportado –motivados por hacer pagar costos políticos al otro, y ganar así minúsculas batallas por el poder- derivó en muertes inesperadas,
El problema de las villas no se resuelve desde un solo escritorio. Es una cuestión local sí, pero también nacional y más aún, regional. Paraguayos, bolivianos y peruanos, además de una enorme masa de argentinos provenientes de nuestro interior, habitan en las villas de Capital y Gran Buenos Aires. Allí conviven los distintos excluidos del sistema: trabajadores desocupados que no pueden insertarse en el circuito productivo, familias desalojadas que no pueden siquiera alquilar una vivienda digna, extranjeros indocumentados que ingresan ilegalmente al país, delincuentes procesados y algunos de ellos prófugos...Allí normalmente no entra el Estado en ninguna de sus versiones. Cuando me tocó ingresar por mi trabajo, lo hice acompañado por personal policial escaso, inexperto y más atemorizado que yo.
Uno de los temas que esta crisis puso delante de nuestros ojos es el de la inmigración de personas provenientes de países sudamericanos. La misma evidenció el conflicto de intereses y valores que se suele dar cuando un país vé la necesidad de elaborar y aplicar una política en materia de inmigración.
Por un lado, sería legítimo que la Argentina decida poner límites a la entrada de extranjeros a su territorio. Es lo que hacen la mayoría de los países que reciben afluencia migratoria. Por el otro, la aplicación extrema de dichas medidas a menudo importa una violación a derechos humanos básicos, como la igualdad ante la ley, y el respeto y la tolerancia a que son dignos todos los seres humanos.
Todos los días entran al país miles de inmigrantes de países hermanos, huyendo de la pobreza y soñando un futuro de promisión en nuestro país, que normalmente no está en condiciones de garantizar.
Muchos se ven obligados a cometer una cadena de delitos: entran ilegalmente al país, toman casas, venden mercadería trucha ocupando irregularmente el espacio público.
Varios de ellos llenan los turnos de los hospitales públicos y las vacantes de los establecimientos educativos estatales, sostenidos con recursos de los argentinos.
Pero es necesario recordar que los inmigrantes provienen de naciones hermanas, con las que nos une un mismo pasado y un mismo destino. El camino no es el enfrentamiento entre hermanos, sino la cooperación y la solidaridad.
Como en todo, debe prevalecer la ley antes que nada. Pero en nuestro país existe una legislación en materia migratoria, que su Estado no está en condiciones de hacer cumplir.
La Argentina participa activamente en el proceso de integración política sudamericana, teniendo en sus manos recientemente la Secretaría General de la UNASUR. ¿Qué se hizo por este problema desde ese lugar de poder? ¿Figuró este punto en la agenda de la última cumbre iberoamericana de Mar del Plata? ¿De qué hablan los presidentes de Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú, cada vez que se encuentran? ¿Existen comisiones de trabajo integradas por funcionarios de estos países, para acordar un mecanismo que contemple los intereses y necesidades de todos?
Reducir el conflicto a manifestaciones contra la xenofobia o contra los extranjeros es tan cómodo como ineficaz. Responde a la lógica de dividir en bandos a la sociedad, y que nadie se haga cargo del problema. Mientras nos entretenemos en llamar facho o negro al supuesto contrincante, el problema no se resuelve y lo heredará el que sigue.
Otra cuestión es la específicamente referida al creciente déficit habitacional, que tiene a las villas miseria y las usurpaciones de inmuebles como sus principales efectos. Allí las soluciones deben ser conjuntas entre la Nación y el GCBA, y deben incluir -sin pensar en negocios inmobiliarios para funcionarios y amigos- planes de viviendas populares y la urbanización de las villas. Esta posibilitará la integración de sus habitantes a la ciudad, y la posibilidad para el Estado de ingresar a su territorio.
Evita decía donde hay una necesidad hay un derecho; ahora el apotegma se ha modificado: donde hay una necesidad hay un negocio.
La marginalidad es terreno fértil para sacar a la luz los peores comportamientos humanos. Las necesidad ha sido aprovechada por bandas –con la anuencia de autoridades políticas, judiciales y policiales- para mezclar sus propios intereses dentro de las villas, garantizando impunidad y mano de obra barata para las organizaciones delictivas. Todo ello, multiplicado con el brutal negocio de la elaboración y tráfico de drogas, desde el paco hasta la cocaína. Allí el Estado tiene que actuar con todo el rigor de la ley, y de manera coordinada.
Las informaciones disponibles –aún confusas y parciales- sugieren que el jueves la Policía Federal había cumplido la orden de desalojo del Parque Indoamericano, sin mayores problemas, pero que los enfrentamientos se produjeron al perseguir las huestes federales a los ocupantes hasta dentro de los límites de la villa 20 para luego, reprimirlos ferozmente. Allí se habrían producido las dos primeras muertes. Luego la Policía Federal abandonó el lugar y dejó el parque listo para volver a ser usurpado en pocas horas.
Frente a las bandas ilegales, la Policía actuó como una más de ellas. No es la primera vez que las “fuerzas del orden” pasan de la inacción exhasperante a la represión brutal sin quedarse en ningún estado intermedio.
Políticamente, el hecho generó el primer cambio de gabinete desde la muerte de Néstor Kirchner. Las fuerzas de seguridad ya no estarán bajo el ala del Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, quien las manejaba en términos reales, pese a estar formalmente bajo la conducción del Ministro Julio Alak. La creación del Ministerio de Seguridad castiga al “premier” y a la afín conducción de la Federal. El perfil de su flamante titular Nilda Garré, promete un período de tensión entre el poder político y las fuerzas de seguridad. La autocensura policial, el desborde social y la proliferación del delito en la Ciudad de Buenos Aires son amenazas ciertas derivadas de esta decisión.
Esto último no es una profecía maldita sino exactamente lo que ocurrió ayer. Un grupo de barrabravas puestos por alguien del lado de los vecinos de Villa Soldati, fue a sacar con palos e incendios a los usurpadores del Parque, quienes –armados y organizados- repelieron el ataque produciendo más víctimas.
¿Y el Estado dónde estaba? La Federal ausente, la Metropolitana –no más de cuarenta “efectivos”- huyendo a la par de los vecinos y el SAME intentando entrar para rescatar heridos, recibiendo una andanada de balazos como bienvenida, y sufriendo una emboscada que terminó con el fusilamiento de un herido que ya estaba dentro de una ambulancia.
Tarde, y siempre muy detrás de los acontecimientos, en esta madrugada se empezó a hacer algo. El Jefe de Gabinete de la Nación recibió al Jefe de Gobierno de la Ciudad, cuando los acontecimientos ya se fueron completamente de sus manos.
Buenos Aires, 11 de dieiembre de 2010
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