San Lorenzo se acerca a Boedo

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley de Restitución Histórica por unanimidad, por lo que el Club A. San Lorenzo de Alamgro podrá recuperar los terrenos ubicados en la Avenida La Plata entre Inclán y las Casas, hoy en manos de la empresa Carrefour Argentina SA. (para leer la nota completa, cliquear en el título)

  Entre los fundamentos de la misma, se señala que San Lorenzo se desprendió del terreno acosado por sus deudas y las presiones del entonces intendente de la Ciudad, Brig. Osvaldo Cacciatore, en 1979, en plena dictadura militar. El club vendió el bien a una empresa fantasma que luego la revendió a un precio mucho mayor a la compañía francesa. En esa triangulación habría tenido intereses el gobierno municipal de entonces.

 En un principio el proyecto fue fogoneado por la Subcomisión del Hincha, pero luego asumido por las distintas autoridades del club, participando de distintas marchas multitudinarias en el centro de la ciudad.

 Para concretar la expropiación, la norma aprobada prevé una nueva tasación del predio. Ya el Banco Ciudad había estimado el valor del mismo en 94 millones de pesos, pero un artículo de la ley determina que se deberá someter a tres tasaciones diferentes, una de ellas del Banco de la Nación Argentina, que podría elevar el precio de las tierras.

 Una de las particularidades de la operación, es que se trata de una expropiación en donde el Estado no pone el dinero, sino que lo hacen los particulares interesados a través de un fideicomiso. El mismo está conformado con hinchas que se inscriben a través del sitio web restitucionhistorica.blogspot.com.ar, comprometiéndose a adquirir por lo menos un metro cuadrado del terreno cada uno. Ya se llevan asignados por este medio unos 21.000 metros cuadrados del total. Cada uno vale $2.650, y se pueden pagar en 36 cuotas sin interés, restando menos de 15.000 m2. Se estima que no habrá inconvenientes en suscribir la totalidad del valor del predio en poco tiempo, aunque éste sea incrementado por las nuevas tasaciones.

 El Presidente de la institución, Matías Lammens, señaló que comenzarán una serie de negociaciones con los ejecutivos del hipermercado a fin de garantizar que el mismo no accione judicialmente contra la ley, y para abaratar los costos de acceso a la propiedad del terreno. San Lorenzo le ofrecerá al hipermercado quedarse con unos 5.000 metros cuadrados del predio, que tiene 35.667 en total. Según el texto de la norma aprobada, las partes tendrán 180 días para llegar a un acuerdo. Caso contrario, el fideicomiso pagará la expropiación y la firma francesa deberá abandonar los terrenos.

 La gran incógnita es si se construirá allí un nuevo estadio de fútbol. Al respecto, han circulado distintos proyectos, pero la ley no define la situación. Deja abierta la posibilidad, estipulando que la junta comunal 5 (Almagro y Boedo), la Ciudad de Buenos Aires y el mismo club serán quienes definan cuál proyecto se llevará a cabo.

En todos los casos, se contempla la instalación de un centro de salud y una escuela, junto a la ampliación de la sede social del club. También se prevé la construcción de un polideportivo de acceso gratuito para niños y jóvenes.

 Obviamente, la ilusión de los hinchas es que nuevamente, San Lorenzo sea local en su barrio de origen. En ese caso, el modelo inspirador sería el Stade Suisse Wankdorf de Berna, Suiza. Allí jugó la selección argentina este año derrotando a los locales con tres goles de Lionel Messi.

 En el barrio, las opiniones no son unánimes al respecto. Si bien, muchos de los vecinos son socios e hinchas del club, el impacto ambiental que generaría la existencia de un estadio de fútbol es de considerar, además de la comodidad que representa el centro comercial para aquéllos. Como contrapartida, la existencia de un polideportivo, una escuela y un centro de salud son bienes de carácter social que mejoran objetivamente la calidad de vida del barrio.

 La aprobación de la ley completa un año especial para San Lorenzo, en el que estuvo al borde del descenso, con una situación financiera muy grave y un caos institucional que culminó con la renuncia en bloque de la comisión directiva a mitad de año. Se hizo cargo una conducción provisoria que luego fue ratificada por la votación de los socios. En la misma, se destaca la participación del vicepresidente Marcelo Tinelli, quien junto a Lammens armó una ingeniería financiera destinada a la contratación de nuevos jugadores, pese a la grave situación del club. Tras despedir al polémico director técnico Ricardo Carusso Lombardi, asumió Juan Antonio Pizzi, un profesional con un perfil de seriedad y honestidad. Desde su llegada, el equipo mejoró el rendimiento y ya no está entre quienes estarían por descender.

Una ley que frena conquistas

por Jorge Rachid  

Veníamos bien en el avance que significaban para los trabajadores, la reparación, que desde el año 2003 permitió desmontar las principales espadas neoliberales en lo que hace a los derechos del trabajo y la apropiación despiadada del ahorro interno genuino del pueblo argentino. La derrota de la flexibilización laboral, la reinstalación de los Convenios Colectivos de trabajo, el Consejo del Salario Mínimo, la eliminación de las AFJP, la incorporación al sistema previsional de mas de dos millones de argentinos, víctimas de la desocupación desaprensiva de los 90 que nunca podrían jubilarse, la asignación universal por hijos, los planes trabajar cooperativizando el esfuerzo y direccionando la obra pública hacia el compromiso social, entre otras conquistas, hicieron en el gobierno un estandarte del compromiso político. (para leer la nota completa, cliquear en el título)

Esta nueva Ley de riesgos del trabajo, interrumpe esta seguidilla de avances, le pone un freno que responderá sin dudas a elementos diagnósticos de la etapa que debe sopesar la Presidenta, pero que no debe impedir que los militantes del movimiento nacional y de la seguridad social, con pensamiento crítico, sigamos planteando el escenario hacia el cual creemos que debe desarrollarse el camino del modelo social solidario del siglo XXl, que en este campo específico significa eliminar los sistemas de lucro del cuidado de la salud de los trabajadores, es decir implica la desaparición de las ART del marco de la seguridad social argentina, como desaparecieron las AFJP y que el estado sea el garante y regulador de la higiene y seguridad en el trabajo.

La nueva ley que es de reparación del daños, aumenta los montos indemnizatorios, los actualiza semestralmente, incorpora el daño moral con un 20% sobre la reparación, permite el ingreso de las mutuas sin fines de lucro al sistema, entre otros avances en un terrenos de matriz neoliberal planteado por la ley que se reemplaza, la 24557, que junto a la 24241 de AFJP y la flexibilización laboral, constituyó el combo del Banco Mundial de los 90. Cuando reparamos el daño, es porque llegamos tarde, porque la salud que es el derecho humano esencial y la salud para los trabajadores que es su único capital en el mundo de la negociación salarial, por lo que la preservación, la prevención, su cuidado como así su capacitación, dependen de la inversión patronal en higiene y seguridad, todas cuestiones que fueron responsabilidades nunca cumplidas de las ART, los modelos de gestión y producción de bienes y servicios cuestión de nula negociación en los Convenios, provisión de elementos de protección, medidas de prevención medio ambientales cuyas primeras víctimas siempre son los trabajadores. Como vemos no existen los accidentes, existe el desprecio por la salud de los trabajadores. La ley de higiene y seguridad vigente la 19.587 fue promulgada por el dictador Lanuse y reglamentada por el dictador Videla.

En ese sentido el tiempo transcurrido desde el 15 de julio de 1996 hasta la fecha, nos hace visualizar el funcionamiento del sistema de la SRT superintendencia destinada a controlar la ley, financiada por las ART las mismas que deben ser controladas, privatizando de hecho la higiene y seguridad en el trabajo. Dicho funcionamiento que según sus propios datos originó desde el 2001 al 2010 5,5 millones de accidentes de trabajo de los cuales casi el 5% fueron resultantes de invalidez para el obrero siniestrado con su exclusión del trabajo y su pase al sistema previsional, o sea 275.000 compatriotas de la población económicamente activa lesionados severamente por ir a ganarse el sustento para sus familias, además de 7.000 muertos en el mismo período o sea un Cromañón cada dos meses. Afianzar este mecanismo es perverso para el cuerpo social argentino.

Debo agregar que el impacto sobre la seguridad social de los sistemas solidarios de salud que producen los sistemáticos rechazos de las ART a patologías derivadas del trabajo, determinado la inculpabilidad de las mismas, siendo en definitiva atendidas por la obras sociales sindicales, provinciales o los sistemas públicos de salud, con la carga económica que conlleva, además de la pérdida del derecho resarcitorio para el trabajador y del salario para el patrón ya que deberían ambos ser abonados por la ART, que como toda aseguradora, su negocio es no pagar, buscando la escusa para no hacerlo. Así se modificaron procesos etiológicos de producción de patologías, con médicos patronales que participan en dichas cuestiones por las cuales las hernias discales dejaron de ser patologías del trabajo, por mas que el trabajador cargue bolsas de 50 kilos por años y a los 40 años esté inutilizado, la fórmula que aplican es “proceso degenerativo de columna lumbar”.

A esto debemos agregar que de las enfermedades o patologías del trabajo denunciadas, sólo el 2% son enfermedades profesionales lo cual habla de un subregistro que además es acotado en forma tajante por el listado emanado del Baremo de la ley 24557. Dicho Baremo, tabla de incapacidades para traducirlo, que debería ser indicativo, no determinativo, se ha constituído en una herramienta que desde el punto de vista médico no toma en cuenta la integridad del trabajador, ni el daño sistémico que produce el siniestro y mucho menos los procesos paulatinos de deterioro que causan los trabajos sobre el cuerpo humano. Para eso deberían conocer quienes evalúan las incapacidades, los mecanismos íntimos de cada procedimiento productivo o de servicios, ya que el organismo humano no es indemne a la automatización, ni al sobrepeso de carga ergonómica máxima, ni a los déficit posturales, ni a los vicios ergonómicos, ni a los ambientes ruidosos aunque sean en límites permitidos, ni a los contaminantes ambientales. Todo concurre en su deterioro y ante un accidente de trabajo que origine amputación por mínima que sea afecta desde la capacidad de presión verificada en puño, pinza o garra si es en mano o de bipedestación y marcha si es en miembros inferiores, además del strees postraumático del amputado, cuya personalidad es afectada por el evento en forma permanente.

Se observará que estamos hablando del daño y sus consecuencias, sin entrar a analizar todas las trabas burocráticas interpuestas entre el trabajador y su evaluación como mecanismos de desactivación de denuncia, hecho por demás cotidiano en la práctica diaria. En efecto a través de resoluciones que alteraron la ley, el trabajador debe recurrir a médicos laborales o legistas para presentar su solicitud de de Comisión Médica, conformadas las mismas por fuera del sistema de salud, tanto para el accidente como para la invalidez. O sea un sistema donde los intereses privados, en este caso los de las ART sin privilegiados en la relación íntima del dictamen final de la incapacidad, el alta prematura o la reafirmación del rechazo del siniestro.

Sin dudas será un camino difícil construir el modelo social solidario del siglo XXl donde los resabios neoliberales sean sólo un recuerdo y en ese sentido la gobernabilidad tormentosa de confrontar enemigos poderosos nacionales e internacionales, ha dado lugar a estas concesiones a una UIA que pide devaluación y apertura de importaciones, ambos pedidos que han sido negados en función de preservar la marcha del modelo nacional , desgraciadamente la prenda ha sido postergar una resolución a un tema estructural del combate cultural al neoliberalismo que hace a la salud de los trabajadores.

No cambiar salud por dinero ha sido una máxima de la medicina del trabajo, otra ha sido que donde entra el negocio, sale la salud y siendo esta el valor absoluto de los derechos humanos del hombre, debemos plantearnos con urgencia reemplazar la ley 19.587 de higiene y seguridad de la dictadura, por una ley de prevención de riesgos que exija inversión, controle y regule las condiciones medio ambientales y productivas con fuerte presencia del estado, como garante necesario por mandato constitucional de la salud de todos los argentinos.

El autor es médico del trabajo y la seguridad social

La Corte falla...y legisla: el aborto ya es libre en la Argentina

Por Mariano Rovatti

Por unanimidad de sus siete miembros, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó en los autos “A. F. s/medida autosatisfactiva” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut, que en marzo de 2010, autorizara la realización de la práctica de aborto respecto de la joven A.G, de 15 años de edad, quien había quedado embarazada como consecuencia de haber sido violada por su padrastro. De esta manera, rechazó el recurso extraordinario que, en representación de la persona por nacer, interpusiera el Asesor General Subrogante de la Provincia de Chubut.(para leer el artículo completo, cliquear en el título)

En su fallo, la Corte aclara que se expide igual aunque el aborto ya había sido practicado, porque el tiempo que implica el trámite judicial de cuestiones de esta naturaleza excede el que lleva su decurso natural, porque estaba comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino, y –lo más importante, a mi entender- que era necesario el dictado de un pronunciamiento que pudiera servir de guía para la solución de futuros casos análogos.

El voto mayoritario, de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Zaffaroni tuvo los siguientes ejes fundamentales:

1. Determinar el alcance del artículo 86, inciso 2º, del Código Penal. El texto completo del artículo es el siguiente: el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1º) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º) Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

La Corte entiende que la excepción contenida en el inciso 2° es extensible a todas las mujeres, y no sólo a las incapaces, por lo que todas las que hayan sido víctima de una violación, pueden abortar sin ser penadas. Basa esa interpretación en el principio de igualdad ante la ley previsto en la Constitución Nacional y en distintos acuerdos internacionales.

2. Disponer que los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, requiriendo exclusivamente una declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación.

La Corte se basa para ello en el art. 19 de la Constitución Nacional, por el que nadie se halla obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que no prohíbe.

3. Establecer que los jueces tienen la obligación de garantizar derechos, y que su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico.

Basa el tribunal su decisión en acuerdos internacionales y dictámenes de la Organización Mundial de la Salud, entre otros, frente a una extendida práctica fomentada por los profesionales de la salud y convalidada por distintos operadores de los poderes judiciales nacionales y provinciales.

En tal sentido, exhorta a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos y a disponer un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio.

Asimismo, atendiendo a la gravedad y trascendencia social que reviste la temática abordada en el caso, los mencionados jueces señalaron la necesidad de que tanto en el ámbito nacional como en los provinciales se extremen los recaudos a los efectos de brindar a las víctimas de violencia sexual, en forma inmediata y expeditiva, la asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad física, psíquica, sexual y reproductiva y el asesoramiento legal del caso.

También sostuvieron que se consideraba indispensable que los distintos niveles de gobierno de todas las jurisdicciones implementen campañas de información pública, con especial foco en los sectores vulnerables, que hagan conocer los derechos que asisten a las víctimas de violación y que se capacite, en este sentido, a las autoridades sanitarias, policiales, educativas y de cualquier otra índole para que brinden a toda víctima de violencia sexual la orientación del caso.

Comentarios:

Con el impulso del bloque del Frente para la Victoria, se hallaba en condiciones de ser tratado un proyecto de ley tendiente a ampliar los casos en que el aborto no sea punible; y a eliminar la obligatoriedad de una denuncia para decidir la interrupción del embarazo como consecuencia de una violación.

El fallo de la Corte recorre el mismo camino argumental que este proyecto, por lo que quizás, haya sido concebido por las mismas cabezas.

Sin desconocer la realidad de prácticas ilegales y clandestinas que se llevan la vida de numerosas mujeres en nuestro país, ni la terrible situación que se deriva de una violación –haya o no embarazo- entiendo, como principio básico que la vida nace en el momento de la concepción; y que por lo tanto, dentro de la mujer embarazada hay una persona viva que es sujeto de derechos.

Asimismo, cualquier nivel de legalización del aborto, sea por una ley o por una sentencia, implica una violación al Pacto de San José de Costa Rica, (…artículo 4º: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente…). Luego de la reforma de 1994, el mismo alcanzó rango constitucional en nuestro orden jurídico. También la Ley Fundamental, en su art. 75, inciso 23, señala que Corresponde al Congreso: … Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental…”. Por ello, el fallo dictado sería atacable por inconstitucional.

La sentencia habilita la práctica de abortos con la mera decisión de la embarazada, sin intervención judicial y aún existiendo otras alternativas en beneficio de la salud de la madre.

Ahora ésta tendrá la posibilidad de invocar una violación –aunque no fuese cierto- para abortar libremente, sin necesidad de acreditar el hecho o al menos, hacer la denuncia penal previa. Esta alternativa configura una derogación de facto de la norma vigente sin pasar por el Congreso Nacional. Cualquier mujer que quiera eliminar a su feto podrá hacerlo con una simple declaración jurada manifestando que fue violada, sin demostrar el hecho, ni identificar al presunto violador, ni haciendo intervenir a la Justicia tratándose de la comisión de un delito. El art. 86 del Código Penal pasará a ser letra muerta, evitando el necesario debate que se debe la sociedad respecto de este tema.

La Corte Suprema ocupa así el rol de legislador, excediéndose en sus atributos constitucionales.

También encuentro cuestionable la relativización del valor de la vida que puede detectarse a lo largo del pronunciamiento judicial. El tema del aborto es uno de los que pone en juego mayor cantidad de valores, algunos de ellos en colisión. La igualdad ante la ley, la libertad de decisión de los padres, la integridad física de la mujer, la celeridad judicial, etc. son considerados por el tribunal como prioritarios frente a la realidad de la existencia de una persona viva en el seno materno.

No obstante, puedo encontrar coincidencias con el fallo, en los siguientes puntos:

Entiendo que debe limitarse la llegada de mujeres a la situación de aborto a través de un plan intenso de educación sexual y reproductiva en todos los niveles de la sociedad, integrando en su implementación a la escuela, los medios de comunicación, el sistema de salud, las entidades profesionales y ONGs relacionadas, los diferentes cultos y fundamentalmente, las familias.

También creo que es necesaria una adecuada contención psíquica, emocional y legal de la mujer violada o abusada sexualmente, haya quedado o no embarazada. Las consecuencias de semejante acto son devastadoras para la autoestima de la víctima, por lo que necesita de un apoyo cercano no sólo de sus seres queridos, sino del Estado a través de su sistema de salud y asistencia social.

Finalmente, dejo constancia que en este humilde aporte intento destacar elementos jurídicos, políticos, sociales y éticos.

Acepto que el tema es complejo, y que es objeto de múltiples consideraciones que parten de la buena fe de quienes la sostienen. Por ello, respeto a los que piensan distinto y así procuro el respeto de los demás. No concibo a la defensa de la vida como una religión ni una ideología, ni creo que se halle a la derecha o a la izquierda de otros valores, sino por encima de los demás. No incluyo juicios sobre moral sexual, ni prejuicios sociales. Intento no bastardear mi condición de cristiano congregado, ya que para mí la Fe no es dogma, sino fuente de vida, amor, luz, liberación y poder.

Es de esperar que ahora, el Congreso Nacional debata a conciencia el tema, considerando todas sus aristas, y que los legisladores –que sí tienen la legitimidad necesaria, fruto del voto popular- sancionen, con responsabilidad e idoneidad, una norma justa.

Buenos Aires, 14 de marzo de 2012

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Una propuesta para reestructurar el fútbol argentino

por Mariano Rovatti

Política, dinero y fútbol. El hombre los creó y quizás el diablo los haya juntado. El reciente sainete vivido con la fallida reestructuración del fútbol argentino, puso el tema en la mesa. Todos los que seguimos el fútbol advertimos que es necesaria una reforma, pero no la que se intentó.

Probablemente, la idea salió de la cabeza de Aníbal Fernández, con tiempo para pensar en estas cosas dada la progresiva disminución de sus funciones como Jefe de Gabinete de la Nación. (si no sale el artículo completo, cliquear en el título)

Julio Grondona usó este anteproyecto para ganar puntos con los clubes del interior del país, encendiéndoles la ilusión de ser pares de los grandes de la Capital; y de éstos de quedar a salvo del temible descenso, ya sufrido por River Plate, equipo del que es hincha una cuarte parte del pueblo argentino.

Quizás al presidente de la AFA esta idea nunca le cerró, y advirtió que al gobierno nacional lo que realmente le interesaba era sacarle ya mismo la televisación del Nacional B al grupo Clarín, y de paso disponer de mayores espacios publicitarios para la presente campaña electoral. Eso lo tuvo de inmediato. Una vez más, la AFA rescindió el contrato con Torneos y Competencias, y el Nacional B será televisado por la estatal Fútbol para Todos.

Para terminar de abortar el proyecto, quizás con un guiño superior, el vocero de la AFA Ernesto Cherquis Bialo –con su habitual verborragia- le dio el golpe final. Las declaraciones de Robinson generaron un escándalo que quitó plafond político para una idea que nunca fue del gusto de la conducción afista.

Pero quedó en amplios sectores del fútbol chacarero la ilusión trunca de jugar con los grandes. Meses atrás, se había anunciado la creación de la Copa Argentina, a imagen y semejanza de las copas europeas, en las que juegan mezclados equipos de primera, segunda y tercera división. Quizás esa solución sea mejor a la ensayada.

Resuelto ya el tema de la televisación como quería el gobierno, la AFA tiene el desafío de encontrar un sistema que haga a sus torneos más competitivos, premiando a los equipos que trabajan a largo plazo.

Proponemos aquí la siguiente reforma:

1. La actual temporada 2011/12 se jugará tal cual se ha venido haciendo hasta ahora, respetando campeonatos, ascensos, descensos y clasificaciones a las copas continentales tal como estaba previsto.
2. Creación de la Copa Argentina, a jugarse a partir del viernes 4 de febrero de 2012. En ella participarán 40 equipos (20 de primera división y 20 del Nacional B) divididos en 8 zonas de 5 equipos cada una. Jugarán todos contra todos ida y vuelta, con interzonales entre clásicos rivales (Ej: Boca-River; San Lorenzo-Huracán; Rosario Central-Newell`s; Estudiantes-Gimnasia; etc.) Para ello habrá que establecer cabezas de serie y asegurar que no más de 3 equipos de la misma divisional por zona.
La primera fase del torneo demandará 8 fechas, que se jugarán entre el 4 de febrero y el 26 de marzo de 2012, sólo los fines de semana.
Clasificarán los 2 primeros de cada zona y se enfrentarán según una grilla prefijada, por eliminación directa con partidos de ida y vuelta. Los octavos de final, cuartos y semifinales se disputarán los días miércoles a lo largo del año, según disponibilidad de calendario.
La final se disputará el domingo 17 de diciembre en partido único en ciudad y estadio fijados previamente. El ganador se clasifica automáticamente para la Copa Libertadores. El torneo demandará un total de 15 fechas.
Hay un proyecto aprobado de Copa Argentina aprobado para que comience el mes que viene, que incluye un número mayor de equipos, previendo la participación de clubes del Argentino A y B, y de la B metropolitana. La excesiva cantidad de partidos entre equipos que a la larga quedarán eliminados frente a los de divisiones mayores, hacen poco conveniente este modelo por los elevados costos de traslado que demandaría.
3. Una vez terminada la temporada la temporada 2011/12, se arma –por única vez- un torneo de reclasificación juntando los 40 equipos de Primera y el Nacional B. Este torneo se jugará durante la segunda mitad del año 2012.
Se agruparán en 5 zonas de 8 equipos cada una con partidos de ida y vuelta. Los 4 primeros de cada zona conformarán la máxima categoría llamada Argenliga a partir de 2013. Los 4 últimos de cada zona conformarán la Liga Nacional de Ascenso (LNA)
Los primeros y el mejor segundo jugarán un hexagonal final con partidos de ida. El campeón se clasifica para la Libertadores. El torneo demandará 19 fechas.
4. A partir de 2013, la Argenliga y la LNA arrancarán sus torneos den abril y
terminarán en la segunda semana de diciembre. Habrá 3 ascensos y 3 descensos, sin promedios ni promoción.
5. Paralelamente, se tendrían que ir reestructurando los torneos inferiores, derogando las divisiones B metropolitana, C y D de la AFA, y el Argentino A y B. Se crean -como tercera categoría- cuatro ligas regionales de 20 equipos cada una:
a) metropolitana, integrada básicamente por equipos de primera B metropolitana del área CABA-GBA;
b) pampeana-patagónica, por equipos de las provincias de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires interior y de la Patagonia;
c) andina, equipos del NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja) y de Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis);
d) litoraleña, con equipos del NEA y Mesopotamia (Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes y Misiones)

La asignación de equipos es por ubicación geográfica, más allá si están afiliados directamente a la AFA o a las ligas locales. (p. ej. Argentino de Rosario jugará en la liga litoraleña, o Sarmiento de Junín, en la pampeana-patagónica)

Los dos primeros de cada liga juegan por eliminación directa ida y vuelta. Ascienden los tres primeros a la LNA.

Debajo de estas ligas regionales estarán las ligas locales que generarán 3 ascensos a cada una de ellas.

En el caso de la liga metropolitana, debajo de ella habrá una Liga de Ascenso conformada por los equipos de la C y la D mezclados. Se los dividirá en 3 zonas (norte, centroeste y sur) jugándose un hexagonal final entre los 2 primeros de cada una.

El sistema propuesto tiene varias ventajas:

a) los cambios se realizan con tiempo, sabiendo cada equipo a qué atenerse
b) se estimula la competencia; no se iguala para abajo;
c) se da posibilidad a los clubes del interior de medirse con los grandes de la zona metropolitana;
d) al agruparse por regiones, en el ascenso se reducen distancias y costos de traslado;
e) el tratamiento es justo y equitativo para todos, volviéndose más relevante el desempeño puramente deportivo;
f) al eliminarse los torneos cortos, se promueve el trabajo a largo plazo, y la consolidación de los planteles; se desalienta el endeudamiento compulsivo para comprar jugadores y el despido de directores técnicos, con la consecuente duplicación de pagos de salarios de los mismos; todo ello, además redundaría en finanzas más sanas para los clubes, quienes estarían menos dependientes del aporte televisivo estatal;
g) se adecúa el calendario futbolístico a la realidad del hemisferio sur, al igual que la mayoría de nuestros vecinos;

Esta reforma asimismo, requiere como complemento, para que sea verdaderamente integral, de trabajar en la mejora en los arbitrajes, la seguridad en las canchas y adyacencias, la comodidad en los estadios, el estado de los campos de juego, el uso de la tecnología (p. ej. televisión) para reforzar los fallos arbitrales, volver a tener selecciones juveniles con trabajo planificado y coordinado, etc.

El reciente fracaso en la Copa América no fue fruto de un penal mal pateado, sino que es la consecuencia simbólica de varias cosas que deben mejorarse en la estructura.

Ojalá que este movimiento sirva para impulsar las reformas necesarias y el fútbol argentino retome su senda de grandeza.

Buenos Aires, agosto de 2011

No hay que ser frívolo con el consumo de drogas

Por Eduardo Amadeo

La relación del progresismo argentino (¿progresismo?) con el tema de las drogas es, cuanto menos, fluctuante.
Tal vez, por su simpatía con algunas variaciones del pensamiento avant- garde, o por su intento de incorporar jóvenes a sus filas, o por considerar a la guerra antidrogas un patrimonio de una ideología de derecha con sabor yanqui, lo cierto es que es difícil encontrar un eje estratégico en los gobiernos del matrimonio Kirchner que tome al consumo y el tráfico de drogas como el dramático problema social y político que es hoy en la Argentina y en la región.

Para leer el artículo completo, cliquear arriba, sobre el título

Hay que hurgar mucho en los discursos presidenciales para encontrar referencias explícitas al problema. Néstor Kirchner sólo condenó a las FARC (que lo llamaron "latinoamericano ilustre") al final de su vida, para sostener su puesto en la Unasur, pero su gobierno no actuó con la severidad debida ante los coqueteos de Hebe Bonafini con esa banda narcotraficante.
No hay iniciativas diplomáticas argentinas de apoyo explícito a la acción del gobierno colombiano, muchas veces sometido a la soledad. El fiasco con el tema del lavado de dinero indica la pobre prioridad otorgada a esta cuestión crítica para el narcotráfico.
El secretario de la Sedronar sólo pudo sobrevivir con un menguado presupuesto, por su amistad personal con Néstor Kirchner. Las iniciativas sobre despenalización, impulsadas por Aníbal Fernández, se dieron con un aroma de frivolidad pavorosa, y con un discurso más dirigido a complacer las demandas de jóvenes consumidores de marihuana que a asumir la responsabilidad de un gobernante. Para Fernández ha sido más importante recibir un aplauso en un recital que sostener la dura tarea de gobernar sin demagogia en este tema.
La complejidad del problema de las drogas ha hecho que se propongan atajos mágicos para tratar de resolverlo rápidamente: desde la legalización (¿quién aceptaría que se vendiese cocaína en la puerta del colegio de sus hijos?) hasta la despenalización, pasando por una suerte de resignación pasiva, llamada "reducción de daños", que cuenta con adherentes importantes en este gobierno.
La despenalización que defiende el progresismo vernáculo supone que quien consume es algo así como un intelectual que usa la marihuana como una herramienta de creatividad, pero que puede abandonar ese consumo no adictivo cuando quiere, y por ello no se lo debe penar. Y -peor aún- que no hay relación entre la marihuana y otras problemáticas que, en realidad, sí tienen una vinculación innegable con el uso de esa droga.
La realidad nos demuestra que esta política es errada: desde que el Gobierno emitió ese mensaje frívolo, aumentó el número de jóvenes que consumen marihuana y -más grave aún- el de quienes no ven en la marihuana ningún peligro para su salud o su comportamiento. O sea, las barreras de la tolerancia social (componente clave de la estrategia preventiva) se han levantado aún más.
Grave error: los consumidores son básicamente jóvenes que necesitan que los ayuden, no que los aplaudan.
El mensaje sobre el paco entre los más pobres es otra herramienta cultural perversa, ya que confina el problema de la droga al "otro país", el de los excluidos, mientras que los jóvenes con mejores recursos económicos utilizan el porro (o la merca ) sin problema en los recitales o en el baño de la escuela, protegidos por esta "no política preventiva progresista", que sólo se limitará, si es que lo hace, a tratarlos cuando pasen a la siguiente etapa de su proceso adictivo.
El problema de la droga no es tampoco causado sólo por la oferta de drogas, cuestión que tampoco tiene la prioridad que se merece. Se trata de una combinación de múltiples variables: tolerancia social al consumo, oferta del producto y vulnerabilidad personal, que exigen un enfoque igualmente complejo, constante y con recursos, pero, por encima de todo, del convencimiento absoluto de los líderes políticos sobre la importancia que eso debe tener dentro de su acción de gobierno.
Cambiar "voto joven" por inacción o silencio cómplice es de una irresponsabilidad sin límites. Los chicos que fallecen en la calle tras una noche de alcohol y droga son también el resultado de esta política.

Publicado en La Nación

Otro fracaso de nuestra clase política

Por Mariano Rovatti


Los hechos de violencia irracional desatados en Villa Soldati muestran -una vez más- la incompetencia de nuestros dirigentes políticos para ejercer los cargos para los que fueron electos y/o designados.

Esa falta de idoneidad se vé agravada por la actitud miserable de la mayoría de quienes han tenido participación en los hechos. Se han tomado decisiones –que costaron hasta ahora cuatro vidas- en función del daño político que se le causaba al contrincante, y no para solucionar el problema o evitar que se agrave aún más.

No importa de cuál facción partidaria estamos hablando; el fracaso es de todos los responsables, cada uno en su medida según sus funciones.

Allá por fines de 2007, tuve la oportunidad de visitar en tres oportunidades la Villa 20. (para seguir leyendo, cliquear en el título del artículo) Un grupo de vecinos –del ala minoritaria de la junta que gobernaba la villa, que en su mayoría respondía a los hermanos Chancalay- había preparado un plan de urbanización, que incluía la pavimentación de calles, la instalación regular de redes de agua, gas natural y energía eléctrica, la construcción de una sala de primeros auxilios, de una escuela y de un destacamento de la Policía Federal. Una de sus autoras decía que querían construir ciudadanía. Intentaban que, con los nuevos gobiernos que estaban por asumir en el orden local y nacional, alguien se acordara de ellos.

Los preocupaba la inminente ejecución de un plan de viviendas económicas que llevaría la Asociación Madres de Plaza de Mayo, con fondos del Ministerio de Planificación Federal. El lugar elegido para la ubicación de las mismas era una franja ubicada entre el cementerio de autos y la villa 20, de cara a la Autopista Dellepiane. Preveían que les iba a sacar la luz y el agua que venían desde ese lado.

Por mi tarea en el GCBA, tuve oportunidad de visitar otros asentamientos, como la villa 1-11-14, y la villa 21. De todas estas experiencias, formé una opinión diferente a la que había construido de ellas con mi limitada información y mis propios prejuicios.

Pensar que éste es un problema “de Macri”, “de Scioli”, “de Cristina”, y así sucesivamente, es el germen de la tragedia vivida en estos días. La pequeñez espiritual de quienes así se han comportado –motivados por hacer pagar costos políticos al otro, y ganar así minúsculas batallas por el poder- derivó en muertes inesperadas,

El problema de las villas no se resuelve desde un solo escritorio. Es una cuestión local sí, pero también nacional y más aún, regional. Paraguayos, bolivianos y peruanos, además de una enorme masa de argentinos provenientes de nuestro interior, habitan en las villas de Capital y Gran Buenos Aires. Allí conviven los distintos excluidos del sistema: trabajadores desocupados que no pueden insertarse en el circuito productivo, familias desalojadas que no pueden siquiera alquilar una vivienda digna, extranjeros indocumentados que ingresan ilegalmente al país, delincuentes procesados y algunos de ellos prófugos...Allí normalmente no entra el Estado en ninguna de sus versiones. Cuando me tocó ingresar por mi trabajo, lo hice acompañado por personal policial escaso, inexperto y más atemorizado que yo.

Uno de los temas que esta crisis puso delante de nuestros ojos es el de la inmigración de personas provenientes de países sudamericanos. La misma evidenció el conflicto de intereses y valores que se suele dar cuando un país vé la necesidad de elaborar y aplicar una política en materia de inmigración.

Por un lado, sería legítimo que la Argentina decida poner límites a la entrada de extranjeros a su territorio. Es lo que hacen la mayoría de los países que reciben afluencia migratoria. Por el otro, la aplicación extrema de dichas medidas a menudo importa una violación a derechos humanos básicos, como la igualdad ante la ley, y el respeto y la tolerancia a que son dignos todos los seres humanos.

Todos los días entran al país miles de inmigrantes de países hermanos, huyendo de la pobreza y soñando un futuro de promisión en nuestro país, que normalmente no está en condiciones de garantizar.

Muchos se ven obligados a cometer una cadena de delitos: entran ilegalmente al país, toman casas, venden mercadería trucha ocupando irregularmente el espacio público.

Varios de ellos llenan los turnos de los hospitales públicos y las vacantes de los establecimientos educativos estatales, sostenidos con recursos de los argentinos.

Pero es necesario recordar que los inmigrantes provienen de naciones hermanas, con las que nos une un mismo pasado y un mismo destino. El camino no es el enfrentamiento entre hermanos, sino la cooperación y la solidaridad.

Como en todo, debe prevalecer la ley antes que nada. Pero en nuestro país existe una legislación en materia migratoria, que su Estado no está en condiciones de hacer cumplir.

La Argentina participa activamente en el proceso de integración política sudamericana, teniendo en sus manos recientemente la Secretaría General de la UNASUR. ¿Qué se hizo por este problema desde ese lugar de poder? ¿Figuró este punto en la agenda de la última cumbre iberoamericana de Mar del Plata? ¿De qué hablan los presidentes de Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú, cada vez que se encuentran? ¿Existen comisiones de trabajo integradas por funcionarios de estos países, para acordar un mecanismo que contemple los intereses y necesidades de todos?

Reducir el conflicto a manifestaciones contra la xenofobia o contra los extranjeros es tan cómodo como ineficaz. Responde a la lógica de dividir en bandos a la sociedad, y que nadie se haga cargo del problema. Mientras nos entretenemos en llamar facho o negro al supuesto contrincante, el problema no se resuelve y lo heredará el que sigue.

Otra cuestión es la específicamente referida al creciente déficit habitacional, que tiene a las villas miseria y las usurpaciones de inmuebles como sus principales efectos. Allí las soluciones deben ser conjuntas entre la Nación y el GCBA, y deben incluir -sin pensar en negocios inmobiliarios para funcionarios y amigos- planes de viviendas populares y la urbanización de las villas. Esta posibilitará la integración de sus habitantes a la ciudad, y la posibilidad para el Estado de ingresar a su territorio.

Evita decía donde hay una necesidad hay un derecho; ahora el apotegma se ha modificado: donde hay una necesidad hay un negocio.

La marginalidad es terreno fértil para sacar a la luz los peores comportamientos humanos. Las necesidad ha sido aprovechada por bandas –con la anuencia de autoridades políticas, judiciales y policiales- para mezclar sus propios intereses dentro de las villas, garantizando impunidad y mano de obra barata para las organizaciones delictivas. Todo ello, multiplicado con el brutal negocio de la elaboración y tráfico de drogas, desde el paco hasta la cocaína. Allí el Estado tiene que actuar con todo el rigor de la ley, y de manera coordinada.

Las informaciones disponibles –aún confusas y parciales- sugieren que el jueves la Policía Federal había cumplido la orden de desalojo del Parque Indoamericano, sin mayores problemas, pero que los enfrentamientos se produjeron al perseguir las huestes federales a los ocupantes hasta dentro de los límites de la villa 20 para luego, reprimirlos ferozmente. Allí se habrían producido las dos primeras muertes. Luego la Policía Federal abandonó el lugar y dejó el parque listo para volver a ser usurpado en pocas horas.

Frente a las bandas ilegales, la Policía actuó como una más de ellas. No es la primera vez que las “fuerzas del orden” pasan de la inacción exhasperante a la represión brutal sin quedarse en ningún estado intermedio.

Políticamente, el hecho generó el primer cambio de gabinete desde la muerte de Néstor Kirchner. Las fuerzas de seguridad ya no estarán bajo el ala del Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, quien las manejaba en términos reales, pese a estar formalmente bajo la conducción del Ministro Julio Alak. La creación del Ministerio de Seguridad castiga al “premier” y a la afín conducción de la Federal. El perfil de su flamante titular Nilda Garré, promete un período de tensión entre el poder político y las fuerzas de seguridad. La autocensura policial, el desborde social y la proliferación del delito en la Ciudad de Buenos Aires son amenazas ciertas derivadas de esta decisión.

Esto último no es una profecía maldita sino exactamente lo que ocurrió ayer. Un grupo de barrabravas puestos por alguien del lado de los vecinos de Villa Soldati, fue a sacar con palos e incendios a los usurpadores del Parque, quienes –armados y organizados- repelieron el ataque produciendo más víctimas.

¿Y el Estado dónde estaba? La Federal ausente, la Metropolitana –no más de cuarenta “efectivos”- huyendo a la par de los vecinos y el SAME intentando entrar para rescatar heridos, recibiendo una andanada de balazos como bienvenida, y sufriendo una emboscada que terminó con el fusilamiento de un herido que ya estaba dentro de una ambulancia.

Tarde, y siempre muy detrás de los acontecimientos, en esta madrugada se empezó a hacer algo. El Jefe de Gabinete de la Nación recibió al Jefe de Gobierno de la Ciudad, cuando los acontecimientos ya se fueron completamente de sus manos.

Buenos Aires, 11 de dieiembre de 2010

El sistema de adopciones agoniza y demanda cambios urgentes

por Cynthia Hotton (*)

En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires alrededor de 6.000 matrimonios aguardan impacientes la posibilidad de consumar por vía legal su sueño de convertirse en padres adoptivos. La cifra se eleva a niveles impensados en el resto del territorio nacional.


Pero inexplicablemente otros miles de niños permanecen en paralelo institucionalizados durante largos períodos de tiempo en centros oficiales, presos del abandono y de la extrema soledad, a la espera del pronto cumplimiento del trámite legal que les permita comenzar a gozar de los beneficios del amor parental y del calor de un hogar propio. En el medio, sólo quedan interrogantes sin respuestas, bronca, indignación e impotencia.

La vigente Ley nacional de Adopción (Nº 24779) ha demostrado a las claras su incapacidad para solucionar una problemática tan sensible como dolorosa: la de un vasto cúmulo de familias ansiosas por dar amor, frente a decenas de miles de niños desamparados que deambulan por los caminos de la indecisión y la extrema burocratización, sufriendo en carne propia las consecuencias de la desorganización de los estamentos oficiales, de la indiferencia de las autoridades y de la ineficiencia global de un sistema ya obsoleto.

La lentitud del aparato estatal a la hora de actuar como nexo entre ambos sectores visibles uno del otro pero lejanos en los papeles, acarrea consecuencias por demás complejas para cada uno de los actores que integran esta cadena de desencuentros. Aún más, la irresolución de los trámites judiciales de adopción da pie a la consumación de delitos aberrantes, tales como el robo de bebés para su comercialización, y a prácticas al menos polémicas, como el alquiler de vientres maternos.

La gravedad de la coyuntura nos obliga a actuar de inmediato, promulgando aquellas reformas que, en lugar de simplemente parchar un sistema agonizante que genera hoy por hoy un profundo descreimiento social, aplique cambios de fondo que optimicen los procesos, simplifiquen los modos y acorten los tiempos, devolviendo así la esperanza a familias desencantadas y propiciando la protección familiar del niño desde su temprana edad.

Una propuesta diferente

La nueva Ley de Adopciones que el país requiere implementar debe apuntar primordialmente a la preservación absoluta e ineludible del niño, aplicando en primer lugar todos aquellos instrumentos legales que permitan prevenir el abandono, y articulando paralelamente los procesos más adecuados para evitar su traumática institucionalización. En definitiva, la nueva norma debe velar por el interés superior del menor, en concordancia con lo establecido en el Artículo Nº 3 de la Convención de los Derechos del Niño, del 20 de noviembre de 1989.

Pero una ley acorde a los tiempos actuales debe también sustentarse en la figura de aquellas progenitoras que han decidido no asumir su función de madres, detectándolas en primera instancia y brindándoles luego alternativas y acompañamiento durante todo su embarazo. Asimismo deben ponerse en marcha los mecanismos necesarios para garantizar una familia adoptiva al niño por nacer, eludiendo el menor de esta manera la instancia de institucionalización en sus primeras semanas de vida, las cuales son vitales para su desarrollo posterior según coinciden numerosos estudios científicos en la materia.

El replanteamiento de la norma vigente debe garantizar asimismo una agilización en el trámite de guarda pre-adoptiva, además de brindar a los jueces la facultad de otorgar la adopción plena de aquellos menores cuyos padres se hayan desentendido de éstos por el período de seis meses, siendo actualmente dicho plazo de 12 meses.

Una ley superadora en materia de adopción debe permitir además a los magistrados otorgar la adopción plena cuando el desamparo moral o material del niño resulte evidente, manifiesto y continuo.

Todo esto dará transparencia y orden al nuevo sistema, a fin de generar confianza pública en el mismo y desalentar así las actitudes ilícitas que subyacen a partir de los dilatados plazos actuales de adopción.

(*) Diputada Nacional

publicado en El Cronista