La política económica llevada adelante por el gobierno nacional a partir del año 2003 fue la del sostenimiento de un tipo de cambio real alto. El objetivo era, como se sabe, poder volver competitivo internacionalmente el sistema productivo allí donde no lo era. También era la forma de obtener recursos mediante la aplicación de impuestos adicionales a las exportaciones en aquellos casos en que el sistema productivo sí era (y es) claramente competitivo.(para leer el artículo completo, cliquear en el título)
Para pasarlo al plano concreto: la Argentina no es un país de alta competencia internacional en materia industrial pero sí lo es en la producción de materias primas, especialmente (pero no únicamente) las provenientes de la agricultura y de la ganadería. De tal modo que la aplicación de derechos de exportación (conocidos como “retenciones”) cumplían (y cumplen) la finalidad de desdoblar el mercado cambiario de modo que los sectores más competitivos recibían (y reciben) un menor valor por los dólares provenientes de sus exportaciones, en tanto que los sectores menos competitivos (industriales) uno mayor.
El tan mentado “modelo” consiste entonces en que el Estado Nacional se quede con la diferencia entre el tipo de cambio que le reconoce a unos, y el que le reconoce a los otros. Esa diferencia contribuyó decididamente a generar el llamado superávit fiscal. Es decir que todo cerraba de maravillas: tipo de cambio alto sostenido mediante la emisión monetaria necesaria para adquirir los dólares provenientes de las exportaciones a precios superiores a los que, de funcionar, determinaría el mercado. Este esquema se vio fortalecido por los altos precios en internacionales de los productos primarios, que contribuyeron de ese modo a mantener muy buenos márgenes de ganancia para los productores locales, a pesar de la poda que significaba, y significa, la retención sobre sus exportaciones.
Estamos hablando de un traspaso de los ingresos que deberían recibir los exportadores de materias primas, incluyendo el petróleo, hacia el Estado. Y estamos diciendo que ese traspaso fue posible gracias al tipo de cambio elevado artificialmente y a los altos precios de la producción primaria en el mercado internacional.
El gobierno nacional (tanto el de Néstor Kirchner como el de su esposa) consideró siempre que los recursos provenientes de los derechos de exportación conforman parcial o totalmente un superávit fiscal. Y a partir de esta premisa, ese dinero fue (y es) utilizado para solventar gastos estatales (subsidios, gastos denominados sociales, obras, etc.). Pero lo cierto es que de tal manera, se inyecta dinero al circuito económico que proviene esencialmente de la emisión monetaria adicional destinada a comprar los dólares con sobreprecio. Así fue hasta el año 2008 por lo menos.
Sostenemos que tal utilización es decididamente inflacionaria y que allí está el principal problema del “modelo” .
Podemos abundar en otras cuestiones derivadas de esta forma de actuar, aspectos a los que muchas veces nos hemos referido. Pero en este caso preferimos ceñirnos a este problema, porque está a la vista que el esquema está agotado.
El gobierno no habla de la inflación y no reconoce su existencia. Pero es obvio que le preocupa y mucho y es por eso que intervino el INDEC en el año 2007, y desde mucho antes inició una seria política de controles de precios, márgenes de utilidad, análisis de costos y demás prácticas tan comunes como reiteradas en nuestro país. Es que la inflación se constituyó en el eje de la dinámica del sistema económico. Y también en una forma de financiar el gasto.
Dentro de esa política francamente inconsistente y evidentemente no conducente a resolver el problema que el propio Estado Nacional creaba, se llegó al absurdo de prohibir exportaciones de carnes, granos y hasta productos elaborados, como las carnes procesadas que prácticamente no se consumen en el país.
Las prácticas de controles de precios y prohibiciones de exportaciones produjeron un claro retaceo de la inversión, medida como porcentaje del PBI a lo largo de todos estos años. Con lo cual el deterioro se hizo cada día más marcado. A ello se sumó la crisis del año 2008, de origen internacional pero notoriamente incentivada en el medio local por una desacertada política intervencionista con el sector agrícola, que culminó como sabemos con la famosa circular 125 que establecía para la soja un tratamiento similar al que recibe todavía hoy el petróleo. Tal tratamiento consiste básicamente en que las retenciones a las exportaciones son porcentualmente crecientes por encima de determinado precio en dólares. De tal modo que si los precios internacionales suben, un porcentaje mayor del producido, pasa al Estado como derecho de exportación. Es decir que el ingreso obtenido por los productores nunca podría pasar de un cierto valor por tonelada. Así ocurre en el petróleo, donde mientras el valor del barril supera los 100 dólares en el mercado internacional, para cualquier producción local que se exporte tal valor ronda los 45 dólares.
Pero, naturalmente que los precios de los insumos locales en pesos han venido subiendo en estos años cada vez más aceleradamente, por lo que para los productores fueron subiendo en dólares, dado que el valor de la moneda extranjera no siguió ni sigue el curso de la inflación. Ni siquiera sigue el de la inflación medida por el INDEC.
Por eso los márgenes de utilidad se reducen o directamente desaparecen en algunos casos.
Ahora bien, el gobierno nacional bien podría producir una devaluación tal que compensara este desfasaje, volviendo de ese modo al inicio. Pero eso no es posible y no lo es por varias razones, la principal de las cuales es que en el año 2002 la capacidad ociosa de la economía local estaba en torno del 50% debido a la crisis de la llamada convertibilidad. Pero tal capacidad ociosa dejó de ser relevante a partir, justamente, del año 2008, cuando la economía alcanzó (hay que recordarlo) los niveles que tenía una década antes, en 1998.
Hoy por hoy una devaluación produciría un estallido inflacionario inmediato. Por eso vienen tomándose medidas a nuestro criterio profundamente erradas pero tendientes a hacerse de recursos disimulando el verdadero mal. Por eso se busca por todos los medios suprimir los subsidios o disminuirlos al máximo para bajar el gasto, dado que los recursos provenientes de las retenciones a las exportaciones ya no valen lo mismo, dado que los pesos no valen lo mismo que hace 4, 3, 2 o un año. Y el gasto público en general ha crecido a tasas impresionantes en estos años.
Dejamos de lado aquí consideraciones políticas tanto como nos es posible. Solamente pretendemos hacer un recuento de lo ocurrido y ponernos en un lugar de observación de lo que ocurre que elimine las contaminaciones derivadas de las opiniones políticas, justamente.
Y decimos esto porque también tenemos que decir que el dinero proveniente del esquema de tipo de cambio elevado artificialmente fue utilizado de manera ineficiente y discrecional. De modo que no sólo terminó siendo notoriamente inflacionario, sino que ni siquiera mejoró la productividad, como podría haber ocurrido si se hubiera destinado seriamente a mejorar la infraestructura de caminos y ferrocarriles. Por citar un ejemplo.
El sostenimiento de las tarifas de los combustibles a precios congelados durante varios años provocó una evidente desinversión que ahora intenta paliarse con medidas efectistas, tales como la quita de concesiones en determinadas áreas petroleras. Lo cierto es que hace ya unos cuantos años que viene advirtiéndose la merma en la producción, la falta de inversiones en exploración y explotación, y hasta el masivo cierre de estaciones de servicio en todo el país, que nadie en su sano juicio puede negar.
A su vez el consumo se ha incrementado notablemente, y no solamente por el crecimiento del parque automotor o por la venta de aires acondicionados, como suele repetirse. Porque lo cierto es que los precios bajos siempre llevan a un mayor consumo. De allí las curiosas publicidades que durante tanto tiempo hemos visto y oído en las que las propias empresas distribuidoras de energía eléctrica nos invitan a consumir menos, cuando es elemental que el objetivo de cualquier empresa es el de vender más.
Estamos entonces en un momento crítico en el que el gobierno nacional busca recursos modificando la carta orgánica del Banco Central para liberar reservas, o cerrando masivamente las importaciones para poder mantener una balanza comercial favorable que se torna insostenible.
Es que tal balanza proviene del juego armónico entre la demanda y la oferta de dólares, y la diferencia entre una y otra se ha achicado notoriamente en estos años, precisamente porque cada vez es más barato traer productos del Exterior y más caro producirlos localmente. Por supuesto que en moneda local.
El recurso de prohibir por todos los medios posibles que la gente adquiera dólares va de consuno con esta política. Pero todo ello tiene el tinte del voluntarismo que se observa desde siempre en los controles de precios. Dado que la realidad no se comporta como nosotros queremos que se comporte –parecen decir los gobernantes- prohibimos la realidad.
Y lo cierto es que el efecto de esta clase de medidas no es otro que la merma de la producción, el exacerbamiento de la inflación (no dejar entrar productos que compiten con los locales hace que éstos últimos suban sus precios) y el mercado negro cambiario. A lo que se suma el ya conocido “deme dos” y no solamente en Miami, sino también en países limítrofes, como Chile y Uruguay.
El marcado deterioro de las cuentas públicas y la fragilidad de las medidas voluntaristas solo puede conducir a situaciones cada día más complicadas.
Y encima la quita de subsidios produce un malestar notable en la población, que termina descubriendo así que una vez más se ha recurrido a artilugios monetarios para venderle bienestar y progreso. Llega un momento en que el rédito político de culpar a empresarios, a opositores, y a “medios” no da más resultado. La gente se vuelve hacia los gobernantes para pedir explicaciones, pues son éstos quienes detentan el poder.
El golpe de efecto que todo esto produce en los dirigentes políticos es muy grande. Por eso el nerviosismo que se nota en ciertos ministros, o las excusas francamente intolerables cuando se producen accidentes como el del ferrocarril en la estación Once. Pero la verdad es que a todo esto no se llegó de un día para otro. No se perdió el autoabastecimiento petrolero de repente, sino que vino perdiéndose a lo largo de años. No se deterioró el ferrocarril un aciago día de febrero de 2012, sino que lleva décadas de deterioro que no fue revertido por la administración del matrimonio Kirchner.
Lamentablemente, y como escribimos alguna vez, la política y la economía tienen intereses contrapuestos: la política intenta generar bienestar del modo que sea, y la economía sabe que el bienestar solamente se genera con capital de trabajo, educación, esfuerzo y tiempo. Por eso la fragilidad de las medidas en curso es tan evidente. Por eso la fragilidad en general que vivimos en estas horas.
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