Los hechos violentos vividos en Junín son fruto de una cadena de incumplimientos del Estado en todos sus niveles, y del aprovechamiento político que intentó un grupo de marginales.
La seguridad tiene que ser encarada como política de Estado por la Nación , las provincias y los municipios en forma coordinada, con distintos grados de responsabilidad, grandeza de objetivos e idoneidad profesional.

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