Tras la derrota en las elecciones legislativas del 06DIC15, el chavismo en Venezuela se apresuró a tomar medidas para neutralizar al nuevo Parlamento. Una de ellas fue la designación de 34 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia sin cumplir los trámites y plazos legales
Los esfuerzos del Gobierno de Nicolás Maduro para maniatar a la nueva Asamblea Nacional venezolana, generaron una dura reacción del Gobierno de Brasil, cuyo aparato diplomático ha ido progresivamente abandonando su rol de aliado incondicional del chavismo. El 05ENE16, la cancillería brasileña emitió un comunicado en el cual pidió al régimen venezolano “preservar y respetar las atribuciones y prerrogativas constitucionales de la nueva Asamblea Nacional venezolana y de sus miembros electos” en las elecciones del 06DIC15. En lo que puede entenderse como una advertencia brasileña a las amenazas de un golpe de Estado contra el Parlamento por parte del chavismo, Itamaraty declaró que “en la Suramérica del siglo XXI no existe lugar para soluciones políticas fuera de la institucionalidad”.
El documento de Itamaraty fue emitido por Sérgio Danese, Secretario General de la cancillería brasileña en funciones de Ministro ante la ausencia del titular Mauro Vieira quien disfrutaba de vacaciones. Según el portal O Antagonista, Danese no sometió el texto a consideración de Marco Aurelio García, el operador que Lula da Silva mantiene en la presidencia brasileña para guiar la política exterior de Dilma Rousseff. Danese, quien es un hombre vinculado con el vicepresidente Michel Temer, dio una muestra de la reacción que la tradicional diplomacia brasileña estaría dando contra la política exterior pro castrochavista del lulismo.
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Tras la derrota en las elecciones legislativas del 06DIC15, el chavismo gobernante en Venezuela se apresuró a tomar medidas para neutralizar al nuevo Parlamento y garantizarse el actual control total del sistema judicial. Una de esas medidas fue ejecutada por la Asamblea Nacional saliente el 22DIC15, con la designación de 34 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia sin cumplir los trámites y plazos legales. El régimen venezolano creyó poder frenar el ingreso de magistrados no chavistas al Máximo Tribunal, el cual según la Constitución deberá operar como virtual árbitro entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional ahora con mayoría opositora. Voceros de la oposición manifestaron en su momento, la intención de anular esa treintena de designaciones que incluyó a 13 magistrados que ya están en funciones y 21 suplentes. Pero en medios opositores se está manejando una propuesta para proceder al reemplazo de la totalidad del Tribunal Supremo de Justicia con lo cual se produciría un verdadero terremoto político en el país. Un informe jurídico conocido por el Informe Otálvora incluye, además, argumentos y recomendaciones para que la Asamblea Nacional proceda a la anulación de designaciones en los llamados poder electoral y poder ciudadano, que abarcaría a rectores del Consejo Nacional Electoral, la Fiscal General de la República, el Contralor General y el Defensor del Pueblo, todos ellos de filiación chavista.
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Desde el año 2006 en Mérida, ciudad de los andes venezolanos asiento de la bicentenaria Universidad de los Andes, funciona un grupo de reflexión política bajo la batuta de José Mendoza Angulo, Genry Vargas, Michel Rodríguez y Néstor López, todos ellos exrectores de esa casa de estudios. El grupo conocido como “Tertulia de los martes” acaba de producir un documento con la firma del jurista Moisés Troconis, en el cual se pone en tela de juicio no sólo las recientes designaciones de magistrados del Tribunal Supremo Electoral sino todas las realizadas desde el año 2004. El análisis jurídico de Troconis, que ya fue puesto en manos de la dirigencia opositora, implica que 106 magistrados fueron nombrados desde el 2004 por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, violando las normas constitucionales del caso. Entre esos magistrados se incluye a la actual presidente del TSJ, Gladys María Gutiérrez Alvarado y a los cinco restantes miembros de la directiva quienes a su vez presiden las salas constitucional, electoral, penal, social, civil y administrativa. De prosperar la tesis de Troconis, todos los magistrados del TSJ podrían ser objeto de suspensión temporal en el ejercicio de sus cargos, mientras dure un proceso sumario a manos de la actual Asamblea Nacional controlada por la oposición que podría conducir a la anulación de sus designaciones.
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El argumento central de Troconis para calificar de nulas las designaciones de los magistrados reside en dos reformas realizadas los años 2004 y 2010 por el chavismo a la ley que norma el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Esas reformas, violando la propia Constitución chavista, alteraron los métodos para la selección de los magistrados colocando todo el proceso en manos de la Asamblea Nacional que para entonces actuaba como un apéndice de Hugo Chávez. Según esas leyes, explica Troconis, “el Comité de Postulaciones Judiciales sería un órgano de la Asamblea Nacional y sus miembros serían designados en su totalidad por ella. De este modo, la mayoría simple de la Asamblea tendría el control de la primera preselección de los candidatos a magistrados y también su selección definitiva…”. Troconis agrega: “Por esta vía, las normas legales citadas desnaturalizan el Comité de Postulaciones Judiciales, niegan su integración constitucional, privan a los diferentes sectores de la sociedad venezolana de elegir a sus representantes en él, y facultan indebidamente a los diputados y demás personas designadas por la mayoría simple de la Asamblea para suplantar a dicho Comité en el cumplimiento de las funciones que le atribuye la norma constitucional en forma expresa.”
Troconis concluye que la Asamblea Nacional debe abrir un proceso sumario, con derecho a defensa de los magistrados, en el cual se decida sobre las designaciones de magistrados del TSJ realizadas el 13DIC04, 07DIC10, 28DIC14 y obviamente del 22DIC15. La apertura del proceso y sus conclusiones se realizarían con el apoyo de la mayoría simple de la Asamblea, es decir, que la oposición venezolana estaría en capacidad legal para adelantar el proceso. Concluye Troconis que “Si la Asamblea reconoce que el “órgano” que fungió de Comité de Postulaciones Judiciales era manifiestamente incompetente, que su incompetencia derivó del hecho de haber usurpado la autoridad constitucional del Comité en el cumplimiento de sus funciones, y que, por esta razón, los actos que ejecutó se encuentran viciados de nulidad absoluta, la consecuencia jurídica necesaria, forzosa, de tal reconocimiento, sería la nulidad absoluta de los procedimientos de elección de magistrados…”.
El documento de Troconis comenzó a circular entre la dirigencia opositora venezolana a finales del mes de diciembre. En medio de la creciente confrontación entre el régimen chavista y la nueva Asamblea Nacional, la propuesta Troconis cobra relevancia como una potencial línea de acción opositora, a juicio de fuentes consultadas por este Informe.
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Las sombras de Hugo Chávez y Cristina Krichner desaparecen rápidamente de Mercosur tras la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de Argentina. El 07ENE16, Macri viajó a Uruguay para sostener en la residencia presidencial de Anchorena, su primera reunión bilateral con el uruguayo Tabaré Vázquez. Macri y Vázquez se mostraron como socios políticos pese a sus diferentes orígenes ideológicos, lo que confirma la existencia de planes comunes. La política de los gobiernos Kirchner contraria al comercio entre los miembros del Mercosur está quedando atrás. La política argentina hacia Uruguay ya no se rige por la ojeriza de Cristina Kirchner contra Vázquez, quien durante su primer gobierno se opuso a la designación de Néstor Kirchner como Secretario General de Unasur por el conflicto de intereses que ello representaba.
Macri anunció la compra de gas a Uruguay y el levantamiento de las sanciones que los Kirchner impusieron al puerto de Montevideo. Macri y Vázquez se proponen impulsar la candidatura conjunta para lograr la sede de la Copa Mundial de Futbol 2030. En su reunión confirmaron lo acordado en un rápido encuentro celebrado junto a Michelle Bachelet en Santiago de Chile el 04DIC15 para abrir una línea de acercamiento comercial entre Mercosur y la Alianza del Pacífico.
Mientras el Gobierno de Dilma Rousseff se muestra paralizado por la crisis política interna, Macri está tomando la iniciativa para una reorientación de los pactos políticos y económicos regionales.
Publicado de Diario de las Américas (Miami)
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