Por qué Argentina -que es abundante en recursos naturales, ciencia y tecnología- es un país subdesarrollado.
I. El trípode legal del "anclaje" económico
Hay tres leyes que fueron sancionadas durante la dictadura de 1976 y no fueron
modificadas por ninguno de los gobiernos democráticos desde e 1983 a la fecha. Estas
Leyes operan en conjunto para consolidar un modelo que prioriza la extracción y la
especulación sobre el desarrollo productivo.
Ley de Entidades Financieras (21.526) de la dictadura de 1976, cambió el rol del
sistema financiero, desregulando las tasas y descentralizando depósitos convirtió al sector
bancario en un centro de especulación que, en lugar de financiar viviendas o proyectos
productivos, se nutre de la deuda estatal y el consumo de las familias. Es el motor que
"seca" el crédito para la economía real.
La Ley de Inversiones Extranjeras (21.382) también de la dictadura de 1976, eliminó cualquier distinción estratégica entre capital nacional y extranjero, garantizando
igualdad absoluta de derechos. Esto impide que el Estado utilice la inversión extranjera
como una herramienta de transferencia tecnológica o desarrollo de proveedores locales,
dejando al país en una posición de "toma de decisiones externa" sobre sus activos.
La Ley de Hidrocarburos (17.319), de 1967 durante el gobierno de Onganía, tuvo
como espíritu desdoblar el sector de la minería y otorgar seguridades extremas a
contratistas privados, limitando la participación estatal. Las modificaciones posteriores han
profundizado esta lógica, priorizando la explotación extractivista sobre una visión
soberana de largo plazo.
La minería y el "Triángulo del Litio"
Específicamente el litio, representa el nuevo paradigma para la producción de
energía. Argentina, posee una ventaja estratégica global. Sin embargo, la forma en que se
regula esta riqueza tiene los mismos vicios que tienen los hidrocarburos.
La Ley de Inversiones Mineras, bajo la premisa de atraer inversiones mediante
"estabilidad fiscal" congela cargas impositivas por largos períodos, limita la capacidad del
Estado para capturar una mayor renta o exigir valor agregado local.
Actualmente, Argentina tiene decenas de proyectos en diversas etapas. La
preocupación central de diversos sectores es que, sin una intervención estatal que
promueva la industrialización local, por ejemplo el desarrollo de baterías o celdas en el
país, el litio está siendo exportado como materia prima (commodity).
El debate sobre el litio no es solo económico, sino también socioambiental. El uso
del agua en zonas áridas y la consulta a las comunidades locales son puntos donde la
legislación actual se percibe como insuficiente para proteger el patrimonio de las futuras
generaciones frente a la velocidad de la demanda global.
En síntesis, La legislación minera y petrolera no solo facilita la salida de recursos,
sino que además garantiza que esa no riqueza se traduzca en el desarrollo de una
industria nacional compleja.
La Ley de Entidades Financieras asegura que, si el país obtiene renta por estos
recursos, ese capital se canalice hacia el sistema financiero (especulación) y no hacia una
banca de desarrollo que financie el salto tecnológico necesario para industrializar el litio o
el petróleo.
Al no poder decidir sobre el destino de los recursos (minería/energía) ni sobre el
manejo de los capitales (bancos) el Estado pierde su capacidad de planificar el desarrollo
económico y el bienestar de nuestra población. Queda reducido a un rol de recaudador de
impuestos básicos, que ejercen cada vez más presión sobre los contribuyentes
nacionales.
El RIGI, trampolín par saltar de la sartén al fuego
Toda este anclaje histórico se ve agravado por la sanción del RIGI (Régimen de
Incentivo para Grandes Inversiones) establecido por la Ley 27.742.
Es el "blindaje" normativo que profundiza la dependencia económica a través de
tres pilares.
Garantiza la “estabilidad fiscal”, cambiaria y normativa por 30 años, el Estado
pierde la soberanía para ajustar reglas, exigir valor agregado o imponer mayores
estándares ambientales, incluso ante cambios de contexto nacional.
Garantiza la libre disponibilidad de divisas rompe el vínculo entre la riqueza
exportada y el sistema financiero nacional. Al no ingresar los dólares al Banco Central ni
al mercado local, se anula la posibilidad de que esa renta financie la industrialización del
país.
Al tener preeminencia sobre legislaciones provinciales y municipales, el RIGI limita
la capacidad de los gobiernos locales para regular el uso de recursos estratégicos (como
el agua) y proteger sus economías regionales, favoreciendo una lógica de extracción pura
sin integración territorial.
De este modo los beneficios quedan fuera de la economía real argentina. La
riqueza se exporta y sale del país, mientras que los costos ambientales y sociales se
quedan en el territorio.
En otras palabras, las empresas se llevan las ganancias económicas, pero dejan
atrás daños como el agotamiento de fuentes de agua o la degradación del entorno,
problemas que no se contabilizan en el precio del producto y que terminan pagando las
comunidades locales y el Estado a largo plazo.
El endeudamiento
Por supuesto que para redondear este saqueo, venimos arrastrando el histórico
lastre de la deuda externa e interna. Que merece otro artículo pero aprovecho para
sugerir estudiar la causa “Olmos” y abrevar en las conferencias de licenciado Héctor
Giuliano
II. El proceso de demolición de la masa contributiva. Qué nos pasa con la Seguridad Social
Para que un sistema de seguridad social sea sustentable en el tiempo, necesita
una masa contributiva sólida con trabajadores registrados, con salarios dignos y aportes
constantes. Indudablemente ante el envejecimiento poblacional el Estado deberá asumir
su misión constitucional de velar por los derechos de los argentinos y destinar partidas
específicas a este fin garantizar el resto.
Al priorizar la especulación por sobre la producción y optar por el modelo de
enclave (minería/extractivismo puro), se elimina el empleo de alta densidad.
Sumado a eso se quitan las barreras arancelarias a la importación so pretexto de
abaratar precios pero los precios no bajan y quiebra de la industria con el consiguiente
aumento del desempleo. La seguridad Social queda sin finaciamiento.
La Reforma Laboral como "precarización institucionalizada" facilita la baja de
costos despidiendo o reduciendo la protección, el mensaje implícito es que el trabajo es
una variable de ajuste y no el motor del desarrollo. El efecto directo es un trabajador
precarizado o "monotributista" no solo gana menos sino que aporta mucho menos (o
nada) a la seguridad social
Y el efecto sistémico es que al bajar el nivel salarial promedio, la recaudación de la
ANSES y de las Obras Sociales se desploma, obligando al Pami y las obras sociales a
bajar prestaciones y al Estado a cubrir agujeros con emisión o deuda.
Todo este combo provoca es la pobreza estructural y crea un ciclo donde menos
aportes genuinos llevan a peores servicios de salud; peores servicios de salud llevan a
una fuerza laboral más enferma y menos productiva; menor productividad alimenta el
argumento de que hay que "flexibilizar aún más", reiniciando el ciclo de destrucción.
La gran falacia "Bajar costos para ser competitivos"
El argumento que sustenta la reforma laboral y el RIGI es que "Argentina es cara y
hay que bajar costos". Pero el costo que está bajando es la calidad de vida de la
población.
Están destruyendo la masa contributiva genuina (el trabajo con derechos) bajo la
promesa de atraer inversiones, pero como esas inversiones están "blindadas" por el RIGI
y no integradas a la cadena productiva, la inversión nunca se traduce en bienestar social.
El inversor se lleva la ganancia, el Estado se queda sin impuestos, y el trabajador
se queda sin Obra Social, sin jubilación y sin sistema de salud pública.
Conclusión
Si ahora unimos todas las piezas, tenemos un cuadro claramente desolador y que
permite contestar la pregunta que titula este artículo
El Trípode Legal (Ley Entidades Financieras, Inversiones Extranjeras,
Hidrocarburos): Es el drenaje que saca la riqueza (renta) del país y la lleva a la
especulación.
El RIGI: Es el blindaje del drenaje, impidiendo que el Estado acceda a esa renta
para recomponer el tejido social y planificar el desarrollo.
La apertura indiscriminada de las importaciones destruye el aparato productivo
La Reforma Laboral es la destrucción del sujeto que sostiene el sistema. Se está
atacando al trabajador, que es quien, mediante sus aportes, garantiza el funcionamiento
del PAMI, la Obra Social y su propia jubilación.
Este marco legal hoy genera el "caos" de la pobreza y el desempleo, jamás fue
modificado por ninguno de los gobiernos constitucionales desde 1983, por el contrario ha
sido empeorado.
Pero esto no es patrimonio exclusivo de la dirigencia porque los ciudadanos de a
pie lo hemos consentido con nuestro voto.
En última instancia, la persistencia de este modelo no es solo una deficiencia
técnica o política, sino el resultado de una hegemonía cultural que ha logrado naturalizar
nuestra posición subordinada a la división internacional del trabajo.
Más allá de la migración de talentos, el daño más profundo que ha sufrido nuestra
sociedad es la perdida de su capacidad de pensamiento crítico.
Tanto adultos como jóvenes hemos perdido también la vocación por producir. La
hegemonía cultural ha logrado imponer que el éxito se mide por el acceso a la renta fácil o
la especulación, y no por la creación de valor, la innovación o el trabajo productivo.
Romper el sentido común del ajuste permanente es una necesidad no solo ética, es
la forma de recuperar nuestra capacidad de decidir un destino que tenga como eje central
la dignidad y la felicidad de nuestra población.
Y es deber de la población exigir a sus representantes (sean de la fuerza política
que fueran) que salgan de su vergonzante espacio de comodidad, se informen y formen
para cumplir su deber, asuman sus obligaciones y recuperen la credibilidad de quienes los
han elegido.
Todos tenemos el deber de salir de esta decadencia y aquellos que detentan los
espacios de poder tienen la mayor responsabilidad.
Para eso los hemos investido con el poder que la Constitución les da, no para
transformarse en parte esencial del problema.
No es que no haya plata como dice el presidente; es que el dinero de la producción
y el trabajo ha sido desplazado por leyes que garantizan que esa plata no llegue a los
argentinos.
El subdesarrollo no es el destino final de Argentina,
es el resultado de un marco legal que debemos desarmar
con pensamiento crítico, coraje y participación ciudadana.
Dr. Jorge Alberto González
Director General del GRUPO SAMPAY
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