Asumir la realidad

por Héctor Blas Trillo
“Las opciones son: aceptar una variación brusca del tipo de cambio, financiar la fuga de capitales con endeudamiento externo, o limitar transitoriamente el acceso a los dólares demandados para el ahorro” (M. Marcó del Pont, presidenta del BCRA) (Para leer la nota completa, cliquear en el título) 


 La brusca variación en la explicación sobre los motivos por los cuales se impide a la población comprar moneda extranjera ha sido demasiado elocuente como para dejarla pasar así nomás. Rápidamente el discurso del titular de la AFIP e incluso los textos de negativa de la página afipiana fueron sepultados por la realidad.


Nunca existió tal cosa como un intento de evitar que se adquirieran dólares con dinero no justificado impositivamente. Jamás estuvo en la mente de los funcionarios algo así como la corroboración de la capacidad económica de los interesados en comprar. Todo fue una gran mentira, como reiteradamente lo señalamos desde esta columna. Resultaba absurdo suponer que se combatía de ese modo el dinero negro, ya que lo que se hacía era avisarle al comprador que no tenía los papeles en regla. Un verdadero absurdo, como tantas cosas que ocurren en estos días en materia económica.


Finalmente, la presidenta del Central explicó al diario Página 12 la verdad de toda esta historia del llamado “cepo cambiario”. O se produce una devaluación, o se financia la fuga de capitales con endeudamiento externo, o se cierra la canilla para que nadie pueda comprar dólares. Ni más ni menos. Entonces, antes de seguir con este comentario dejemos bien en claro una cosa: otra vez se le ha mentido a la gente respecto de las verdaderas razones de esta medida. Hasta que finalmente hubo que admitir la triste realidad.


 Obviamente no se llegó a este punto por casualidad. Durante años el Banco Central compró moneda extranjera a un precio exageradamente alto con emisión de moneda. Así pudo aplicar el impuesto a las exportaciones y así pudo decir que tenía superávit fiscal. Y así pudo gastarse el dinero emitido en subsidios, en obras, en el llamado gasto social, etc. Si ahora se aceptara que todo aquel que quiera comprar moneda extranjera pudiera hacerlo, el precio de ésta subiría, y es a eso a lo que se refiere la señora Marcó del Pont.


¿Y por qué razón ahora no quiere el gobierno que el tipo de cambio varíe bruscamente? Simplemente porque el salto inflacionario sería fatal, y el derrumbe inevitable. Sin embargo, todos parecen percibir claramente que las prohibiciones no solucionan el problema sino que por el contrario lo agravan. El dólar en la operatoria conocida como “contado con liquidación” supera los $ 6,70. En Montevideo alcanza los $ 7.-. El voluntarismo de la presidenta del Central es evidente.


El dólar no vale lo que dice que vale, por más que sostenga lo contrario. Ahora bien, ¿este tipo de políticas restrictivas tienen consecuencias? Obviamente que sí. Las prohibiciones como sabemos afectan no solamente a quienes quieren adquirir moneda extranjera para atesoramiento. Afectan también a las importaciones. Afectan por lo tanto a la producción local allí donde se requieren insumos importados. Afecta los precios de los productos locales sustitutos, que tienden a subir impulsados por la falta de oferta. Y así podríamos seguir. Ningún acto de intervención es inocuo. Ninguna restricción es indiferente. Ninguna prohibición en materia económica da como resultado una baja en los precios. Todo lo contrario.


 Los exportadores de materias primas perciben hoy un dólar neto de retenciones (impuesto) a las exportaciones, surgido del tipo de cambio oficial. Por lo tanto un exportador de soja percibirá aproximadamente $ 4,50 menos el 35% de ese valor. Cuestión de hacer la cuenta $ 2,93 por dólar. Esto equivale a algo así como el 44% de lo que vale el billete verde en la operación “contado con liquidación”. ¿Cómo se supone que resolverá el gobierno este intríngulis?


 Acá dejamos de lado por considerarlas obvias , cuestiones como la falta de respeto del derecho de propiedad, de la libertad para disponer de los ahorros, y en general toda cuestión relativa a la legalidad de esta clase de medidas. Tratamos de analizar la cosa desde el punto de vista económico. Las exportaciones están viéndose limitadas debido a que las restricciones aplicadas a las importaciones no solamente afectan la producción local, sino que originan represalias de parte de aquellos países que comercian con nosotros.


En el último mes, el intercambio con Brasil cayó un 32%. No es un dato menor si pensamos que el comercio bilateral es del orden de los 33.000 millones de dólares anuales. Si el porcentaje de caída se mantuviera, estamos hablando de una cifra del orden de los 10.000 millones de dólares entre importaciones y exportaciones a ese país. Obviamente que este problema no lo tenemos solamente con Brasil, sino que también lo venimos teniendo con los demás miembros del Mercosur, con Europa, con los EEUU y, naturalmente, con China, el gran comprador de nuestra soja y su derivado el aceite de esa oleaginosa.


 Si observamos lo que ocurre con los depósitos en dólares en el sistema financiero local, vemos que la caída desde que se iniciaron las restricciones alcanza al 40%, lo cual representa hoy por hoy algo así como 6.000 millones de dólares. Es decir que los depositantes retiran su dinero del sistema, lo cual afecta entre otras cosas las reservas del Banco Central. La gente prefiere el colchón o las cajas de seguridad. La merma de tales depósitos continuará, obviamente.


 Las restricciones alcanzan también a las distribuciones de dividendos por parte de empresas extranjeras, que se ven así imposibilitadas de girar los dólares de sus accionistas. En definitiva, y para no hacer tan largo esto, la realidad es que la economía argentina por este camino se achica, se restringe, se limita y se deprime. ¿Esto es lo mejor que puede ocurrir para resolver el problema creado por éste mismo gobierno?


La confiscación de las acciones del accionista mayoritario de YPF por ley de la Nación y la falta de resarcimiento económico a tal accionista es otro dato elocuente. El camino elegido, lo mismo que con las AFJP o con las reservas del Banco Central, es el de quedarse con el dinero ajeno. Lo mismo que ocurrió con el festejado default de Adolfo Rodríguez Sáa y la posterior “quita” del 70% de la deuda en dólares, de la que tanto se ufanaba Néstor Kirchner.


 La verdad es que el gobierno necesita dinero porque los números no cierran. Y como no lo tiene, se apropia de él mediante confiscaciones, expropiaciones, “quitas” o prohibiciones. ¿Cuánto lleva el INDEC fraguando los índices de precios? La variación de la tasa de inflación afecta el rendimiento de los bonos indexados emitidos por el Estado argentino, entre otras cosas. Constituye una verdadera estafa, aunque denominarla así resulta demasiado duro. Pero la verdad es que mientras las provincias que todavía miden la inflación están hablando de un 25% anual aproximadamente, el INDEC habla de algo menos del 10%. Y éste es el ajuste que se aplica a tales bonos. ¿Cómo se logrará que lleguen inversiones al país? ¿Quién estará dispuesto a poner un dólar en una Argentina que verdaderamente no respeta el derecho de propiedad, que fija precios, que restringe el giro de dividendos, que no permite comprar moneda extranjera, etc.?


El voluntarismo intervencionista es como una droga: cada vez requiere de una dosis mayor. Ahora se ha dispuesto obligar a los bancos a prestar parte de sus fondos a tasas no superiores al 15% anual para “actividades productivas”. Si los bancos prestan dinero a tasas negativas (porque 15% es, evidentemente, una tasa inferior a la inflación real), los restantes operadores deberán pagar la diferencia.


Si por otro lado se usarán fondos de la ANSES para dar préstamos para la vivienda, los futuros jubilados serán los encargados de hacerse cargo de la pérdida surgida de las tasas negativas que se aplicarán a tales préstamos. La ANSES presta dinero para viviendas, o al menos dice que eso hará. Mientras tanto no paga los juicios de los actuales jubilados porque dice que los números no le cierran. Y el 70% de tales jubilados cobra hoy la jubilación mínima, del orden de los $ 1.600 mensuales. ¿Por este camino se resolverá el problema que enunciamos en el epígrafe? Es decir, ¿así lograremos que las restricciones a la compra de divisas sean “transitorias”? Lamentablemente no lo creemos así.


Los problemas que afrontamos son realmente serios y se agravan día tras día. Las medidas que el gobierno aplica no hacen sino agravar la situación. Se buscan culpables, se habla de intenciones aviesas y “destituyentes”, se desestiman las opiniones de economistas que inclusive adhieren al oficialismo. Se alteran datos, se acusa a los empresarios, a los bancos, a los empresarios, al “campo”, a los especuladores y a los “neoliberales”. Se cierran fronteras, se emite moneda para financiar gasto corriente, se retrasan las tarifas de los servicios públicos de manera dramática. Se hace cualquier cosa menos asumir la realidad.


Y así, las esperanzas se esfuman. Incluso en estos momentos en que la soja ha llegado nuevamente a los 600 dólares en Chicago. No es suficiente. No es posible sostener al país basándonos en el precio de la oleaginosa, eso es obvio. El tipo de cambio atrasado no podrá sobrevivir mucho tiempo. Esto ya ha ocurrido en la Argentina. Demasiadas veces. Realmente se impone un baño de realismo. Y lamentablemente no lo vemos en el horizonte político cercano.

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