Los muertos de la mala política

Por Martín Lousteau

Nuevamente la tragedia golpea a la sociedad argentina. Cincuenta y un personas que viajaban en un tren que debía tranquilamente llegar a destino perdieron la vida de una manera absurda. Un ministro anuncia que el Estado pedirá presentarse como querellante y la Presidenta pide a la Justicia que apure los peritajes para saber las causas de lo ocurrido.(para leer el artículo completo, cliquear en el título)

Más allá de las tareas que corresponda llevar a cabo, los motivos que hoy nos enlutan no son muy distintos de los que han causado otros episodios: una fenomenal desidia estatal que se viene acumulando desde hace mucho tiempo. Hay quienes señalan la actual política de transporte con administración privada, boletos congelados y un cuantioso esquema de subsidios como la culpable, mientras otros prefieren remontarse a las privatizaciones de los ´90 para explicar el origen del problema. Pero lo cierto es que los trenes tampoco funcionaban bien antes de las privatizaciones, lo que le permitió al gobierno de turno sacárselos de encima con un relativo grado de acuerdo por parte de la sociedad.

El inconveniente principal parece ser, entonces, que los argentinos hemos desarrollado desde un tiempo a esta parte un desprecio importante por la gestión de lo público. En el caso del transporte ferroviario los kilómetros de vías descienden sistemáticamente desde la estatización de 1947 y hoy hay apenas un tercio de los vagones, tanto de pasajeros como de carga, que existían en aquella época. Y una gran parte de los que circulan en la actualidad fueron incorporados.¡en tiempos de Frondizi!

Es verdad que desde 1976 hemos sufrido una progresiva desarticulación de la capacidad del Estado. Pero es igual de cierto que la misma no se recupera a fuerza de repetir ese diagnóstico, de menospreciar a la burocracia estatal e intentar reemplazarla por un par de individuos con rasgos omnipotentes o mesiánicos. El desinterés por la gestión publica estratégica, rigurosa y consistente se paga con un deterioro de la calidad de vida, ya que afecta la provisión de bienes y servicios públicos, y a veces hasta con víctimas fatales.

Lamentablemente, los cincuenta y un fallecidos en Once son solamente las últimas malogradas existencias en agregarse a la lista. Antes estuvieron las once personas que murieron en Flores cuando chocaron dos trenes con un colectivo que cruzaba una barrera a 45º. Mariano Ferreyra también es una pérdida vital en todo el entuerto ferroviario. Pero, además, en los últimos dos años tres individuos fallecieron por derrumbes relacionados con obras en la Ciudad de Buenos Aires. Igual número de víctimas fatales tuvo el alud en Tartagal, ocasionado, según especialistas, por el nivel de desmonte permitido previamente. Dos muertos fueron el resultado de la ocupación del Parque Indoamericano. Otras ciento noventa y cuatro personas perdieron la vida aquel nefasto 30 de diciembre de 2004 en Cromagnón. Y tres años antes, los días 19 y 20 de diciembre de 2001, murieron en todo el país treinta y ocho personas. A ellos hay que agregar a Kosteki y Santillán, dos víctimas del accionar de la Policía, que también en otras ocasiones se ha cobrado vidas cuyos nombres son menos recordados. Sumando sólo estos casos llegamos a 305 muertos por la mala política, casi la mitad de los 649 caídos en Malvinas.

Pero ellos no son los únicos fallecidos debidos al desdén por la gestión pública. Otra área en donde ello es casi más evidente es en la inseguridad. En lo que va del milenio hemos tenido un promedio de 7,5 homicidios anuales cada 100.000 habitantes. En Uruguay esa cifra es un 84% menor y en Chile apenas la mitad. Se trata de casi 32.000 asesinados desde el año 2000. Ello implica que, si tuviéramos los guarismos de cualquiera de esos dos vecinos, hoy estarían vivas entre 5.000 y 15.000 personas.

Y aún estas cifras empequeñecen cuando observamos lo que ocurre con los accidentes de tránsito. De acuerdo a la ONG Luchemos por la Vida en Argentina fallecen por ese motivo más de 7.500 personas por año. En España lograron reducir sus propios guarismos un 65% desde el año 2000 mediante una combinación de límites precisos, radares, severas multas e inversión en autovías de varios carriles. De haber seguido nuestro país un camino similar estarían entre nosotros más de 50.000 personas que hoy ya no lo están.

Cada episodio de magnitud conmueve a la opinión pública, llama la atención de los medios y, a veces, genera una reacción en forma de espasmo desde el arco político. Es hora ya de dejar de ver hechos aislados y de dedicarse tan sólo a buscar las causas específicas de cada uno de ellos. Debajo de la superficie están todos interconectados: el cable que los une es el desprecio de nuestra sociedad y, por consiguiente de nuestra política, por la planificación estratégica, la gestión y la rendición de cuentas de la administración pública, al que se le suele sumar un sector privado que aprovecha para esquilmar al Estado y tapar sus propias ineficiencias.

Publicado en La Nación

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