40 decisiones

En octubre de 2015 el pueblo votó. Decidió por escaso margen, confiar los destinos de la Nación a otro espacio politico, la alianza Cambiemos, unión del PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica. Mauricio Macri derrotó al justicialismo –dividido en tres listas- y se convirtió en Presidente.

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Como todo cambio de gobierno, hubo un tiempo de esperanza, un voto de confianza, que se extendió hasta la siguiente elección, en octubre pasado, en donde el oficialismo se impuso en la mayoría de los distritos. En el principal de ellos, en forma ajustada, Cambiemos venció a la ex Presidenta Cristina Kirchner. Nuevamente, el peronismo marchó dividido a la contienda favoreciendo el triunfo del gobierno.

La victoria animó al Presidente a “ir por todo” como le gustaba decir a su antecesora. En pocas semanas, una serie de acontecimientos –la reforma jubilatoria, el caso Chocobar, el papelón de Jorge Triaca, los escándalos financieros de Luis Caputo, Valentín Díaz Gilligan, los conflictos de Luis Etchevere y Juan José Aranguren, la intromisión desembozada del Poder Ejecutivo en la Justicia y la incompetencia del equipo económico para derrotar a la inflación lesionaron la imagen del gobierno y los volvió a la realidad.

Encima, como un mantra tribunero, se expandió por estadios de fútbol, recitales y cualquier multitud al paso, un insulto cantado al Presidente, expresión de bronco, impotencia e indignación.

El gobierno terminó repitiendo vicios del anterior. Lo que fue la obra pública para el kirchnerismo, es el mundo financiero para el actual. La política económica actual tiene mucho en común con la practicada entre 1976 y 1981: tasas altas, tipo de cambio atrasado, fuga de divisas, deficit comercial y fiscal, acelerado endeudamiento, importaciones en alza, producción en baja, caída salarial e inflación incontrolable. Un camino que lleva al colapso financiero, productivo y laboral, como en 1981, al asumir el Ministro Lorenzo Sigaut.

Hubo cambios desde 2015 hasta ahora. Cambios de relato y de relatores. De estilos, de modales, de ornamentación…pero no hubo transformaciones.

Las causas estructurales de la pobreza, el atraso, el estancamiento productivo, la precarización laboral, la escasa calidad institucional y la corrupción de la clase política siguen intactas, y gozan de excelente salud.

Comprobamos que una vez más, la motivación para llegar al poder era el mismo poder. Nuevamente, perdimos la oportunidad de cerrar un ciclo y comenzar otro. Detrás del eslogan “gobernamos para la gente” se esconde un discurso de laboratorio, construido artificialmente por consultores de opinión pública, vestido deliberadamente por una total carencia de principios, propósitos e ideas sobre qué hacer y para qué.

Si sólo se lucha por el poder, sin saber para qué se lo utilizará, más allá del interés personal, se asegura la continuidad de todos los males que se declamó combatir en campaña.

Este humilde trabajo es un aporte para que recuperemos principios, propósitos e ideas. No se ahonda en los “cómo”. A veces esa pregunta parte del cinismo de quien defiende el statu quo al calor de beneficios personales. En todo caso, avanzar en un proyecto sin pensar cómo se financia sería equivalente a hacerlo sin evaluar su impacto social.

El sentido de este documento es volver a pensar en los “para qué” de nuestra praxis política. Propósitos que nos trasciendan, que sean más importantes que los simples intereses individuales, sectoriales o clasistas.

Este es un compendio de sueños, convertidos en propuestas, para marcar un rumbo de transformaciones. Podemos cambiar con pequeñas cosas para estar siemnpre igual, pero nos transformamos cuando nuestras decisiones tienen tal relevancia que modifican sustancialmente nuestra calidad de vida, como individuos y miembros de una comunidad.

A lo largo de la historia, hubo muchos cambios, pero pocas transformaciones. Como todo juicio particular, cada uno tendrá su mirada al respecto. Pero podemos coincidir en algunos ejemplos: la independencia, la Confederación, la Constitución de 1853, el auge conservador, el voto secreto, la revolución justicialista, la reinstauración democrática.

Una de las características de las transformaciones es que ya nada vuelve a ser como antes. Los simples cambios son reversibles. Comparto estas cuarenta decisiones estratégicas para transformar la Argentina y que sean semilla de un nuevo debate focalizado en las cuestiones estructurales que nos transformen la vida como Nación.

Buenos Aires, abril de 2018

1. Cese total de hostilidades en el ámbito político, convocando sinceramente al arco político democrático, y a los principales referentes sociales, gremiales, empresarios y culturales, a un proceso de unidad nacional y a la elaboración de políticas de Estado perdurables, tendiendo a un definitivo reencuentro de los argentinos.

Hay que abandonar toda política oficial o paraoficial de estímulo de la confrontación, a través de trolls u operadores politico-mediáticos a sueldo del Estado.

El gobierno de Cristina Kirchner impulsó un discurso polarizador, que el gobierno actual maximizó a través de distintas formas. El país necesita salir del paradigma de que se construye poder a partir de la identificación de un enemigo, para entrar en otro que descubra cuáles son nuestos intereses comunes.

Para reconstruir las bases de una Nación soberana, democrática, republicana y federal, el Estado debe retomar –dentro de su poder de decisión para el planeamiento estratégico- su rol orientador en una sociedad pluralista y participativa, facilitando el fortalecimiento de los partidos políticos.

2. Sistema parlamentario: La adopción de este sistema implicaría un cambio brutal en la cultura política argentina. Exige un nivel de diálogo, tolerancia y negociación que hoy nos resultarían utópicos. El sistema funciona en sociedades muy diferentes a la nuestra, pero también lo hace en países cercanos como Italia y España.

Sin embargo, el parlamentarismo sería un eficaz método para impedir la consolidación de un régimen hegemónico, aun basado en elecciones.

En la Argentina, el sistema presidencialista responde a la tradición política, a la influencia norteamericana y al legado del pensamiento de Juan Bautista Alberdi, quien imaginó al Presidente como un monarca que dure seis años. Claro que lo pensó sin reelección inmediata.

Proponemos avanzar en el debate para llegar a su implementación en 2023, previa reforma constitucional específica.

3. Implementar un plan integral de seguridad, que incluya la revisión de las leyes de fondo, la reforma de la legislación procesal, dotar al Poder Judicial de los recursos necesarios, reformular los criterios jurídicos de numerosos magistrados, jerarquizar moral, económica y técnicamente a las fuerzas policiales, trabajar en conjunto con las ONGs especializadas en función de prevenir el delito, reestructurar los sistemas carcelarios, mejorar la infraestructura urbana para evitar la proliferación de delitos y la impunidad de quienes los cometen.

Frente a las novedosas formas del delito, hay que animarse a llevar adelante algunas soluciones creativas, tales como designación de fiscales y comisarios con participación popular, previa selección del Ministerio correspondiente; y la implementación del juicio por jurados, previsto en la Constitución, con participación del 50% de legos y 50% de abogados.

4. Derogación de los superpoderes: Pese a la derogación de enero de 2018, aún persisten facultades de cambiar discrecionalmente el destino de las partidas del presupuesto nacional, que convierten a la ley que lo sanciona en una refinada obra literaria carente de vigencia jurídica. El Congreso Nacional recuperaría así uno de sus atributos fundamentales, como es el de determinar las prioridades de inversión de los recursos públicos. En términos políticos, esta medida significará un golpe al centralismo y a la sumisión de gobernadores e intendentes a la autoridad presidencial.

5. Derogación de la ley que modificó la composición del Consejo de la Magistratura: a principios del 2006, se reformó la institución que supervisa a los jueces nacionales y federales. Dicha medida le otorga al poder político de turno el manejo discrecional del órgano, poniendo en la práctica a todos los magistrados a merced de la voluntad del Poder Ejecutivo. El actual gobierno dejó incólume esta conformación. Si se volviera al sistema anterior, el oficialismo de turno estaría impedido de manejar la Justicia.

6. Creación del Instituto Federal Electoral, siguiendo el ejemplo de México, en donde logró purificarse el voto a través de este virtual cuatro poder, autónomo del gobierno de turno. El mismo estaría integrado por personas designadas por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y por la Justicia, y sus miembros durarían siete años en sus funciones. Sus decisions serían revisables por la Cámara Nacional Electoral.

Tendría entre sus funciones: realizar de manera integral y directa las funciones relacionadas con la preparación, organización, conducción y vigilancia de las elecciones federales, incluyendo la revisión y ajuste de la geografía electoral; la integración y actualización del registro de los electores; la atención a los derechos y prerrogativas de los partidos y agrupaciones políticas nacionales; el reconocimiento de partidos políticos; fijar los topes a gastos de campaña; registrar las candidaturas a cargos de elección federal; diseñar, imprimir y distribuir los materiales electorales; regular la observación electoral, las encuestas y sondeos de opinión; computar los resultados electorales; declarar la validez y otorgar las constancias en la elección de diputados y senadores; y diseñar e instrumentar programas permanentes de educación cívica, entre otras.

7. Implementar una profunda reforma política que incluya la legislación electoral, implementando la boleta única en las elecciones primarias y generales, tal como se hace en las Provincia de Santa Fe y Córdoba transfiriendo atribuciones del Ministerio del Interior hacia la Justicia Federal y al Instituto Federal Electoral.

También debe modificarse la representación en el Congreso: Actualmente, la Cámara de Diputados de la Nación está compuesta por 257 legisladores. Según la teoría constitucional, ellos representan al pueblo de la nación argentina, siendo el Senado, la cámara en donde se hallan representadas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por ello, la cantidad de diputados nacionales que elige cada provincia tiene que guardar relación con el volumen de población de cada una de ellas. Según los parámetros utilizados desde 1973 hasta la fecha, la Provincia de Buenos estaría claramente subrepresentada, ya que debería tener aproximadamente 120 legisladores, y tiene sólo 70.

Asimismo, los legisladores son postulados a través de las llamadas listas sábana. En las provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y en la CA Buenos Aires se eligen más de 10 diputados cada vez, dándose un fenómeno de desconocimiento de los candidatos que ocupan los cargos que no están en los primeros tres lugares, filtrándose en las nóminas, personajes impresentables por sus antecedentes penales, judiciales o políticos.

Estimamos que sería más conducente fijar un número permanente de diputados, y que el reparto según la población se realice en la elección siguiente a cada censo, cumpliendo el mandato constitucional.

Por todo ello estimamos conveniente establecer un número fijo de diputados nacionales, proporcional a la cantidad de habitantes de cada distrito, posibilitando la actualización de su representación, tendiendo a la eliminación de las listas-sábana y a una mayor cercanía entre el elector y el elegido, reduciendo el peso de la obediencia debida de los diputados a los dictados del Poder Ejecutivo.

Para contemplar todos esos paradigmas, proponemos fijar la cantidad de diputados nacionales en 300 (trescientos), eligiéndose ciento cincuenta (150) por el sistema proporcional D’Hondt, simultáneamente con el Presidente y Vice, y los otros ciento cincuenta (150) en elecciones intermedias, a razón de uno por circunscripción electoral, elegido por simple mayoría. Alemania, Rusia y México tienen sistemas comparables a éste.

Asimismo, debe declararse la caducidad de todas las afiliaciones partidarias, y comenzar de cero un nuevo proceso de adhesión a los partidos políticos, bajo el nuevo régimen, lográndose así una adecuada y realista depuración de sus padrones. El mismo se deberá realizar ante autoridades oficiales judiciales o policiales o ante Escribano Público.

Proponemos también establecer el voto no obligatorio, y la reforma al Sistema de las PASO, evitando su desarrollo cuando hay listas únicas, y permitiendo al candidato a Presidente, elegir su compañero de formula luego de celebradas las primarias.

8. Aplicación de la ley de medios audiovisuales, asegurando que el poder ejecutivo ejerza su rol con plenitud y respeto a la ley, teniendo como fundamento la garantía a la libertad de expresión, la diversidad de medios y el reparto justo de la pauta publicitaria oficial evitando favoritismos. El actual gobierno modificó por decreto esta ley, confeccionando un traje a medida del grupo Clarín. Proponemos su derogación inmediata.

9. Medios de comunicación social del Estado: fortalecer la red estatal de medios, que debe ser administrada por ejecutivos idóneos designados por el Congreso. Los mismos deben ser pluralistas, y dedicar prioritariamente sus espacios a difundir las expresiones de la cultura nacional.

10. Designar a todos los funcionarios con rango de Director General o Director Nacional para abajo, por concurso público de antecedentes, con jurados que garanticen imparcialidad política. Así ocurre en todos los países importantes del mundo como Estados Unidos, Alemania, Francia, India, China, Japón, Brasil, etc. Las excepciones se encuentran en Asia y America Latina.

Este mismo sistema debe aplicarse a los órganos de control, como la SIGEN, la Auditoría General de la Nación o los relacionados con el sector de servicios públicos. Hay que alejar el control de la política partidaria.

11. Llevar a cabo una operación política masiva contra la corrupción al estilo del mani pulite italiano de 1992, promoviendo investigaciones y llevando a juicio a funcionarios que hayan cometido delitos en el ejercicio de su gestión, los anteriores y los actuales. Los juicios deben ser impecables desde la acusación, garantizando la defensa legítima, con una sentencia justa. Debe reformarse el Código de Procedimientos para evitar las prisiones preventivas injustificadas, usadas como correctivo politico.

Por ley, debe declararse la Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, debiendo ser considerados éstos de lesa humanidad, ya que restan recursos para combatir el hambre, la pobreza, la inseguridad, las enfermedades, el analfabetismo y las muertes por el ineficiente sistema de transporte.

También debe aplicarse a los imputados el mismo régimen procesal que a los que falsificadores de moneda, secuestradores o narcotraficantes: no gozar del beneficio de la excarcelación. Además, debe incluirse en la condena, tanto en los delitos como en los daños al interés del Estado que no configuren delito, la obligación de devolver lo robado o compensar económicamente por el daño causado, tal como ocurre en Europa y los EE.UU.

12. Programa de promoción agropecuaria:

Sin menoscabo de su proyección industrial, energética, minera, turística y otras actividades productivas del país y de las economías regionales, la Argentina debe plantearse el objetivo estratégico del desarrollo horizontal y vertical del complejo agro industrial como “locomotora” nacional.

A raíz del castigo que implican las sequías, debe establecerse la emergencia agropecuaria, refinanciando deudas del sector, y dando créditos blandos a través del Banco de la Nación Argentina. Deben estimularse a los productores a sembrar cultivos alternativos al de soja, a fin de preservar la fertilidad de los campos. Todo ello, acompañado de una denodada lucha contra el trabajo en negro, favoreciendo la regularización laboral y castigando severamente a los infractores.

También debe fortalecer la acción del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) alejándolos de manejos políticos partidarios, y de amenazas de despidos o cierres, facilitando su profesionalización y especialización, en orden a la preservación del suelo estimulando la rotación de los cultivos y el desarrollo y actualización tecnológica de procedimientos para la industria alimenticia.

13. Intervención del INDEC: los dos últimos gobiernos han recurrido a la manipulación de las estadísticas oficiales como si fuera una política de Estado, retomando los procedimientos que aseguren que aquéllas sean fiel expresión de la verdad; en 180 días, el INDEC deberá ser convertido en una agencia, con ingreso por concurso público de antecedentes, y con un Director General designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Congreso. El INDEC tiene que ser intervenido, reinstaurando mecanismos confiables de medición, para que sus datos sean herramientas útiles para la inversión en la producción de bienes y servicios, y para la actualización salarial a través de las convenciones colectivas.

14. Convocatoria al Consejo Económico y Social: si bien la ley que previó su funcionamiento es de 1974 y está vigente, el mismo permanece inactivo. Debe dársele vida, para que sea la fuente de políticas estables destinadas a la promoción de la productividad y el empleo, tales como el tipo de cambio, salarios, créditos, subsidios y aranceles del comercio exterior. También en ella debe incluirse un programa especial destinado a facilitar el primer empleo, sin que ello degenere en situaciones de precarización laboral. En todas estas políticas, es fundamental la acción conjunta del Estado, los sindicatos y las cámaras empresarias, detrás de un programa común de políticas de Estado.

15. Deuda pública: Luego de la reapertura del crédito para la Argentina, el gobierno desató un festival de endeudamiento, para tapar agujeros fiscales, nunca para estimular el desarrollo o mejorar la infraestructura. Hay que cesar inmediatamente con esa política que grava el future de los argentinos y lleva al país a una dependencia incoportable.

Además, el incremento de la deuda pública aumenta el gasto público por pago de intereses, agrandando el agujero fiscal y con ello, el proceso inflacionario. Es necesario frenar ese círculo vicioso de inmediato.

16. Coparticipación federal: sancionar una nueva ley que transfiera recursos del poder central hacia las provincias y municipios, y que repare el aporte desigual que vienen entregando la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pese a que ninguno de sus gobernadores reclama formalmente por ello. Hoy el 75% de los recursos se los queda la Nación, pese a que la mayoría de los servicios los prestan las provincias. Hay que avanzar paulatinamente hacia un sistema en que el 60% de los recursos fiscales sean para las provincias.

Debe modificarse lo establecido en el Pacto Fiscal del año 1992 por el cual las provincias, para financiar el Sistema de Administración de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones cedieron el 15 % de los fondos coparticipables. Dicho planteo tiene su sustento legal en el hecho de que en el año 2008 con la sanción de la ley 26.425 de reestatización del sistema previsional, han variado las circunstancias que llevaron a la concreción de tal Pacto Fiscal entre la Nación y las provincias. Las más perjudicadas han sido Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, por el volumen de fondos que las mismas generan. La devolución de dichos fondos a la provincia de Buenos Aires implicaría la percepción de unos 5.200 millones de pesos adicionales que la provincia podría utilizar para salud, educación o seguridad.

17. Ley de entidades financieras: reformar la norma vigente dando mayor autoridad del BCRA, facilidades a banca nacional y cooperativa, y control sobre las tasas de interés. En los últimos años, el sistema financiero argentino sólo ofreció créditos accesibles para el consumo, pero no para la producción. En especial, para la compra de electrodomésticos que generalmente son importados o armados en Tierra del Fuego. El estado, a través del Banco de la Nación Argentina, y de la regulación emitida por el Banco Central , debe orientar todo el sistema financiero a estimular la producción con tasas accesibles y plazos largos de devolución.

18. Reforma impositiva: debe modificarse el sistema de coparticipación federal, transfiriendo recursos a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El esfuerzo fiscal debe concentrarse en la lucha contra la evasión tendiendo a una disminución paulatina de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado, y a la eliminación de impuestos distorsivos como el de los débitos bancarios, o los que gravan actividades específicas. Respecto del Impuesto a las Ganancias, debe elevarse el tope del mínimo no imponible a los trabajadores y autónomos, y extenderse el mismo sobre las rentas financieras y el juego.

19. Defensa del valor de la moneda argentina: mantener o superar el actual nivel de reservas, sosteniendo una cotización del tipo de cambio que permita la competitividad de los productos argentinos, y desarrollando una política eficaz contra la inflación.

20. Plan de desarrollo industrial: Utilizando las tres herramientas básicas del Estado para la promoción económica -el crédito, el arancel y el impuesto- implementar un plan de desarrollo industrial, basado en las negociaciones llevadas a cabo en el Consejo Económico y Social, fijando prioridades de ramo y localización, en base a la mano de obra requerida. Tiene que hacerse a largo plazo, dando seguridad jurídica a los inversores. Debe otorgar un fuerte apoyo crediticio y técnico a la proliferación y la expansión de las pequeñas y medianas empresas que concentran la mayoría del empleo nacional. El mismo debe incluir estímulos al diseño, la producción, el marketing, la distribución de bienes, favoreciendo la creación de nuevos circuitos productivos para los pequeños y medianos emprendedores, rescatando a las personas y empresas que no disponen de los recursos materiales, pero sí habilidades, conocimientos y voluntad de producir.

Frente a la creciente demanda mundial de proteínas de origen vegetal y animal, debe apoyarse especialmente a la industria de la alimentación, entendida como una unidad con la política agropecuaria, logrando que la Argentina pase de ser una potencia mundial en la producción de commodities a ser líder mundial de alimentos.

21. Plan anti inflacionario: El incremento sostenido de la productividad es la única forma de subir los salarios sin generar inflación.

La inflación es el proceso de deterioro del valor de la moneda nacional. La misma se origina básicamente en el aumento de la emisión monetaria sin el debido respaldo de reservas y sin un consecuente aumento de la producción de bienes y servicios.

Entre 2003 y 2011, la política económica se basó en dos superávit: el fiscal y el comercial, lo que garantizó liquidez y un auge del consumo, disimulándose las falencias estructurales de la economía. Esos dos superávit en términos reales ya no existen.

Desde 2005, se verifica un constante aumento en la emisión, al principio destinada a la compra de dólares para acumular reservas, y años más tarde hasta el día de hoy, para tapar agujeros fiscales. No hay diferencia sustancial en este punto entre la política de Mauricio Macri con la de su antecesora. La inflación de los dos primeros años del gobierno de Cambiemos es la misma de los dos últimos de Cristina Fernández-Kirchner: 40% y 25%.

En la cabeza de los actuales funcionarios, educados en el liberalismo monetarista, anida la idea de que a la inflación se la derrota bajando el gasto público hasta que no haya más deficit fiscal, y aplacando los salarios. Para su plan, es necesario que la economía se enfríe, y que la recesión y la caída del consumo bajen los precios.

Proponemos el paradigma opuesto: ampliar el mercado interno con más consumo, estimular el crecimiento del PBI, con ello aumentar la recaudación y disminuir así el peso específico del estado en la economía. Así los precios bajarían por aumento de la oferta de bienes y servicios.

Es indispensable una transparencia total en todos los gastos del Estado, y de las empresas públicas, fondos fiduciarios, sociedad de mayoría estatal y demás estamentos públicos, aunque no estén en el presupuesto nacional. Lo mismo debe extenderse a provincias y municipios. Es indispensable para ello que no haya funcionarios que a la vez sean representantes de grandes empresas o corporaciones. La total transparencia de los gastos públicos debe ser una de las principales políticas de Estado.

22. Reducción del IVA a alimentos: Se debe reducir en un 50% el IVA a los productos de la canasta básica alimentaria, lo que determinará una baja sustancial de sus precios, aliviando la situación de miles de familias argentinas.

23. Planes sociales: deben ser implementados por una ley del Congreso y no, como es en la actualidad, por un decreto. De esta forma, se les quita el carácter de instituto de emergencia, dejando de ser una dádiva del gobierno, para pasar a ser un derecho ciudadano relacionado con la pertinencia a la sociedad argentina. Asimismo, deben universalizarse, para no generar clientelismo, y evitar discriminar entre quienes lo necesitan y lo que no, lo que puede generar mayores costos que la universalización misma.

En el presupuesto, debe preverse su financiamiento y actualización, atando su fijación a la evolución de los haberes jubilatorios.

24. Protección a la familia como núcleo básico de educación de la persona, de transmisión de valores morales, y de realización personal de la misma, a través de la valorización del trabajo, la vivienda digna, la salud pública, la educación, la protección a la niñez y a la ancianidad, la igualdad de género y el respeto a la diversidad sexual. 

Desarrollar un programa de educación sexual con base en las familias y el Estado, teniendo a las ONGs especializadas y los diferentes cultos como sus auxiliares.

Trabajar en conjunto con el Poder Judicial, el Congreso y ONGs especializadas en la prevención y castigo de todo tipo de violencia de género, multiplicando los centros de denuncias y asistencia especificamente creados para las mujeres.

Enfocar esfuerzos contra la práctica clandestina de abortos, impulsando las modificaciones legislativas, administrativas y judiciales que sean necesarias.

25. Promoción del deporte como factor de integración social, y auxiliar de la salud y la educación, tanto en apoyo a los atletas de élite como a los deportistas de base, clubes, federaciones y demás entidades deportivas.

Relanzar los torneos juveniles Evita, multiplicar los campeonatos universitarios, interbarriales y regionales. Cuanto más deportistas haya, menos demanda tendrán los centros de salud pública.

26. Sindicatos y obras sociales: Promover la unidad, democratización y participación del movimiento obrero en el desarrollo de una política social activa que desarrolle y garantice: a) el poder de compra de los salarios y las jubilaciones; b) los recursos y la eficacia de las obras sociales; c) una más justa distribución de los ingresos; d) el compromiso con la gestión productiva y el aumento de la productividad y; e) la participación en las ganancias de los trabajadores establecidas en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional.

El Estado debe saldar de inmediato sus deudas con las obras sociales, originadas en la falta de remisión de fondos de programas especiales, lo que ha puesto a la mayoría de ellas en un estado financiero crítico

27. Impuesto a las Ganancias: tiene que elevarse el monto mínimo no imponible para los trabajadores, dejando sólo alcanzados por el impuesto a los salarios del personal de dirección de las empresas y sus equivalentes en el sector público.

Al comenzar el gobierno de Macri se anunció una medida que presuntamente cumplía con este punto, pero al observarse su aplicación práctica, se comprobó que se había aumentado el número de personas alcanzadas. Hay que dar marcha atrás con esa medida, y establecer una escala para que de verdad pague más el que tiene más.

28. Jubilaciones: tiene que modificarse la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios, que condenan a la miseria a más de tres millones de ancianos. La legislación debe prever un mecanismo por el cual en forma paulatina, los haberes se vayan aproximando al nivel de 82%, empezando por los de menor valor.

Hay que dar de baja la última reforma jubilatoria que le metió la mano en el bolsillo a millones de ancianos.

También hay que restituir a los abuelos sus derechos a acceder a los medicamentos, quitados por una perversa concepción que pretende mandar a la muerte a una masa de jubilados para mejorar la ecuación financier.

Asimismo, el ANSES tiene que dejar de ser utilizado como entidad financiera para sostener aventuras gubernamentales. Rechazamos el actual intento de reforma que favorecería manotear libremente sus fondos.

29. Salud y educación: Ambas están en un proceso de abandono, pese a los discursos oficiales en contrario. Deben implementarse planes coordinados entre la Nación y las provincias para garantizar mayor presupuesto, mejores salarios, mayor responsabilidad de los profesionales, capacitación constante y trabajo conjunto con ONGs. Debe promoverse un programa de educación para la salud, estimulando el autocuidado responsable, a fin de consumir menor cantidad de medicamentos, y requerir menos de la atención del hospital público.

En materia educativa, el Estado en sus tres niveles tiene que tender a que el 100% de la población complete sus estudios primarios y secundarios, y que todos los ciudadanos argentinos tengan la posibilidad de acceder –al menos- al aprendizaje de un oficio. Para esto último, debe trabajar conjuntamente con los sindicatos de cada rama de la producción.

Responder a la emergencia alimentaria, sanitaria y educativa que afecta a la niñez y a la juventud desamparada, como el eslabón más débil de la marginalidad y la exclusión social. Para ello hay que generar una política de tutela pública de asistencia integral con la creación de “Hogares Escuela” orientadas a la contención social y a la recuperación de la cultura del trabajo.

30. Lucha contra la droga: el Estado tiene los instrumentos legales necesarios para el combate contra la producción, comercio y consumo de drogas; tiene que tomar la decisión política de llevar el mismo hasta las últimas consecuencias tanto desde el punto de vista sanitario como desde el ámbito policial y judicial.

El actual gobierno muestra algunos logros en la materia, que aún soy insuficientes.

31. Salud mental y adicciones: Además de la lucha contra la droga, el Estado en forma coordinada entre sus tres niveles tiene que desarrollar programas preventivos y terapéuticos contra todas las demás adicciones, en especial alcoholismo, tabaquismo y obesidad, ya que son factores multiplicadores de enfermedades, que colapsan el sistema de salud.

También, a través del mismo debe darle rango prioritario a la salud mental, como forma de mejorar la calidad de vida de la población. En todos estos aspectos, el Estado no puede actuar solo; debe coordinar sus esfuerzos con entidades privadas y comunitarias de salud y educación, obras sociales, clubes y ONGs especializadas.

32. En todos los programas asistenciales que financie y ejecute el Estado, debe preverse siempre una contraprestación por parte del beneficiario. Años de clientelismo han consolidado la cultura de la dádiva, que es necesario sustituir por la cultura del trabajo. Esa contraprestación no debe convertirse en trabajo en negro encubierto para el Estado, sino en la obligación de los beneficiarios en capacitarse en el aprendizaje de oficios, o en completar la escolaridad obligatoria.

33. La difusión de la cultura nacional a través de sus distintas expresiones, tiene que tener prioridad en los planes educativos, y en la programación de los medios de comunicación del Estado, los que tienen que tener un carácter pluralista y ser administrados por ejecutivos designados por el Congreso. En la CABA, debe darse cumplimiento a la ley que incluye al tango en la educación.

34. Orientación de la política exterior: la Argentina tiene que propender a una amplia inserción argentina en el mundo, en especial a través del MERCOSUR y la Unión de Naciones Sudamericanas.

En los foros internacionales debe asumir un compromiso a favor de la democracia, la condena al terrorismo, la autodeterminación de los Estados nacionales y la paz, como principios fundamentales para la convivencia mundial. La Argentina además tiene que asumir relaciones maduras con los Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia e India, y aprovechar su participación en el G-20, para mejorar su imagen, ganando en confiabilidad. El Area Asia Pacífico, hay que considerarla entre las prioridades, dado su crecimiento, urbanización y demanda crecientes de alimentos.

Debe reclamar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur presentándose ante la Corte Internacional de La Haya, como ha hecho Bolivia con su reclamo de salida al mar.

Tiene que sostenerse la presencia argentina en la Antártida, como territorio de paz, desarrollo científico e integración mundial, reivindicando con nuestra presencia la soberanía argentina en dicho continente.

En los procesos de integración mundial, la Argentina debe promover las políticas de inclusión social en términos internacionales, con el objeto de garantizar un umbral de dignidad y consumo en la lucha contra la pobreza, haciendo que a escala planetaria la agenda social prime por sobre agenda financiera.

35. Creación de los Estados Unidos de América del Sur: En 1816, en San Miguel del Tucumán, se declaró la independencia de los Estados Unidos de América del Sur, un conjunto de lo que representan hoy la Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Proponemos que se avance en una unión aduanera y monetaria con esos tres países hermanos, avanzando hacia la plena libertad de tránsito de personas y mercadería dentro del territorio común. Unidos los tres PBI daría un total de U$S 1.191.933 millones.

Paralelamente, debe revitalizarse el MERCOSUR negociando un nuevo acuerdo global con Brasil, avanzando en la integración de nuestras economías y pactando un arancel exterior común, que proteja a nuestras industrias. En especial, fomentar una asociación estratégica respecto a la alimentación y combustibles alternativos.

La alianza estratégica con Brasil al este, debe ampliarse hacia el oeste con Chile como puente con las economías asiáticas del Pacifico, y como socio en la explotación de minerales, y al norte con México, postergado por la política xenófaba de Donald Trump, Integrar regionalmente a América Latina supone un compromiso de largo plazo para superar las asimetrías, crear una infraestructura acorde y buscar complementariedad exportadora.

Denunciar en los foros internacionales la contradicción que supone reclamar una apertura indiscriminada de las economías periféricas cuando, al mismo tiempo, se obstaculizan nuestras exportaciones con los subsidios al agro, los aranceles y trabas para-arancelarias. Promover establecer mecanismos de reciprocidad comercial abriendo las fronteras de manera justa y proporcionada.

35 Jerarquización de las Fuerzas Armadas. Debe mantenerse a las Fuerzas Armadas dotadas de los recursos materiales y humanos necesarios para defender la soberanía nacional, jerarquizando a sus cuadros moral y materialmente.

La dictadura militar nacida en 1976 terminó hace casi 30 años. Sus jerarcas están muertos o presos. El nunca más es una convicción hecha carne para siempre en el seno del pueblo argentino. Por ello, es que debe dejarse de lado toda retórica destinada a menoscabar por ese motivo a la institución militar y a sus actuales oficiales y suboficiales. Debe estimularse la plena integración de los militares a la vida ciudadana, sin revanchismos.

Como plan a largo plazo, reducir la presencia militar en Campo de Mayo, objetivo que ha perdido sentido estratégico en las últimas décadas, evaluando la posiblidad de un traslado masivo de recursos humanos y materiales a una base militar a erigirse en la Patagonia, en Cabo Raso, cerca de Comodoro Rivadavia. Allí se justificaría la existencia de la misma, dado que es la región más vulnerable del país, teniendo en cuenta sus recursos estratégicos, su posición geopolítica y su escasa población.

En el territorio que quede libre, construir en su lugar una ciudad satélite de Buenos Aires, manteniendo sus extensiones de espacios verdes.

36. Recursos estratégicos: sancionar regímenes generales que tiendan a preservar ferrocarriles, hidrocarburos, agua, energía eléctrica y minerales, evitando el saqueo y la mengua en la soberanía nacional.

Los dos últimos gobiernos nacionales y todos los provinciales son confiables aliados de las empresas mineras multinacionales. Ejemplo de ello es la Barrick Gold, la mayor compañía del mundo en la materia, que creó una zona de explotación a cielo abierto en donde el Estado no ejerce su soberanía, y en la que utiliza gran cantidad de agua de las cuencas argentinas por un precio vil, y sin control sobre las cantidades de oro extraídas ni la cantidad de cianuro utilizada para su lavado, que queda allí embalsada contaminando el medio ambiente. El veto presidencial de la Ley de Glaciares en 2008 protegió los intereses de la multinacional, poniendo en peligro la preservación de los glaciares, inmensas fuentes de reserva de agua.

Por ello, tiene que desarrollarse un plan integral coordinado de protección del medio ambiente, preservando los derechos ambientales, sin afectar la producción, el empleo, o la comercialización internacional de los productos argentinos.

Avanzar en la legislación protectora de animales, evitando su maltrato y la extinción de especies.

Similar situación se da con los hidrocarburos. El gobierno anterior creó ENARSA, una empresa vacía, que nada tiene en común con Petrobrás o PEMEX, sostenidos por sus estados como herramientas para defender el recurso estratégico del petróleo y sus derivados. Luego confiscó la participación accionaria de Repsol en YPF, haciendo creer que ello constituía la estatización de la empresa, dejando en pie la parte del grupo Eskenazi, afin a los Kirchner. Proponemos la estatización total de la empresa, sometiéndola a todos los controles de la ley de contabilidad del Estado, dentro de un nuevo regimen de empresas del Estado.

También la Argentina debe incrementar su desarrollo de combustibles alternativos como el bio-diesel aprovechando las ventajas competitivas con las que cuenta y promoviendo la investigación y la inversión en dicha área.

37. Empresas del Estado: crear un marco regulatorio general que incluya en los directorios a representantes de la oposición, de los gremios y de las asociaciones de consumidores, evitando el manejo discrecional de sus recursos por los gobiernos de turno. Los presidentes de las empresas tienen que ser designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Las empresas generadoras y transportadoras de energía eléctrica tienen que ser unificadas y estatizadas, desarrollando un plan integral para abastecer las necesidades de la población y de la actividad económica.

Progresivamente y gradualmente, todos los servicios públicos tienen que tener tarifas actualizadas, considerando a los subsidios como una excepción y no como regla.

38 Implementación de un plan nacional de obras públicas, elaborado conjuntamente con las provincias, que incluya construcción, ampliación y/o mejora de autopistas, puentes, gasoductos, aeropuertos, ferrocarriles, puertos, centrales eléctricas, red de telecomunicaciones, etc.

El programa tiene que ser sustentable a largo plazo, y ser diseñado para toda la extensión del territorio nacional. En su elaboración debe ponderarse dotar al país de la infraestructura necesaria, requerir gran cantidad de mano de obra y dinamizar las industrias relacionadas.

Un aspecto clave del mismo es la elaboración de un Plan Federal de Autopistas. Salvo el tramo Rosario-Córdoba, no se han construido nuevas vías de este tipo.

Otro aspecto importante es la implementación de un Plan Federal de Viviendas. La necesidad social del mismo es acuciante, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos, y resultará un estímulo eficaz para la industria de la construcción , madre a su vez de otras industrias.

39 La Argentina debe fortalecer su participación el Cairns Group, la virtual organización de paises exportadores de alimentos. Propender a que funcione al estilo de la OPEP respecto del petróleo, dado que los países que exportan alimentos son dueños de un recurso estratégico fundamental. Su revitalización dará presencia protagónica mundial a nuestro país, recuperando posiciones de vanguardia que tuvo entre 1880 y 1955.

40. Creación de un ente para el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) destinado a coordinar políticas sobre seguridad, medio ambiente, salud, educación y transporte. En él deben estar representados el Estado Nacional, la ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires con voz y voto en forma permanente, con funcionarios específicos de esas áreas. También tendrán voz los representantes de intendencias del GBA y comunas de la CABA que se vean afectadas por las políticas en cuestión.

En estos temas, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense constituyen una unidad, superponiéndose jurisdicciones y competencias de los tres niveles del Estado, por lo que es necesario un ámbito de discusión y decisión común, más allá de los colores partidarios de los respectivos gobiernos.

Paralelamente, deberá comenzarse a analizar –escuchando a todos los actores políticos involucrados- la posibilidad de constituir en el futuro, en los actuales territorios de la primera y tercera sección electoral, sendas provincias separadas y autónomas de la actual Provincia de Buenos Aires. La misma tiene un territorio vastísimo, con su población mal distribuida, y numerosos y graves problemas sociales en el conurbano bonaerense. La gestión se vería favorecida por la mayor proximidad entre el gobierno provincial y las necesidades de la población